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Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y otras 24 personas operaron una red de contrabando de combustible que evadió miles de millones de pesos. Estimó que el daño a la Hacienda Pública es de más de 4 mil millones de pesos.
En conferencia de prensa, la fiscal dio a conocer la desarticulación de la “más grande red de contrabando procedente de Estados Unidos y distribución ilegal de combustible en el país”.
Detalló que esta organización realizaba acciones de contrabando de hidrocarburo, introduciendo combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reportaba menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.
Asimismo, explicó que entre enero y julio de 2025, se detectó que la organización investigada habría realizado cuatro mil 238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en el estado de Tamaulipas, lo que permitió estimar un perjuicio a la Hacienda Pública de más de 4 mil millones de pesos, derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes.
Así operaba la red de huachicol
De acuerdo con Ernestina Godoy, esta organización “utilizaba carros tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones”, por lo que operaba mediante una empresa relacionada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por el exgobernador de Baja California, quien fue aprehendido este jueves en Ensenada, Baja California.
Explicó que, tras reconstruir la operación logística y financiera, se determinó que las empresas importaban desde refinerías de Texas el combustible, pero en México declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos distintos para evitar impuestos, y luego el combustible era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.
De acuerdo a la investigación, la red declaraba solo el 10% de la capacidad real de cada carro-tanque de ferrocarril. Reportaban alrededor de 10 mil litros cuando en realidad transportaban hasta 110 mil. Ese combustible ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en vías de conexión, llamadas espuelas ferroviarias, para su distribución ilegal.
En esos puntos, indicó la fiscal, sin contar con los permisos correspondientes de la autoridad reguladora del sector energético, el producto era descargado en pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas diferentes. Después, estas empresas se encargaban de vender y distribuir el combustible en distintas regiones del país.
Las investigaciones revelaron, además, un perjuicio millonario al fisco derivado de la declaración irregular de hidrocarburos y de la omisión en el pago de impuestos, ya que a partir del análisis de los cargamentos investigados, se determinó que aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades.
Asimismo, se identificó que la organización habría utilizado 162 carros-tanque de ferrocarril para omitir el pago de contribuciones federales. Tan solo por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, la evasión estimada asciende a 88 millones 511 mil 516 pesos. A ello se suman 18 millones 289 mil 304 pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, IVA. En conjunto, el posible daño causado a la Hacienda Pública por estos impuestos asciende a 106 millones 800 mil 821 pesos.
Triangulación de recursos
Las indagatorias también revelaron que la estructura dependía financieramente de recursos provenientes de una empresa que, posteriormente, los canalizaba hacia empresas extranjeras mediante transferencias internacionales. Estos movimientos configuran un esquema financiero con indicios de triangulación de recursos.
“La reconstrucción de este entramado requirió el análisis de cuentas bancarias, operaciones de cambio de divisas, transferencias internacionales, relaciones corporativas y movimientos financieros en distintas jurisdicciones. Este trabajo permitió establecer la conexión entre la operación logística del combustible y la estructura financiera utilizada para administrar y dispersar los beneficios económicos generados por la organización”, dijo Godoy.
