Miles de empresas en México podrían incumplir la Ley Antilavado sin saberlo y son vulnerables a multas millonarias por omisión o falta de procesos
● Regcheq lanza Regcheq PLD X, una plataforma para automatizar y fortalecer el cumplimiento de la Ley Antilavado en empresas sujetas a Actividades Vulnerables, ante mayores exigencias operativas y de control derivadas de recientes cambios regulatorios, incluidas las nuevas Reglas de Carácter General publicadas en agosto 2026.
Ciudad de México a 8 de septiembre. — En México, el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero dejó de ser un trámite administrativo para convertirse en un riesgo de negocio. Empresas de real estate, agencias automotrices, joyerías, casinos, notarías, servicios profesionales, empresas de activos virtuales y compañías de crédito o préstamo mutuo están sujetas a obligaciones de la Ley Antilavado posiblemente sin saberlo.
Las disposiciones regulatorias publicadas apenas el mes pasado avanzan en la definición de cómo deberán implementarse obligaciones relacionadas con evaluación de riesgos, conocimiento del cliente, monitoreo, trazabilidad y mecanismos automatizados de cumplimiento.
En este contexto, y en el marco de su 10º aniversario, Regcheq anuncia el lanzamiento de Regcheq PLD X, una evolución de su plataforma SaaS diseñada para ayudar a empresas que realizan Actividades Vulnerables a gestionar su cumplimiento de forma más simple, automatizada, trazable y eficiente.
“Para Regcheq, su 10o aniversario no representa sólo un hito corporativo, sino una credencial de conocimiento del mercado. Durante esta década, la compañía ha acompañado la evolución del cumplimiento PLD en México y observado cómo las empresas pasaron de ver la regulación como una obligación documental a enfrentarla como un componente estratégico de operación y control”, señaló Francisco Soler, Country Manager de Regcheq en México. “Este lanzamiento, además, está respaldado por más de 5 millones de expedientes revisados y más de 10 millones de operaciones ingresadas en México”, agregó.
El lanzamiento ocurre en un momento clave para el mercado mexicano. De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos 2023 de la UIF, en México existían 111,191 sujetos obligados al régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. De ese universo, 107,642 correspondían a personas físicas y morales que realizan Actividades Vulnerables, lo que representa aproximadamente 96.8% del total.
El problema invisible: empresas que cumplen fiscalmente, pero no saben que podrían estar obligadas en PLD y les puede costar millones
Miles de empresas en México cumplen con sus obligaciones fiscales, laborales y corporativas, pero desconocen que también podrían estar sujetas a la Ley Antilavado.
Una empresa no necesita ser una entidad financiera para tener obligaciones en PLD. Basta con realizar ciertas operaciones: comprar, vender o intermediar inmuebles; comercializar vehículos; operar con joyas, metales preciosos o relojes; administrar tarjetas prepagadas; prestar servicios profesionales; participar en operaciones de fe pública; otorgar crédito o manejar recursos de terceros.
Además, el riesgo no siempre está en lo evidente, sino en la naturaleza de la operación. Las empresas no necesitan cambiar de industria para estar expuestas, basta con observar cómo operan o si tienen una relación interconectada con organizaciones de los rubros antes mencionados.
De acuerdo con estudios de Regcheq, tras la reforma a la Ley Antilavado de 2025, cuando se publicaron las actualizaciones regulatorias más recientes, más del 90% de las empresas que se acercaron a la compañía no tenía claridad sobre los cambios en la Ley Antilavado, ni sobre las nuevas obligaciones que les aplicaban como Actividades Vulnerables. Actualmente, estiman que cerca del 40% de las empresas aún no tienen claridad sobre cómo les impactan estas nuevas disposiciones.
En consecuencia, muchas organizaciones identifican sus obligaciones hasta que reciben una revisión, una visita de verificación o una multa. Según datos oficiales, a partir del 1 de febrero de 2026, el valor diario de la UMA en México es de 117.31 pesos. Bajo ese parámetro, las infracciones más graves pueden sancionarse, conforme al artículo 54, fracción III de la LFPIORPI, con multas de entre 10,000 y hasta 65,000 UMA —equivalentes hasta a 7.6 millones de pesos— o, alternativamente, con el 10% al 100% del valor del acto u operación, lo que resulte mayor (no de forma acumulada); las infracciones de menor gravedad se sancionan con multas de entre 200 y 10,000 UMA. A ello puede sumarse el daño reputacional.
¿Qué industrias presentan mayor exposición o riesgo operativo relacionado con Actividades Vulnerables según datos oficiales?
De acuerdo con la Guía Nacional de Riesgos, las Actividades Vulnerables con mayor exposición o riesgo operativo para temas relacionados con lavado de dinero son principalmente aquellas vinculadas con la comercialización de obras de arte, así como la venta de metales preciosos, piedras preciosas, joyas y relojes, debido a la facilidad de movilización de bienes y la complejidad para identificar el origen de los recursos.
