La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, reformó el artículo Noveno Transitorio de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, con la finalidad de señalar el día 15 de febrero del año siguiente al de la presentación de las Cuentas Públicas de los ejercicio fiscales 2019 y 2020, como fecha límite para que la Auditoría Superior del Estado entregue al Poder Legislativo los informes individuales de dichas cuentas.
Lo anterior, toda vez que debido a las medidas sanitarias anunciadas e implementadas por las autoridades competentes, la Auditoría Superior del Estado, efectuó diversas acciones para prevenir riesgos de contagio ante la contingencia sanitaria que se presenta.
La diputada Carmen Rocío González Alonso, secretaria de la Comisión de Fiscalización del Poder Legislativo, señaló que en días pasados en reunión con el Auditor Superior, éste mencionó la dificultad de tener acceso a la documentación de los entes fiscalizables, acto indispensable para realizar los trabajos de fiscalización, ello debido a que, un sin número de ellos disminuyó las actividades y personal, en el mejor de los casos, en otros sencillamente solo contaban con personal que atendiera los servicios públicos más indispensables, lo que sin duda trastocó la planeación de los trabajos de fiscalización que se habían programado la debida anticipación.
Aunado a lo anterior, señaló que diverso personal que labora en el ente público dio positivo al COVID-19, aspecto que resulta por demás importante pues se trató de cuidar y asegurar la integridad física y la propia vida del personal del Órgano Técnico, lo que trajo consigo la reprogramación de los trabajos a desarrollar, agregó la Legisladora.
Es por lo antes señalado que la Comisión de Fiscalización, presentó el dictamen ante el Pleno Legislativo, a fin de realizar las adecuaciones al transitorio de la Ley en mención, y por ende, brindar la ampliación del plazo para la entrega de los informes individuales y general de las auditorías practicadas al ejercicio fiscal del 2019, máxime que a la fecha fueron presentados ante la Comisión un universo de 61 informes individuales, por lo que la comisión cuenta con información necesaria para avanzar con los trabajos de fiscalización de la cuenta pública del 2019; culminó González Alonso.
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-En relación a la presentación de la cuenta pública por parte de los municipios de Chihuahua y Juárez
El Congreso del Estado, reformó el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua, con la finalidad de que la cuenta pública de los municipios de Chihuahua t Ciudad Juárez, sea entregada a más tardar el último día del mes de febrero.
La diputada Carmen Rocío González Alonso, integrante de la Comisión de Fiscalización, presentó el dictamen referido, ante el Pleno para su votación; quien señaló que el artículo 13 señala que la Cuenta Pública será presentada a la Auditoría Superior por quien ocupe la titularidad de la Presidencia Municipal o por la persona titular de la dependencia encargada de las finanzas públicas, a más tardar el último día del mes de enero del año siguiente, y se agregó que, en el caso de los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez, será a más tardar el último día del mes de febrero.
Agregó que, en el caso de los municipios referidos, la información que deben integrar a su cuenta pública es sumamente extensa, ello en razón a los importes de los recursos que ejercen y el número de operaciones, movimientos y registros contables, mismos que aún al 31 de diciembre del año que corresponde, se siguen realizando, lo que sin duda dificulta poder concentrar la información a tiempo en tan solo 31 días.
Es por ello que se otorgó el tiempo necesario para hacer entrega de los informes financieros correspondientes, únicamente para los entes citados.
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– De los entes fiscalizables: Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Ahumada y Nuevo Casas Grandes
En Sesión Ordinaria realizada mediante acceso remoto o virtual, integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, aprobaron los estados financieros del ejercicio fiscal 2018, de la Universidad Autónoma de Chihuahua y los municipios de Ahumada y Nuevo Casas Grandes.
Los dictámenes fueron presentados por la diputada Rocio Sarmiento Rufino y el diputado Miguel Ángel Colunga Martínez, ambos integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso.
En relación a las cuentas públicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de Nuevo Casas Grandes, no se determinaron observaciones en la recaudación, manejo y aplicación de los recursos públicos que puedan generar responsabilidad derivada de un daño patrimonial, ello, atendiendo al alcance de la auditoría practicada y del Informe Técnico de Resultados.
Por lo que respecta al municipio de Ahumada, se instruyó a la Auditoría Superior del Estado, para que presente la denuncia ante la instancia correspondiente, a fin de que se determine la responsabilidad administrativa en contra de los funcionarios municipales que hayan participado en las operaciones detalladas en el Decreto.
Lo anterior, dado a que se determinaron varias observaciones, entre las cuales están, el cobro de cuentas de impuestos prediales, sin las facultades de ley necesarias; terrenos enajenados a particulares, sin solicitud de denuncio; terrenos enajenados sin autorización, ni justificación de venta por parte del ayuntamiento; la no realización del entero de las retenciones del impuesto sobre la renta ante el servicio de administración tributaria, así como pagos realizados que no cuentan con la documentación comprobatoria por diferentes cantidades; así como erogaciones sin que estén presentes los comprobantes del gasto; entre otras anomalías más.
Cabe mencionar que en el caso de Ahumada, el artículo 34 de la Ley de Auditoría Superior, otorgó al titular del ente auditado un plazo de quince días hábiles a efecto de que llevara a cabo la contestación de las observaciones determinadas y remitiera al Órgano Técnico la documentación conveniente para solventarlas; el ente envió las aclaraciones oportunas y el soporte documental que consideró necesario, sin embargo, éstas no quedaron debidamente solventadas.
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Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, reformaron y derogaron diversas disposiciones del artículo 791 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, referente a los requisitos para ingresar como personas trabajadoras del sistema escolar del Estado en cualquiera de las categorías de los tipos de educación.
