La Fiscalía general ha dado carpetazo a más de 300 expedientes donde se investigaban las desapariciones y asesinatos ocurridos durante la llamada guerra sucia ZORAYDA GALLEGOS
Martha Camacho Loaiza dio a luz a su primer hijo en la oscuridad de un cuartel militar donde estuvo en cautiverio durante 50 días en los años de la Guerra Sucia. El 19 de agosto de 1977, ella y su esposo José Manuel Alapizco fueron sacados a la fuerza de su casa en Culiacán, la capital de Sinaloa (noroeste de México), por policías judiciales y militares. En ese entonces ella era estudiantes de Economía y él profesor en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ambos eran miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre, un grupo subversivo que buscaba un cambio social. El 29 de septiembre, en condiciones insalubres y de tortura, Martha dio a luz a un niño al que llamó Miguel. “Me encontraba vendada de los ojos y amarrada de las manos. Al nacer me descubrieron los ojos sólo para que viera que mi hijo tenía una ametralladora apuntándole en su cabeza”, relata a este diario la mujer de 62 años.
Cuando fue liberada, ante el miedo de que su hijo fuera secuestrado, tomó la decisión de no ponerle el apellido de su padre. Hasta los 15 años Miguel conoció la historia de sus padres en esos años de persecución policial. En el 2000, cuando llegó la alternancia política encabezada por el presidente Vicente Fox del conservador PAN y prometió castigar los delitos cometidos en el pasado, Martha pensó que por fin se iba lograr justicia. “Yo pensé inocentemente que al llegar al poder el PAN se iban a evidenciar los actos de injusticia que se cometieron en el pasado (con el PRI) y se podría llevar a juicio a los perpetradores”, cuenta la víctima de la llamada guerra sucia.
En 2001, en plena transición democrática después de 70 años de gobiernos del PRI, Fox creó la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) para investigar una de las etapas más oscuras en la historia de México. La instancia representó la esperanza para cientos de víctimas como Martha que anhelaban castigos para los altos mandos del Estado mexicano que en los años 60, 70 y 80 criminalizaron y combatieron a grupos estudiantiles, sociales y algunos movimientos armados que protestaban contra el autoritarismo.
Tras años de vivir tortura psicológica a través de llamadas intimidatorias, mensajes hostiles hechos con recortes de periódicos y autos que vigilaban su domicilio, finalmente en 2002 Martha decidió presentar su denuncia, pero su caso nunca avanzó. La Fiscalía especial se disolvió en 2007 –tras acabar el Gobierno de Fox– dejando inconclusos 570 expedientes, entre ellos el de Martha. Las indagatorias fueron enviados a una instancia de la Fiscalía General (Procuraduría General de la República, PGR). A más de once años de que la PGR retomó las indagatorias los avances son nulos, se desprende de un oficio otorgado por la PGR a este diario en respuesta a una petición de información. Ningún caso ha llegado a manos de un juez y mucho menos se ha logrado una sentencia. Además 234 expedientes continúan en “integración”, en 169 se determinó el no ejercicio de la acción penal (se dio carpetazo definitivo), y el resto están prácticamente archivados.
La batalla legal de Martha
En 2012, después de que el expediente de Martha estuviera diez años en investigación, la PGR decretó el no ejercicio de la acción penal. Los delitos que se investigaban bajo el Código Penal de Sinaloa, como el de privación ilegal de la libertad, sólo castigaba a particulares y no incluía a los servidores públicos, mientras que los de homicidio y abuso de autoridad, ya habían prescrito. “Lo único que llegaron a hacer fue una reconstrucción de los hechos, pero sólo fuimos revictimizados”, recalca.
Martha, con apoyo del Centro Prodh, puso un amparo en contra del carpetazo decretado por la PGR. En 2014 obtuvo un fallo a su favor y logró que el caso de su esposo fuera considerado por la autoridad judicial como crimen de lesa humanidad, el cual no es prescriptible. Ante el fallo, la PGR se vio obligada a reabrir el expediente. “Desde hace más de tres años de que el caso se reabrió no hay avances. Hace semanas fui a ver cómo iban y sólo han mandado algunos oficios dirigidos a los panteones a ver si hay una fosa común, al hospital civil de Culiacán para preguntar si recibieron el cuerpo de mi esposo, pasos muy lentos”, lamenta la historiadora.
El fracaso de una fiscalía mediática
El tema más ambicioso que lideró la llamada Femospp fue la investigación de la represión ejercida por las fuerzas gubernamentales en contra del movimiento estudiantil de 1968 y que culminó con la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de ese año. También recogió denuncias de hechos políticos y sociales ocurridos en todo el país, como los homicidios de presuntos militantes y simpatizantes del izquierdista PRD ocurridos en 22 estados, los homicidios de diversos estudiantes ocurridos en la Universidad Autónoma de Sinaloa, la muerte de siete campesinos en Sonora que habían invadido un predio y fueron desalojados a balazos por policías judiciales, y la persecución de los grupos insurgentes en Guerrero, entre otros cientos de casos.