Otro sector identificado con un nivel importante de riesgo es el relacionado con monederos, certificados de devolución, recompensas y mecanismos similares, debido a que pueden utilizarse para dispersar o movilizar recursos. Asimismo, existen actividades catalogadas con riesgo medio, como tarjetas prepagadas, vales, cupones, compraventa de vehículos, fe pública —particularmente notarías y corredores públicos— y actividades relacionadas con crédito, mutuo y préstamo, principalmente por el manejo de recursos financieros y la posibilidad de ser utilizadas para simular operaciones o canalizar recursos de origen ilícito.
El modelo manual se está convirtiendo en un riesgo operativo
Aunado a lo anterior, en diversas ocasiones, el cumplimiento no falla por falta de voluntad, sino por falta de procesos claros. El reto para las organizaciones aparece cuando las obligaciones regulatorias se gestionan de manera aislada, manual o desordenada.
En México, de acuerdo con el INEGI, aún en 2023 sólo a nivel nacional, 25.3% de las unidades económicas utilizó equipo de cómputo, y 26.2% empleó internet para llevar a cabo sus actividades, lo que significa que la mayoría del mercado todavía depende de procesos manuales o semi-manuales.
Además, en México, es común que el cumplimiento todavía depende de hojas de cálculo, correos electrónicos y documentos físicos, mientras que la evolución regulatoria, incluyendo las nuevas Reglas de Carácter General publicadas recientemente, muestran como necesarios y avanzan hacia procesos de control, monitoreo y gestión de información cada vez más estructurados, centralizados y automatizados, en algunos casos la autoridad puede solicitar respuestas o reportes en menos de 24 horas.
Además, los procesos manuales generan registros incompletos, errores de captura, documentos faltantes, pérdida de información histórica, dificultad para identificar formalmente al cliente o beneficiario y poca capacidad de respuesta ante auditorías. De acuerdo con un estudio global de EY —firma independiente, sin relación de patrocinio o afiliación con Regcheq—, 62% de las empresas encuestadas a nivel internacional (no específicamente en México) considera que sus procesos actuales limitan la velocidad y coordinación de respuesta, lo que eleva el riesgo operativo en materia de cumplimiento.
El monitoreo reactivo ya no es suficiente y la trazabilidad es esencial
Cuando el monitoreo se realiza de forma manual y reactiva, aumenta el riesgo de no detectar operaciones relevantes, perder visibilidad sobre transacciones importantes o reaccionar fuera de tiempo, especialmente en un entorno regulatorio que exige mayor conocimiento del cliente, evaluación de riesgos, monitoreo y capacidad de generar alertas.
Según PwC México, 56% de las empresas analiza operaciones y transacciones potencialmente riesgosas después de que ya ocurrieron, mientras que sólo 47% logra hacerlo antes. En un entorno donde ciertas obligaciones regulatorias pueden requerir respuesta en menos de 24 horas, operar de forma reactiva incrementa el riesgo de incumplimiento.
Además, en una revisión, no basta con decir que una operación fue gestionada correctamente. La empresa necesita demostrar qué ocurrió, cuándo ocurrió, quién lo registró, qué controles se aplicaron y quién adquirió ese bien o servicio.
Esa capacidad de reconstruir el historial de cumplimiento es lo que convierte a la trazabilidad en un elemento central. En PLD, cumplir no solo significa hacer las cosas bien; significa poder comprobarlo.
Regcheq PLD X: una respuesta tecnológica para hacer del cumplimiento un proceso sencillo y eficiente que responde a los retos de la regulación
La nueva plataforma Regcheq PLD X opera bajo un modelo SaaS, por lo que las empresas no necesitan gestionar servidores, infraestructura, bases de datos, alojamiento en la nube, mantenimiento o seguridad tecnológica. Regcheq administra ese componente para que los clientes se enfoquen en su operación y en la información necesaria para cumplir con la regulación.
“Nuestro objetivo ha sido desarrollar una solución amigable e intuitiva, de forma que cualquier usuario, incluso con conocimientos básicos en cumplimiento PLD, pueda utilizarla eficientemente —sin que ello sustituya la obligación legal de contar con un oficial de cumplimiento debidamente capacitado conforme a la LFPIORPI y su Reglamento. Con base en lo que hemos observado tanto en entidades financieras como en Actividades Vulnerables, la automatización puede generar reducciones operativas superiores al 70% en distintos procesos de cumplimiento. comentó Cristobal Concha, CEO y Co-fundador de Regcheq.
Por ejemplo, en Regcheq hemos medido que una persona puede tardar entre 4 y 8 horas en generar un Aviso respecto al cumplimiento de PLD, mientras que mediante un sistema automatizado este proceso puede reducirse a segundos, mejorando significativamente la eficiencia operativa y reduciendo el riesgo de errores humanos”, añadió.
A nivel operativo, el cliente únicamente debe cargar o integrar la información de sus clientes y operaciones. A partir de ahí, la plataforma ejecuta automáticamente los procesos necesarios para apoyar el cumplimiento regulatorio.
Entre sus principales funcionalidades se encuentran:
