Pide Isela Martínez a la Delegación de Bienestar la reinstalación de 60 empleados despedidos injustificadamente
– La Diputada señaló que estas acciones obedecen a las divisiones internas de MORENA y afectan directamente a familias chihuahuenses.
– El Gobierno de MORENA solo busca su beneficio político y el de sus simpatizantes, mientras habla del “bienestar del pueblo”.
Chihuahua, Chih.- La diputada Isela Martínez Díaz presentó un punto de acuerdo para solicitar respetuosamente al Gobierno Federal que la Secretaría de Bienestar tenga a bien reinstalar en sus puestos o indemnizar correctamente a las y los trabajadores que fueron despedidos injustificadamente, quienes laboraban en las oficinas regionales de Bienestar de la ciudad de Chihuahua.
El pasado 30 de junio del año en curso alrededor de 60 trabajadores de la Delegación Regional de Chihuahua, perteneciente a la Secretaría del Bienestar, fueron despedidos vía telefónica sin justificación alguna y solo se les dijo que se trataba de una orden de la secretaria Ariadna Montiel. Estas acciones se dieron luego de que Marcelino Gómez Brenes renunciara a su puesto como Delegado Regional para sumarse, de forma anticipada y fuera de los plazos legales, a la precampaña de una de las Corcholatas rumbo a las elecciones del 2024.
Esta serie de despidos injustificados dejó sin trabajo y sin sustento a familias de Aquiles Serdán, Aldama y Chihuahua capital. Las y los funcionarios públicos que fueron despedidos ya contaban con experiencia y estaban totalmente capacitados para desempeñar las labores que les habían sido designadas. Sin embargo, nada de lo señalado anteriormente fue tomado en cuenta y hasta el momento ni el delegado de Bienestar Juan Carlos Loera, ni cualquier otra autoridad, les ha dado una respuesta a sus peticiones de reinstalación o una indemnización como la ley lo señala.
Isela Martínez expresó que no es una novedad, la poca o nula preocupación que tienen los gobiernos de MORENA por el bienestar de la ciudadanía chihuahuense y que estos despidos responden a una persecución política por parte de Ariadna Montiel, así como a las divisiones internas de ese partido. Sin embargo, se afecta directamente a mujeres cabeza de familia, que dependen de este ingreso para sacar adelante a sus hijas e hijos.
