HABLANDO Y ESCRIBIENDO
MINISTERIOS PÚBLICOS EN CHIHUAHUA
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO
El pasado dos de Diciembre, en la cámara baja del Congreso de la Unión, el diputado por el estado de Guerrero Rubén Cayetano García, integrante de la comisión de Justicia, propuso se agregara en el artículo 258 del CNPP, que la negativa del Ministerio Público, sin fundamento ni motivación, para llevar a cabo una diligencia durante la etapa de investigación, se considere como una omisión que deberá ser sancionada conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos vigentes, que puede llegar a la destitución, inhabilitación, hasta la consignación del Ministerio Público.
Actualmente, cuando un agente del Ministerio Público es omiso en llevar a cabo una investigación sobre una denuncia o querella, el abogado defensor o el asesor de la victima del delito, puede solicitar ante el juez de control una audiencia para exponer esta omisión y eventualmente obtener del juez, una orden hacia el MP para que se aboque a investigar y hacer todo cuanto le es permitido por la ley, para el total esclarecimiento de los hechos.
Lo que puede considerarse como una justa causa para las víctimas, el detalle está en las condiciones en que los Ministerio Públicos cumplen con su trabajo:
En el estado de Guerrero, el Ministerio Público recibe un salario mensual de 111,850.60; en Tamaulipas el salario alcanza los 45,000.00 pesos mensuales al igual que el salario que reciben los Ministerios Públicos de Nuevo León, en Querétaro, el salario es de 56,000.00, mientras que, en Chihuahua, el salario mensual que reciben los ministerios públicos es de 16,000.00.
Esta diferencia entre los salarios, es generada por la importancia que los gobernantes le brindan al renglón de la procuración de justicia.
Javier Corral Jurado, el gobernador de Chihuahua, al inicio de su administración, se comprometió a subir el salario de los Ministerios Públicos y efectivamente lo hizo, aumento en 62 pesos en los primeros 4 años, las renuncias que se han presentado por parte de los Ministerios Públicos no se cubren con nuevo personal, porque la secretaria de hacienda las congela, de tal forma que en muchas de las áreas de la Fiscalía, donde el número de agentes del Ministerio Público es determinante para la investigación de las denuncias, como robos, narcomenudeo y daños, es cada vez menor, mientras que el número de asuntos siempre va hacia la alza, llegando a tener un solo agente, hasta 1200 carpetas de investigación.
Con los llamados expedientes X, la fiscalía general del Estado, es mucho mas magnánima y a los agentes del Ministerio público que llevan estos asuntos, les otorgan sobresueldos que van por encima de los 50 mil pesos mensuales, mientras que los agentes que trabajan en la mayoría de los casos más de las 8 horas establecidas, que tienen que firmar entrada y salida y que cada retraso les afecta directamente en su cheque, continúan recibiendo el mismo salario.
El planteamiento que se hace desde hace tiempo, para buscar que la Fiscalía cuente con la autonomía necesaria para llevar acabo sus delicada responsabilidad, es poco menos que imposible, cuando menos en los próximos gobiernos, ya que como en la actual administración, la fiscalía ha servido como instrumento de venganza para el ejecutivo estatal, y muy seguramente será utilizada por quien resulte triunador en las elecciones del próximo año.
Se necesita un fiscal general que venga de abajo, de carrera ministerial, institucional, que vea por la gente de la fiscalia, que sepa lo que ahí se hace y se vive, lo que se necesita, no un político que obedece a otros intereses y que las más de las veces solo buscan enriquecerse, no les interesan de verdad las condiciones laborales de los ministerios públicos.
EMPRESTITOS
Este próximo lunes, la comisión de presupuesto del Congreso del Estado, analizará la solicitud del gobernador Javier Corral para que le sea autorizado un nuevo empréstito al gobierno del Estado a pagar en los próximos 20 años, por el orden de los 1633 MDP, que aunque se diga que serán para obras, todos sabemos que servirán para gasto corriente, pagar los intereses a los 7 prestamos a corto plazo, pero sobre todo para los aguinaldos, compensaciones y finiquitos de los altos funcionarios de la administración estatal.
Se espera que los legisladores puedan entender que si buscan una reelección o quieren demostrar su verdadero interés por responder a la confianza de la ciudadanía, deberán exigir que efectivamente se destinen para obras, o bien no autorizarlos, porque si durante 4 años hemos estado en ayuno de obra pública, un año más, no marcará la diferencia
