LA NACION
WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su par venezolano Nicolás Maduro ha ofrecido “de todo” para evitar un conflicto abierto, y confirmó que sus fuerzas en el Caribe atacaron otra embarcación, esta vez un submarino “cargado de droga”.
En este ataque podría haber supervivientes, según reportes de prensa, una posibilidad que el secretario de Estado, Marco Rubio, no quiso confirmar.
La Casa Blanca informó al Congreso norteamericano que los ataques fueron parte de una guerra contra el narcoterrorismo, lo que plantea la posibilidad de que los sobrevivientes del ataque sean tomados como los primeros prisioneros de guerra de esa campaña.
Trump confirmó el ataque, aunque sin dar detalles.
“Atacamos un submarino, y era un submarino que transportaba drogas construido específicamente para el transporte de grandes cantidades de drogas”, dijo Trump cuando recibía a su par ucraniano, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca.
En la misma conferencia de prensa, al ser consultado por un reportero sobre un informe de que Maduro había ofrecido “todo”, incluidos los recursos naturales del país, para asegurar un acuerdo con Estados Unidos, Trump dijo: “Lo ha ofrecido todo. Tiene razón. ¿Sabes por qué? Porque no quiere joder con Estados Unidos”.
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio no negó que hubiera sobrevivientes, pero dijo repetidamente que los detalles se darán a conocer más adelante.
Antes de la operación del jueves, ataques militares estadounidenses contra presuntos narcotraficantes frente a Venezuela causaron la muerte de al menos 27 personas, lo que generó alarma entre algunos expertos legales y legisladores demócratas, quienes cuestionan si la actual administración se apega cumple con las leyes de guerra. Trump, por su parte, argumenta que Estados Unidos se encuentra en guerra con grupos narcoterroristas de Venezuela, lo que legitima los ataques.
Dilema norteamericano
Por el momento, la Marina está reteniendo a las dos personas a bordo de un buque de guerra en aguas internacionales, lo que marca la primera vez que el Ejército norteamericano se encuentra con detenidos por la campaña de seis semanas de Trump de atacar a presuntos traficantes de drogas como si fueran combatientes de guerra.
La Casa Blanca enfrenta ahora un dilema sobre si liberar a las dos personas, declarar que puede retenerlas como detenidos de guerra de manera indefinida, o entregarlas a las autoridades civiles para su procesamiento —un conjunto importante y complicado de nuevos problemas legales y de política que podría someter a escrutinio judicial la base legalmente controvertida de su campaña militar en desarrollo-.
Por ahora, dijo Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado y especialista en las leyes de los conflictos armados, el gobierno tendrá que lidiar con cuánto tiempo se pueden mantener a los prisioneros a bordo del buque de la Marina antes de que deban ser transferidos a otro lugar. Señaló que el Pentágono tiende a estar institucionalmente en contra de los inconvenientes que implican las operaciones con detenidos.
Dos opciones para una resolución rápida serían simplemente liberar a ambos o transferirlos a la custodia del gobierno de otro país.
Pero si la administración desea continuar reteniéndolos, eso plantearía la cuestión de cómo hacerlo. Si los mantiene bajo custodia militar continuada, podría trasladar a los dos detenidos a la prisión estadounidense en la base naval de Guantánamo, Cuba.
Pero eso conlleva riesgos legales más amplios. Para justificar legalmente el cambio de enfoque de su administración, de que la Guardia Costera interceptara y registrara embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas a atacarlas y matar sumariamente a las personas a bordo, Trump ha informado al Congreso norteamericano que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” formal con los cárteles de droga que su equipo ha calificado como organizaciones terroristas y que los presuntos traficantes de estas agrupaciones son “combatientes ilegales”.
Un amplio grupo de especialistas en derecho nacional e internacional sobre el uso de la fuerza ha cuestionado la legitimidad de esa afirmación. El Congreso no ha autorizado un conflicto armado, y la administración no ha explicado cómo el tráfico de un producto ilícito de consumo cuenta como un uso de la fuerza armada que podría desencadenar un estado legal de guerra.
