-Ordenan Aplicar Protocolo de Estambul a Juez Extorsionado por Myriam.
-Visita de Senadores a Juárez por Crisis Migratoria.
-Que Edibray Gomes y Sandra Gutiérrez tarde que temprano terminaran en San Guillermo.
-Altos mandos de fiscalía en el escándalo de la ejecución de Siria.
Luego de que se presentara una denuncia penal en contra de la ahora reelecta presidenta del Consejo de la Judicatura, Myriam Hernández Acosta, la Fiscalía General del Estado ordenó aplicar el Protocolo de Estambul al juez que la denunció por los delitos de tortura psicológica, extorsión y amenazas, como parte de un esquema corrupto de ofrecer no perseguirlo en caso de que decidiera dejar su cargo.
Se recordará que la Magistrada Presidenta, el mismo día en que se ventiló en medios locales y nacionales la noticia, inmediatamente declaró que se trataría del Juez Samuel Mendoza y que de confirmarse, procedería en su contra por difamación y falsedad, tanto a título personal y con todo el poder de la Presidencia del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pero al revelarse el audio con la generosa oferta que le hizo al jurista, una nueva reflexión sobre el tema le hizo comprender a la Magistrada que calladita se ve más bonita, máxime ahora que la Fiscalía está ordenando realizarle el Protocolo de Estambul al denunciante, como víctima de violencia con motivo de su trabajo y tortura psicológica.
La situación se complica porque la propia Dirección de Derechos Humanos interna del Poder Judicial, ordenó la práctica de periciales psicológicas a la víctima y concluyó que si hay afectaciones psicológicas y recomendó a la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que impusiera órdenes de protección en contra de la Presidenta Myriam Hernández Acosta y a favor de la víctima de sus actos de violencia, amenazas y extorsión, recomendación que fue aceptada por la unidad investigadora, a favor del juez extorsionado, amenazado y torturado.
Será interesante la composición del Congreso del Estado luego de las elecciones del 2024, en el proceso de desafuero de la Magistrada presidenta, para que haga frente a este grave caso de extorsión a un Juez, por la propia presidenta del Consejo de la Judicatura.
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El próximo viernes 13 de octubre del 2023, los senadores integrantes del grupo de trabajo plural de seguimiento a los hechos ocurridos el 27 de marzo del 2023 en Ciudad Juárez, Rafael Espino de la Peña, Kenia López Rabadán, Beatriz Paredes Rangel, Verónica Delgadillo García, Martha Cecilia Márquez Alvarado, Gabriela Benavides Cobos, Antonio García Conejo y Emilio Álvarez Icaza, realizarán una visita a Ciudad Juárez donde se reunirán a las 9:30 con el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, darán una conferencia de prensa conjunta a las 10:15 y luego realizarán una visita a la estación migratoria Lerdo-Stanton donde sucedió la tragedia, después se reunirán con organismos de la sociedad civil y finalmente visitarán albergues para migrantes.
Cabe destacar que luego de la tragedia del 27 de marzo, dos días después, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República aprobó un exhorto a todas las autoridades federales involucradas en la tragedia, desde el Instituto Nacional de Migración y hasta la fiscalía general de la República, para asegurarse que se investiguen los hechos hasta sus últimas consecuencias, se tomen acciones correctivas, se deslinden responsabilidades, no exista impunidad y se indemnice a las víctimas.
Además, bajo el liderazgo del Senador por Chihuahua, Rafael Espino de la Peña, la JUCOPO autorizó la creación de un grupo de trabajo pluripartidista para dar seguimiento al caso, el cual se solicitó el 29 de marzo y se aprobó el 25 de abril, quedando integrado por ocho senadores, con el Senador por Chihuahua, Rafael Espino de la Peña, como Presidente.
Lo más importante es que se exhortó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que atienda de inmediato a las víctimas directas e indirectas del incendio en cita y las inscriba de manera urgente en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), garantizando que los familiares de las víctimas puedan trasladarse al país para los trámites necesarios; el traslado de los cuerpos a sus lugares de origen, en su caso; la atención psicológica, médica, jurídica que sea necesaria; así como la reparación integral del daño”.
Los esfuerzos del grupo parlamentario presidido por Espino de la Peña rindieron fruto y el 10 de julio, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) autorizó 3.5 millones de pesos para cada una de las víctimas fallecidas, lo que equivale a 140 millones de pesos, monto que fue etiquetado para tal efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mientras tanto, la Secretaría de Gobernación, al frente de Luisa María Alcalde Luján, ha brindado atención médica, hospitalario, traslados, alojamiento, ropa y apoyo para telecomunicación, a los afectados, incluyendo a los lesionados y sus familiares.
También en cuanto al combate a la negligencia, ha habido importantes avances, ya que han sido vinculados a proceso los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez; Antonio Molina Díaz; Salvador González Guerrero; Juan Carlos Meza Cumplido; Eduardo Apodaca Magallanes; Daniel Garay Yosioka; Rodolfo Collazo de la Torre, y Gloria Liliana Ramos García. También se vinculó a proceso a los dos migrantes venezolanos que presuntamente iniciaron el incendio, además de que se investiga la responsabilidad en que pudieran haber incurrido los guardias de seguridad privada de la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA SA DE CV de nombre comercial Grupo Tank Seguridad Privada Profesional, Omar Indalecio Pérez Martínez, Alan Omar Pascual Ventura, Abel Gerardo Huerta Velázquez, Angélica Hinojosa Chávez y Edgar Hernández Castañón.
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En los pasillos de gobierno del estado aseguran que los secretarios de Educación Sandra Gutiérrez y el de Turismo Edibray Gomes serán inmolados en nombre de la política anti corrupción que tanto ha pregonado la Gobernadora María Eugenia Campos Galván.
Hace tres o cuatro meses, todos los funcionarios de gobierno le echaban la culpa al super secretario jefe de gabinete Luis Serrato Castel por toda la corrupción que había, sobre todo por el cobro de los moches para dar contratos. Pero, se fue Serrato, y la corrupción no solo continua sino a crecido y es mas escandalosa y descarada que antes.
El tema de los libros, podría ser el fraude del sexenio, o a lo mejor se lo gana la Torre Centinela. Pero, el primer círculo de la gobernadora ya les hizo el feo a los secretarios Gomes y Gutiérrez y como si estuvieran contagiados con lepra, los empiezan a aislar. Igual, si no cae uno o los dos secretarios la lumbre subirá más arriba y alguien tendrá que pagar los platos rotos.
Edibray Gomes no solo está metido en el escándalo de los libros, también le medio mano al recurso que se maneja para la promoción turística de Chihuahua, y a través de su director Julio Chávez, como magos profesionales, ya desaparecieron varios millones de pesos que se supone serian invertidos para fomentar la actividad turística principalmente en la sierra.
Que el Fiscal General del Estado de Chihuahua Cesar Jauregui, tiene en su escritorio toda la información referente a la ejecución de Siria, y mientras que en su momento emitió un comunicado informado que se había tratado de una confusión de pare de los sicarios, todo quedo mas claro que el sol.
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La información que ya de confidencial no tiene absolutamente nada, detalla que fue uno de los jefes de escoltas de la misma Gobernadora Maru Campos, quien intervino para que dejaran en libertad a la jovencita hija de otro jefe de escoltas a la que detuvieron en términos de la flagrancia y quien acompañaba a uno de los presuntos asesinos de la joven universitaria.
Así que los nombres ya todo mundo los conoce, radio pasillo de la fiscalía y del gobierno se encargaron de dar los pormenores de todo lo ocurrido. Que no los quieran dar a conocer de manera oficial y si quieren seguir siendo cómplices de los hechos, la verdad saldrá a relucir en unas semanas.
