MÁS ARGUMENTOS Y MENOS PRISIÓN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, discutirá el próximo 5 de septiembre, dos proyectos de sentencia, con los cuáles se pretende desechar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa y establecerla únicamente como prisión preventiva justificada, dejando en manos de los jueces la aplicación para cada caso en especial.
Esto no constituye, bajo ninguna circunstancia que las personas que sean señaladas por el Ministerio Público como presuntos responsables de participar en la comisión de un delito de alto impacto, puedan alcanzar su libertad de manera automática, sino que estarán sujetos a que la autoridad ministerial, fundamenta con datos suficientes e idóneos, la necesidad de mantener en prisión preventiva a la persona, para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia, represente un peligro para las víctimas, la sociedad, o para las personas que tienen la calidad de testigos.
El Código Nacional de procedimientos penales, establece 14 medidas cautelares para garantizar la presencia del imputado cuantas veces sea requerido por la autoridad para la realización de alguna diligencia o acto procesal.
Se inicia desde la simple manifestación de acudir cuantas veces sea requerido, proporcionando sus datos generales, tomándose en cuenta el arraigo que tenga en el área de jurisdicción, su trabajo, su familia, sus bienes, y hasta si tiene visa para salir al extranjero, si debe dejar una garantía económica, la prohibición de no tener ningún tipo de contacto con la víctima y los testigos, teniendo que firmar ante la autoridad de forma periódica, siendo la prisión preventiva la última y más gravosa, la que se debe aplicar únicamente en casos excepcionales.
En Chihuahua, durante la administración de Javier Corral, en los llamados expedientes X, el factor común fue la prisión preventiva oficiosa justificada, aplicada por los jueces de control de manera rigorista, lo que hacía suponer presiones al tribunal para imponerla; en la totalidad de los casos, estas medidas de prisión preventiva, fueron cambiadas por otras menos gravosas, por órdenes de los tribunales federales.
El presidente de la República, mediante un comunicado, se manifestó en contra de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, señalando que dejar en manos de los jueces, la decisión de aplicarla, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndose a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura.
Lo cierto es que los jueces aplican esta medida en base a lo que se expone por parte del Ministerio Público, tomando en cuenta también los argumentos de la defensa, durante una audiencia pública y videograbada, que puede ser apelada y sujeta a revisión de magistrados locales y tribunales federales, que eventualmente pueden ordenar el cambio de esta medida.
Cuando el presidente menciona que esta eliminación generará corrupción e impunidad, seguramente no se refiere a la ex secretaria de educación Delfina Gómez, quien en su paso por la alcaldía de Texcoco, retenía el 10% del salario quincenal, a más de 500 trabajadores municipales, canalizando este recurso a su partido MORENA, siendo que corrupción, en tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, si ameritan prisión preventiva oficiosa.
Ojalá y esta eventual eliminación, permita que la fiscalía de Chihuahua, canalice los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para fortalecer la figura de los Ministerio Públicos, que como ha sido la tónica de las últimas administraciones, representan la parte más olvidada de todo el esquema de procuración de justicia.
FISCALÍA Y TRIBUNAL, COINCIDENCIA EN EL FONDO, PERO NO EN LAS FORMAS
En el programa los Editorialistas, la maestra Alejandra Ramos Durán, juez de control del distrito judicial Morelos y el maestro Carlos Mario Jiménez Holguín, fiscal zona centro, coincidieron en la necesidad urgente de fortalecer las instituciones, mediante acciones conjuntas orientadas a mejorar los mecanismos procesales que permitan entender la realidad de cada situación y no centrarse únicamente en la subjetividad del hecho, ante supuestos donde se advierta que integrantes de la delincuencia organizada reclamen acciones que no les corresponden.
Las políticas públicas orientadas a fortalecer y mejorar no solamente la infraestructura material, sino también la capacitación a las personas que las operan, fueron otro de los aspectos que se trataron.
ABOGADO INTEGRANTE DE LA FECHCA Y DE LA AECHIH
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Lic. Ernesto Avilés Mercado
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Lic. Ernesto Avilés Mercado
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Lic. Ernesto Avilés Mercado
