La columna
POR CARLOS JARAMILLO VELA
· PRI: debe rechazar la contrarreforma eléctrica y reivindicarse con México.
La contrarreforma energética que está planteando el presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado considerable polémica, porque carece de sustento lógico. A decir de muchos se encuentra solo basada en criterios de carácter ideológico. No son pocas las voces autorizadas que opinan las consecuencias económicas, jurídicas y políticas que la extraña iniciativa presidencial acarrearía al país, de llegar a concretarse. Entre los señalamientos y críticas que se le hacen al plan del presidente, se encuentran los relacionados con la monopolización estatal de la industria eléctrica, la violación a los tratados internacionales de los que México es parte, así como lo la contaminación ambiental, y las trabas al desarrollo tecnológico, la libre competencia y la inversión privada, que causaría la citada contrarreforma.
No carecen de razón y fundamento quienes se oponen a los designios del presidente, pues es una verdad innegable que el Estado mexicano, por sí solo y sin el acompañamiento del sector privado, sería incapaz de satisfacer las necesidades de energía eléctrica y la calidad en el servicio que el país demandará en los próximos años; esto es así debido a que tanto desde el punto de vista de la infraestructura existente, así como tomando en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, al aparato gubernamental mexicano le sería prácticamente imposible desarrollar un sistema de suministro de energía eléctrica competitivo y moderno. Además, el proyecto energético lopezobradorista se inclina a la generación de energías de las llamadas “sucias”, es decir, a la producción de energía eléctrica a base de combustibles fósiles –altamente contaminantes y dañinos al ambiente-, prescindiendo de los modernos sistemas de generación que se conocen como energías “limpias”. A los nuevos sistemas se les denomina “limpios” debido a que para la producción de energía eléctrica se emplean fuentes naturales, como la energía solar, la energía eólica o la energía hidráulica. Esto significa que el gobierno del presidente López Obrador pretende generar energía eléctrica a un alto costo, tanto económico como en materia de contaminación ambiental.
En el renglón jurídico, resulta evidente el cúmulo de litigios que provocaría la eventual realización del proyecto del presidente López Obrador. Es decir, el incumplimiento en el que incurriría con la citada contrarreforma el Estado mexicano, respecto a sus compromisos de carácter internacional, conllevaría la presentación de una serie de demandas en tribunales dentro y fuera del país. En la actualidad ya existen procesos instaurados ante el Poder Judicial mexicano, a raíz de las demandas de amparo promovidas por las empresas y personas a las que la política energética del presidente ha afectado, al haberles rescindido en forma ilícita e injusta contratos vigentes, mismos que fueron formalizados entre aquéllas y nuestro país con anterioridad a la entrada en funciones del actual gobierno.
Por lo que concierne al rubro económico tampoco resulta viable la propuesta del presidente, ya que todos los expertos coinciden en señalar el encarecimiento que implicaría para México, y para los consumidores mismos, la producción de energía eléctrica bajo el esquema que el mandatario pretende imponer. La explicación de tal encarecimiento consiste en que el uso de combustibles fósiles y de tecnologías obsoletas implica la elevación de los costos de producción; además, el ejercicio monopólico de la producción de energía eléctrica que pretende implantar el presidente, constituye un desaliento a la inversión privada nacional y extranjera, así como un obstáculo la competitividad, lo cual obstaculizaría la existencia de un mercado de libre competencia energética en México, e impediría la disminución de los precios de la energía eléctrica. Esto repercutiría en el consumidor final, quien tendría que pagar la ineficiencia del Estado mexicano; es decir, las empresas y los ciudadanos pagaríamos un servicio caro e ineficiente.
Morena, el partido del presidente, no tiene en el poder legislativo los votos suficientes para sacar adelante, por sí mismo, dicha reforma. Ante la categórica oposición del PAN y el PRD al plan del presidente, el PRI es el único partido con suficientes votos legislativos que podría respaldarla para que se aprobara. Por ello, el mandatario ha comenzado a presionar al PRI instándolo a que apoye su reforma. Tal arenga ha suscitado división al interior de las filas tricolores, pues si bien, es cierto que al parecer en las cúpulas del priismo algunos dirigentes comulgan con las pretensiones de López Obrador, igual de cierto resulta que una gran cantidad de priistas se oponen a la imposición de dicha reforma, debido a los evidentes perjuicios que ésta le ocasionaría al país. El PRI no debe votar a favor de la controversial contrarreforma, si se abstiene de apoyar tal proyecto, tiene la gran oportunidad de reivindicarse con el pueblo mexicano.