Hasta la fecha, no ha habido una base para que los tribunales federales evalúen si la administración o sus críticos tienen razón. Eso podría cambiar si la administración Trump traslada a las personas a Guantánamo.
Ahora bien, cualquier fallo judicial que determine que en realidad no existe un conflicto armado no solo significaría que el Ejército de Estados Unidos tendría que liberar a los sobrevivientes, sino que también socavaría el argumento de la administración de que toda su reciente serie de ejecuciones sumarias de presuntos traficantes de drogas fue legal.
Finucane también señaló que mantener a los dos detenidos como prisioneros de guerra implicaría permitir el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja, tanto por ley nacional como internacional.
Como alternativa, la administración podría transferir a los detenidos a las autoridades civiles para un eventual procesamiento.
Pero no está claro si existe evidencia admisible en tribunales de que los sobrevivientes del ataque hayan cometido algún delito. Incluso si su embarcación transportaba drogas, la evidencia pudo haber sido destruida durante el ataque.
Presión en el Caribe
Videos presentados por el gobierno norteamericano de ataques anteriores muestran embarcaciones completamente destruidas, y no hay registros previos de sobrevivientes. El ataque del jueves no fue confirmado por la administración norteamericana, que tampoco se pronunció respecto a la cantidad de víctimas fatales. No obstante, dos funcionarios estadounidenses confirmaron a la agencia AP que el Ejército había llevado a cabo un sexto ataque mortal en el Caribe.
Los ataques se producen en un contexto de aumento de tropas norteamericanas en el Caribe, que incluye destructores con misiles guiados estadounidenses, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y alrededor de 6500 soldados, mientras Trump intensifica el enfrentamiento con el gobierno venezolano.
El miércoles, Trump reveló que había autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, lo que avivó las especulaciones en Caracas de que Estados Unidos intenta derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
El almirante estadounidense Alvin Holsey, responsable de supervisar los ataques de Estados Unidos contra supuestas lanchas del narcotráfico en el Caribe, anunció el jueves que se retirará tras apenas un año en el cargo.
Holsey dejará el cargo de jefe del Comando Sur, una unidad responsable de las fuerzas que operan en América Central y del Sur.
En paralelo, un exfuncionario del gobierno de Trump dijo que funcionarios del gobierno venezolano propusieron un plan en el que Maduro dejaría el cargo a mediano plazo, en un intento por aliviar la presión sobre Caracas.
La propuesta, que fue rechazada por la Casa Blanca, plantea que Maduro renuncie al poder en tres años y entregue la autoridad a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien completaría el actual mandato de seis años de Maduro -el cual se extiende hasta enero de 2031-, según el funcionario, que fue informado sobre el plan pero no está autorizado para comentar públicamente sobre el asunto y habló bajo condición de anonimato.
Rodríguez, por su parte, dijo que el supuesto plan para que Maduro renuncie es una noticia falsa y señaló que el liderazgo de Venezuela se encuentra unido.
“¡Falso!”, escribió Rodríguez en inglés en su cuenta de Telegram. “Más medios que se suman al basurero de la guerra psicológica contra el pueblo venezolano”.
Venezuela redobla la apuesta
En respuesta a las declaraciones de Trump, Venezuela reforzó el jueves su presencia militar en estados fronterizos con Colombia. Anteriormente desplegó tropas en zonas costeras y empezó a entrenar a civiles en el manejo de armas. Las autoridades locales de los estados Táchira y Amazonas anunciaron despliegues el jueves con patrullajes y procedimientos de control en pasos fronterizos con Colombia.
Venezuela también mantiene despliegues en zonas costeras, como Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro, estados cercanos a Trinidad y Tobago.
Además, el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, condenó el jueves el reciente ataque norteamericano calificándolo como “un nuevo conjunto de ejecuciones extrajudiciales”.
Moncada instó al Consejo de Seguridad de la ONU a investigar lo que llamó una “serie de asesinatos”, señalando que se han producido cinco ataques letales y 27 muertes reportadas desde que comenzaron los ataques en el Caribe en septiembre.
Agencias AP, AFP y Reuters y diario The New York Times
