Sin acreditación… y con muchas preguntas
Por Eduardo Arredondo
La versión oficial llegó rápido, pero no necesariamente completa. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó lo que ya se intuía en pasillos: los funcionarios estadounidenses que murieron el pasado 19 de abril en la sierra de Guachochi no tenían acreditación formal para participar en actividades operativas en México.
Traducido al lenguaje ciudadano: no debían estar ahí… al menos no de esa manera.
El dato no es menor. Uno ingresó como visitante sin permiso para actividades remuneradas; el otro, con pasaporte diplomático. Ninguno, según la propia autoridad mexicana, con facultades para involucrarse en operativos en campo. Y sin embargo, estaban en una unidad oficial, junto a agentes estatales, regresando de una acción relacionada con un laboratorio clandestino.
Aquí es donde la historia deja de ser administrativa y se vuelve política.
Porque si el Gobierno de México —como afirma— no tenía conocimiento de la presencia de agentes extranjeros en tareas operativas, entonces alguien decidió brincar los protocolos. Y si alguien los brincó, la pregunta es simple: ¿quién dio la orden… o quién volteó la mirada?
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha sostenido que los estadounidenses participaban en una capacitación de drones. Una explicación que, lejos de cerrar el caso, abre más dudas: ¿desde cuándo una capacitación implica traslados en operativos reales? ¿y bajo qué marco legal se permite esa cercanía?
Pero el punto más delicado no está solo en la legalidad, sino en el hecho mismo que hoy sigue sin claridad total: el accidente.
Porque aunque oficialmente se habla de un percance carretero, en los hechos persiste una sensación incómoda. No hay todavía una narrativa sólida, contundente, que elimine cualquier sospecha. Y en un contexto como el de Chihuahua —donde la violencia, los operativos y los intereses cruzados son parte del día a día— las versiones a medias suelen pesar más que los comunicados.
La propia SSPC recordó algo que debería ser inamovible: la ley mexicana no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del país. La cooperación, sí; la intervención directa, no. Es un principio de soberanía, pero también de control institucional.
Entonces, ¿qué pasó en Guachochi?
Cuatro personas murieron. Dos eran agentes mexicanos. Dos, funcionarios de Estados Unidos. Ninguno de los extranjeros, según el propio gobierno, debía estar operando. Y aun así, estaban ahí.
Hoy, más que respuestas, hay líneas abiertas.
Porque cuando los hechos no cuadran, las dudas no se disipan con comunicados. Se disipan con verdad.