El diputado Miguel La Torre Sáenz, presidente de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, presentó el dictamen de decreto para su votación por el Pleno Legislativo, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos de las y los diputados presentes.
Las adecuaciones referidas quedaron redactadas de la siguiente manera:
ARTÍCULO 791. Para ingresar como personas trabajadoras de la educación del sistema escolar del Estado en cualquiera de las categorías de los tipos de educación que comprende, se precisa:
a)…
b)…
c) Se deroga.
d) No tener una enfermedad o discapacidad que impida el ejercicio del magisterio.
e) Para una plaza docente se requiere poseer título de licenciatura del tipo de educación en que vaya a ejercer.
En este sentido, se eliminó el requerimiento que disponía el no tener más de 45 años de edad, al considerar que éste resultaba inconstitucional así como transgresor de convenciones y tratados internacionales, suscritos y ratificados por el Estado Mexicano; además, se estableció la obligatoriedad de contar con un título de licenciatura del tipo de educación que vaya a ejercer.
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Las y los diputados de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, aprobaron el exhorto que presentó el diputado Benjamín Carrera Chávez de MORENA, para que el titular del Ejecutivo Estatal, realice las acciones necesarias para sanear las finanzas de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.
Expresó que dentro del acuerdo, se pide al titular de Pensiones Civiles del Estado, a que informe a los maestros y las maestras agremiadas a la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la situación real de las finanzas del ente.
En este sentido, dijo que también se solicitó a la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, a realizar una auditoría a Pensiones Civiles del Estado y que en su caso, se dé vista al Ministerio Público sobre los elementos que pudieran ser consultivos de algún delito.
En su exposición de motivos, argumentó que docentes de diversos niveles, le expresaron su inquietud y pidieron que se ejerciera presión para que se atienda a la brevedad las sentidas demandan que aquejan al sistema de salud antes mencionado.
“Las autoridades competentes han sido omisas, indolentes y negligentes ante la gravedad de la crisis financiera que atraviesa la institución de seguridad social, Pensiones Civiles del Estado, específicamente Gobierno del Estado, la Secretaría de Hacienda del Estado, la Dirección de Pensiones Civiles del Estado y el Comité de la Sección 42 del SNTE, quienes al momento no han hecho nada decisivo ante un adeudo que supera los tres mil quinientos millones de pesos”, dijo.
Recalcó que las y los maestros denuncian categóricamente que se investigue lo que sucede con los recursos económicos correspondientes a PCE y que demandan saber qué es lo que sucede con las cuotas que se retienen quincenalmente al menos al magisterio estatal y que no llegan a su destino en lo que llamó una clara violación a las responsabilidades y obligaciones del Secretario de Hacienda Estatal.
“El ser omisos compañeros Diputados nos hace corresponsables de la situación y nos generaría una deuda con la sociedad, porque las instancias mencionadas al inicio del presente escrito no solamente están atentando contra los maestros y maestras, sino contra familias enteras afectadas en muchos sentidos; Pensiones Civiles del Estado no puede esperar más tiempo, sus derechohabientes no pueden esperar más tiempo, la contingencia generada por la pandemia no ha hecho otra cosa que develar las irregularidades que se mantienen desde hace tiempo al interior de la administración de la Secretaría de Hacienda, de la administración de PCE y de la dirigencia sindical”, concluyó el legislador.
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Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Salud y a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, para que realice las acciones necesarias, a fin de mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a sus derechohabientes.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el diputado Francisco Humberto Chávez Herrera de MORENA y quien mencionó que se espera que se garantice a médicos familiares, de urgencias y especialistas suficientes, atender el medicamento que eventualmente tienen en sus farmacias y solucionar las diversas deficiencias e irregularidades denunciadas.
En su exposición de motivos, dijo que de acuerdo con el Artículo 4 Constitucional del Estado de Chihuahua, se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la administración estatal debe de brindar a la población, la promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno, y que contempla a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.
“Todos los días nos topamos con reclamos y noticias que hacen más evidente la crisis en la que se encuentra el sector salud, específicamente lo crítico de Pensiones Civiles del Estado; esto evidencian graves deficiencias y desabastos que ponen en riesgo la salud y atención de enfermedades médico degenerativas, principalmente de niños, mujeres y adultos mayores, además del COVID-19”, determinó.
Dijo que los derechohabientes de este servicio médico, han presentado quejas por la disminución en la calidad de los servicios que ofrece PCE, así como la falta de medicamento y reposición de médicos familiares y especialistas por jubilación, renuncia o cambio de adscripción en las distintas delegaciones de la entidad.
“El día de ayer me hablaron varias personas para decirme que les suspendieron sus cirugías programadas, en uno de los casos a la derechohabiente le decían que la enviaban al Hospital Ángeles en la Ciudad de Cuauhtémoc ella aceptó, pero le dijeron que ya no había cupo tampoco allá, está internada en el Hospital General esperando que esté disponible el quirófano para su cirugía. No los atienden en los hospitales con los que Pensiones tiene convenio y les están suspendiendo cirugías señalando que no hay cupo”, continuó.
Recalcó que es necesario que se atienda al sector salud, que se ponga atención a lo que ocurre dentro de Pensiones Civiles del Estado y que se solucione la problemática que pone en riesgo la integridad de los derechohabientes al ser atendidos.
“La salud debe ser, invariablemente, una prioridad, no debe someterse el sector a programas de ahorro, austeridad o escatimarse en la asignación de recursos y por el contrario incrementarse paulatinamente y que se refleje en la prestación de servicios dignos en todos los hospitales, clínicas o centros de salud y que dote de personal especializado suficiente, asimismo que se provea de los medicamentos necesarios y de calidad, sin que se tenga que postergar atención, tratamientos o intervenciones”, concluyó Chávez Herrera.