Antes de que la Femospp fuera disuelta, lo único que consiguió fue llevar a tribunales al expresidente Luis Echeverría por la matanza de estudiantes, pero tras años de litigio, el exgobernante fue exculpado, sepultando con ello la esperanza de justicia. En los 570 asuntos que dejó inconclusos la Fiscalía especial se denunciaron casos de personas asesinadas, desaparecidas, torturadas, ilegalmente detenidas, o sujetas a hostigamiento y vigilancia por fuerzas militares y de seguridad. Entre los perpetradores investigados había miembros del Ejército mexicano, de la extinta Dirección Federal de Seguridad, de la PGR y de la Fiscalía de Ciudad de México, así como policías estatales y municipales.
Diversas organizaciones de la sociedad civil han denunciado que uno de los motivos de su fracaso fue no tomar en cuenta el contexto histórico en el que ocurrieron los hechos. Las investigaciones obviaron el patrón sistemático de represión y violaciones a los derechos humanos en contra de quienes se oponían al régimen en esos años, ha sostenido el Centro Prodh, una organización que ha dado seguimiento a los casos. Sólo algunas de ellas fueron abiertas por el delito de desaparición forzada y un par, como las que se abrieron para investigar la matanza de estudiantes en 1968 y 1971, por genocidio.
Luis Tapia Olivares, coordinador del área de Defensa del Centro Prodh, explica que se omitió caracterizar los hechos investigados como crímenes de lesa humanidad y en su lugar la mayoría de las averiguaciones previas fueron abiertas por delitos comunes sujetos al régimen de prescripción. “En vez de calificar como tortura, lo tipifican como lesiones. A una desaparición forzada la califican como privación ilegal de la libertad y una ejecución arbitraria como un homicidio, entonces esos delitos ciertamente prescriben”, detalla.
Durante los años que la Femospp recibió cientos de denuncias, sólo hizo Investigaciones de gabinete, donde sólo se enviaban oficios y no se investigaba en el lugar de los hechos, reprocha el defensor que ha acompañado a diversas víctimas. “Se presentó una oportunidad histórica y hubo una promesa del presidente Fox de investigar los delitos del pasado, pero terminó siendo una promesa vacía”, asevera. Uno de los mayores obstáculos que se tuvieron para poder documentar las indagatorias fue el Ejército mexicano, que fue opaco a la hora de entregar sus archivos históricos. Además, la Fiscalía siempre careció de independencia, capacidad técnica y personal, asegura.
La Coordinación General de Investigación, la instancia de la PGR que retomó los expedientes, sufre de los mismos vicios que la Femospp, explica Tapia Olivares: hay más altos mandos que ministerios públicos investigando los hechos. “Esta coordinación se hizo cargo de los casos porque iba a ser muy grave que se cerraran todas las investigaciones, entonces una forma de administrar la demanda de justicia, fue trasladarlos ahí, pero no es una oficina sustantiva donde se tenga una política de investigación de los hechos y se esté buscando identificar responsables y llegar a la verdad, sino que se hacen investigaciones de trámite”, sostiene.
La guerra sucia en Guerrero
La PGR ha archivado casi todas las averiguaciones, pero resguarda en su acervo documental cerca de 20.000 fojas que fueron los insumos que la Femospp usó al indagar los crímenes. Uno de los expedientes consultados por este medio brinda detalles de la llamada operación Telaraña, el primer plan contraguerrillero secreto orquestado desde el Estado en contra de civiles. Su objetivo era erradicar a la guerrilla encabezada por Lucio Cabañas, un maestro del Estado de Guerrero que se formó en la Normal Rural de Ayotzinapa (donde estudiaban también los 43 estudiantes desaparecidos desde 2014) y que fundó el partido de los pobres, una organización política que se convirtió en un movimiento armado.
En el expediente, compuesto por partes militares, se documenta cómo en la búsqueda de estos guerrilleros, los militares detuvieron, torturaron y mataron a campesinos, muchos de los cuales no tenían nexos con Cabañas y su gente. En 1974, en plena Guerra Sucia en Guerrero, las denuncias en contra del Ejército no cesaban. En uno de los reportes se lee que un campesino originario de Atoyac de Álvarez levantó un acta ante el agente del ministerio público local para denunciar que unos quince elementos del Ejército llegaron a su poblado y entraron a varias casas a sacar a los habitantes con brutalidad. “Se llevaron a seis personas a la cancha de juego del poblado y ahí fueron masacrados, posteriormente detuvieron a otros pobladores, que después de haber sido golpeados brutalmente fueron puestos en libertad”, se exponía en el parte policial.
