Hasta ahora, Zorro Ranch, en el alto desierto al sur de Santa Fe, había permanecido como un extraño punto ciego no solo en la intensa cobertura mediática sobre Jeffrey Epstein y sus crímenes, sino también en las investigaciones de las autoridades.

Pero eso está cambiando. En un episodio del programa 60 Minutes Australia, Melanie Stansbury, de Nuevo México, afirmó que una presunta víctima que recibió una invitación a una fiesta en el rancho había descrito cómo “varios jóvenes… fueron violados en el rancho delante de él después de que lo drogaron”. Los testimonios recopilados en el documental emitido el domingo se dieron a conocer mientras las autoridades estatales trabajan en la investigación reabierta sobre las denuncias de abusos en el complejo.

Las autoridades de Nuevo México han estado trabajando para determinar cuántas mujeres y niñas locales sufrieron abusos en el rancho, en medio de una avalancha de nuevas denuncias por parte de los vecinos. Hasta la fecha, solo se sabía que una residente era del estado.

Durante años circularon rumores de que el financiero pedófilo utilizó su extenso rancho y su aislamiento para ocultar operaciones de tráfico sexual de menores. En ese contexto, también se difundió una historia muy comentada —aunque nunca probada— según la cual habría hablado de un plan para embarazar a múltiples mujeres en la propiedad con el fin de propagar su ADN y convertir el lugar en una especie de “granja de bebés” para un experimento eugenésico.

No obstante, una de las acusaciones más inquietantes en los archivos del caso publicados recientemente proviene de un testigo que, en un mensaje incluido en registros del Departamento de Justicia de Estados Unidos, afirmó que dos jóvenes extranjeras murieron allí durante encuentros sexuales violentos.

El mensaje, supuestamente enviado por un antiguo empleado del rancho, ofrecía intercambiar videos incriminatorios con menores a cambio de un bitcoin. Sin embargo, lo más inquietante era otra afirmación: que dos jóvenes extranjeras habían sido asesinadas y enterradas “en las colinas” que rodean el complejo. Según el remitente, las víctimas habrían muerto durante prácticas sexuales “violentas y fetichistas” que implicaban estrangulamiento.

En febrero, los legisladores de Nuevo México votaron por unanimidad crear una comisión bipartidista de la verdad para investigar finalmente la turbia historia del rancho. Poco después, el fiscal general del estado anunció que reabría una investigación que se había cerrado abruptamente poco antes del suicidio del financiero en 2019.

Han pasado siete años desde que Jeffrey Epstein murió en una celda de la cárcel de Manhattan y, hasta hace poco, nadie sabía quién había comprado el rancho en 2023. Sin embargo, los archivos del caso publicados en 2026 por fiscales y el FBI incluyeron documentos de propiedad y detalles de la transacción que finalmente revelaron al comprador: Don Huffines, un magnate inmobiliario de Dallas y exsenador estatal de Texas que recientemente ganó la nominación republicana para convertirse en contralor del estado.

Desde entonces, Huffines rebautizó la propiedad como San Rafael Ranch, en honor al santo patrono de la sanación, y está en proceso de reinventar el lugar como un retiro cristiano.

No obstante, para quienes intentan esclarecer lo ocurrido allí, la “redención” del rancho bajo la nueva propiedad supone un obstáculo importante. Aunque el empresario ha prometido públicamente cooperar con cualquier solicitud de las autoridades, el cambio de dueño y el paso del tiempo alimentan el temor de que pruebas físicas cruciales hayan podido verse comprometidas, eliminadas o simplemente perdidas en el desierto.

Ese es un desafío que Marianna Anaya, legisladora demócrata de primer mandato y figura clave en la Comisión de la Verdad, conoce demasiado bien. Durante años, como defensora de sobrevivientes de agresión sexual, ha luchado por exigir rendición de cuentas institucional en Nuevo México. Por eso, comprende que el alto desierto ha sido durante mucho tiempo un lugar conveniente para enterrar secretos oscuros. Para Anaya, lo ocurrido en Zorro Ranch es la manifestación física de un abandono mucho más antiguo y extendido: uno que durante generaciones ha marcado la relación del estado con sus ciudadanos más vulnerables.

“Siempre pasan por alto a Nuevo México”, comentó a The Independent. “La gente aquí ha sido silenciada de muchas maneras. Durante años, el estado registró numerosos casos de mujeres indígenas desaparecidas o asesinadas, así como de mujeres de color cuyas muertes nunca se investigaron. Por eso, también es una prioridad entender cómo los habitantes de Nuevo México formaron parte de la historia de este rancho”.

Y señaló: “Sé que mucha gente habla de las mujeres que fueron traficadas [al rancho], muchas de ellas provenientes de otros países o de otras partes de Estados Unidos. Pero también quiero saber qué pasó con las mujeres de Nuevo México”.

El estado enfrenta de forma constante una de las tasas más altas del país de personas indígenas desaparecidas y asesinadas. Según el Departamento de Asuntos Indígenas de Nuevo México, la falta de datos completos y la escasa urgencia de las autoridades ante estas desapariciones han creado un contexto en el que los depredadores creen que pueden actuar sin consecuencias.

En ese contexto, explicó Anaya, se creó la Comisión de la Verdad para investigar lo ocurrido en el rancho.

“Mientras revisamos los archivos, encontramos algunas entrevistas antiguas del financiero en las que explica por qué compró el rancho en Nuevo México. Eso me pareció interesante”, asevera.

“Habla de que el lugar está cerca de los laboratorios —en particular Los Álamos, pero también los Laboratorios Nacionales Sandia. The New York Times publicó hace muchos años un artículo sobre él en el que mencionaba su intención de crear una ‘granja de bebés’ aquí, en Nuevo México”.

Durante años, la idea de la “granja de bebés” sonó para muchos habitantes locales como una especie de leyenda del desierto. Sin embargo, documentos desclasificados y testimonios de sobrevivientes han comenzado a dibujar una imagen mucho más concreta —y perturbadora— de las intenciones del financiero. Para el empresario, el aislamiento de Stanley, en Nuevo México, ofrecía el entorno ideal para poner en práctica una filosofía ligada a su fascinación por el transhumanismo y la eugenesia.

El magnate compró el rancho en 1993 a la familia del exgobernador de Nuevo México Bruce King. Según distintos reportes, ya en 2001 hablaba de utilizar la propiedad como una base para “sembrar” la raza humana con su ADN. Su proyecto, profundamente perturbador, buscaba usar tecnología y reproducción controlada —mediante la inseminación de numerosas mujeres con su esperma— para intentar “mejorar” la población humana.

Para el financiero, Zorro Ranch estaba estratégicamente ubicado cerca del establishment científico estadounidense. Al organizar lujosas cenas con investigadores y grupos de expertos de Los Álamos y los Laboratorios Nacionales Sandia —junto con otros invitados de alto perfil— buscaba dar a sus ambiciones eugenésicas una apariencia de legitimidad académica.

Cuando Marianna Anaya asumió el cargo en enero de 2025, descubrió que nunca se había completado una investigación exhaustiva sobre los crímenes cometidos en Nuevo México. Antes de llegar a la Cámara de Representantes estatal, había construido una carrera de una década como influyente cabildera y defensora de sobrevivientes de agresión y acoso sexual. Ahora, como legisladora, sabía que su trabajo apenas comenzaba.

Junto con la también representante Andrea Romero, impulsó la creación de una comisión para investigar el caso. “El mérito es de las propias sobrevivientes, que siguen dando un paso al frente y alzando la voz”, afirmó. “Si no lo hubieran hecho, representantes como yo y la representante Romero quizá nunca habríamos sabido que aquí nunca se llevó a cabo una investigación completa”.

En febrero, el Departamento de Justicia de Nuevo México reconoció que la investigación estatal previa sobre el rancho se cerró en 2019 “a solicitud de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York”.

Según explica Anaya, ese memorando del gobierno federal básicamente decía: “No se preocupen por la investigación. Será un asunto bajo jurisdicción de Nueva York y nosotros nos encargaremos a partir de aquí”.

Pero nada ocurrió después.

Más tarde, en un comunicado, el Departamento de Justicia de Nuevo México señaló que “las revelaciones contenidas en los archivos del FBI que antes estaban sellados justifican una revisión más profunda”. Por ello, agregó que agentes especiales y fiscales del estado buscarán acceso inmediato al expediente federal completo, sin censura, y planean trabajar de forma coordinada con las fuerzas del orden, así como con la Comisión de la Verdad sobre el caso.

“Para nosotros, ahora se trata de asegurarnos de que cada pista que surja y cada línea de investigación que nunca se siguió sea revisada”, explicó Anaya.

En ese esfuerzo, Anaya y Romero trabajan junto con la representante federal Melanie Stansbury, quien representa a Nuevo México en Washington D. C. y tiene acceso a los archivos sin censura del caso. “Poco a poco estamos empezando a unir las piezas del rompecabezas”, comentó. “Y trabajaremos con el Departamento de Justicia de Nuevo México para exigir responsabilidades donde el gobierno federal no lo hizo”.

Aun así, Anaya reconoce que le preocupa que parte de la evidencia haya desaparecido con el paso del tiempo. Sin embargo, sostiene que todavía queda mucho por investigar. “Creo que hay muchos testigos que quizá nunca fueron escuchados. También creo que todavía hay suficientes personas involucradas que siguen vivas o que permanecen en la comunidad como para reconstruir no solo una historia sólida, sino también lograr algún tipo de rendición de cuentas”.

“Hay toda una cadena de personas o instituciones que terminan facilitando algo tan horrible. Por eso, imagino que no solo se señalará a posibles cómplices, sino también a todos los que estuvieron en medio del proceso. Nuestra comisión, además, tiene poder de citación, así que no nos limitaremos a pedir cooperación de forma amable. También contamos con autoridad legal para exigirla”.

Ahora que las autoridades han entrado al lugar con equipos forenses para realizar una búsqueda sobre el terreno —y posiblemente de víctimas—, Anaya espera que más piezas de este oscuro rompecabezas empiecen a encajar.

En el centro de la investigación reabierta se encuentra una inquietante pista electrónica recibida en 2019 por el presentador de radio de Albuquerque, Eddy Aragon. En febrero, el Departamento de Justicia de Nuevo México informó que solicitó una copia del correo electrónico enviado a Aragon, en el que se afirmaba que había cuerpos enterrados en Zorro Ranch.

Aunque Aragon reportó el mensaje al FBI de inmediato, hay pocas señales de que la agencia haya investigado la pista con rigor o tratado la propiedad de 8.000 acres como una posible escena del crimen. Para Anaya, ahí radica la importancia de la Comisión de la Verdad. Durante tres décadas, el desierto guardó los secretos de Epstein; su objetivo ahora es impedir que los oculte por una cuarta.