En su intervención durante la sesión permanente virtual en el congreso del Estado, la diputada Norma Patricia ortiz, dio a conocer que muchas de las personas que manejan en estado de ebriedad y ocasionan un accidente vial, solo tienen una consecuencia administrativa y económica, cuando conllevan pérdidas económicas y hasta humanas, donde las familias se ven afectadas por la negligencia de los conductores.
El conducir en estado de ebriedad o en estado de intoxicación, no solo significa la pérdida de licencias, detención por hasta 36 horas, servicio a la comunidad o programas de control de adicciones. Conducir en estado de ebriedad o en estado de intoxicación, puede llegar a significar la muerte de personas inocentes, dejando incompleta a una familia,dijo la diputada del PAN.
“Hechos como el ocurrido el pasado 30 de mayo, en el que una mujer en evidente estado de ebriedad, al invadir un carril impacta su camioneta contra un vehículo compacto que brindaba servicio de Uber, ocasionando la muerte del conductor, así como de su tripulante”.
Anuncio Norma Patricia, que es tiempo de crear conciencia, si bien, el incremento de la pena no es un factor determinante para la disminución de los delitos, y por más medidas preventivas que se tomen, la mentalidad de muchas personas seguirá siendo la misma. Por eso es importante dar reforma para que esto tenga la sanción debida.
Parte de esta reforma es que a los detenidos se les deberá hacer el examen de alcoholemia o de drogas, antes de darle la asistencia médica, dependiendo del accidente y lesiones.
Ninguna persona podrá conducir, manejar o maniobrar vehículos con una cantidad de alcohol en aire expirado superior a los .050 miligramos por litro; los conductores del transporte público deberán conducir, manejar o maniobrar vehículos, libres de cualquier cantidad de alcohol.
También la reforma resalta, cuando la persona conduzca en tercer grado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares y cometa homicidio, la pena a imponer será de dos a ocho años de prisión, propuso Norma Patricia Ortiz.
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