México.- Un juez de la Ciudad de México ha puesto en entredicho la libertad de expresión en este país al ratificar la condena contra un periodista a pagar 10 millones de pesos (unos 535.000 dólares) a un exgobernador estatal tachado de corrupto, quien lo acusó de “daño moral”.
“Lo que vemos es el uso pernicioso del aparato Estado mexicano, del sistema judicial, para acallar periodistas”, explicó este miércoles en entrevista con Efe, Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19.
El 20 de enero de 2016 el académico y periodista Sergio Aguayo publicó una artículo de opinión en el periódico Reforma y replicada en otros diarios del país donde hablaba de la actuación el exgobernador de Coahuila (2005-2011), Humberto Moreira.
“Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”, escribió Aguayo cuando Moreira estaba encarcelado en España.
Moreira, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante 2011 estaba en la cárcel acusado de malversación de recursos y blanqueo durante su mandato y cinco meses después, en junio de 2016, demandó a Aguayo por aquel artículo de opinión.
Sergio Aguayo✔@sergioaguayo
Estoy feliz. Gracias por tanta solidaridad y cariño.
La Suprema Corte me salva del poder judicial capitalino que tanto me ha perseguido. Confío en ellos. @SCJN
Finalmente, Moreira fue exonerado.
Según Moreira, Aguayo escribió ese texto para “ofender, insultar, calumniar y propinar injurias”, lo que atentaba contra sus “sentimientos, afectos, creencias, decoro y reputación”.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asumió la atracción del amparo directo promovido por Aguayo Quezada, contra la sentencia de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México al considerar que la condena a la reparación del daño moral a Moreira viola la libertad de expresión.
La decisión de la Primera Sala es el primer paso para que el asunto sea resulto por la SCJN, mediante un proyecto que exponga las razones que motivarían esta solución y decidir si el asunto lo toma la Corte o regresa al tribunal colegiado.
LIMITA LA DISCUSIÓN PÚBLICA
Ante estos hechos, Ruelas dijo este miércoles que este tipo de demandas contra periodistas buscan inhibir el debate público. Y consideró todavía más “lamentable” la exorbitante suma de dinero que debe pagar Aguayo.
Se quiere sancionar el pensamiento de una persona sobre otra”, expuso Ruelas, quien explicó que en lo estándares internacionales esto “es impensable”.
Explicó que se puede cuestionar la información, si es falsa o verdadera o si hubo intención de hacer daño “pero en este caso se está cuestionando el pensar de Aguayo”.
Ruelas dijo que esa resolución sienta “un muy mal precedente” y “preocupa mucho” porque el “acoso o intimidación” del Estado se suma al ambiente de violencia en el que se ejerce el periodismo en México.
El martes, Aguayo informó a través de Twitter que ya pagó 450.000 pesos (unos 24.000 dólares) como garantía para frenar el embargo de sus propiedades tras la multimillonaria condena, y acusó una red de apoyo a Moreira en el Poder Judicial de la Ciudad de México.
Sergio Aguayo✔@sergioaguayo
Me gustó el tono respetuoso, pero digno y firme con el cual @DeniseDresserG defendió a los periodistas ante el presidente.
Agradezco su solidaridad profundamente.“La amenaza de embargo ha sido conjurada. Hace minutos transferí los 450.000 pesos (unos 24.000 dólares) exigidos como garantía. Con eso aplacaré (por un tiempo al menos) a Humberto Moreira”, dijo.
Aguayo señaló el martes en una entrevista radiofónica que el magistrado que ordenó embargar sus propiedades tendría vínculos con la familia Moreira, lo que significaría “un conflicto de interés”.
El periodista esperó que el caso llegue a la justicia federal donde se dijo convencido de que su caso “será visto como lo que es: un acoso a la libertad de expresión”, expuso.
OTRA REFORMA AMENAZA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Hace dos semanas, el subdirector de Artículo 19 en México, Leopoldo Maldonado, advirtió sobre una reforma penal que criminalizaría la libertad de expresión de los mexicanos al revivir delitos como la injuria, la calumnia, la difamación y la ofensa a las instituciones
En entrevista con Efe, Maldonado informó que estos crímenes, que se han despenalizado a nivel federal y en la mayoría de los estados desde 2006, se tipifican de nuevo en un Código Penal único, una iniciativa adjudicada a la Fiscalía General de la República (FGR) cuyo borrador obtuvo Artículo 19, organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión e información.
Este miércoles, la reputada politóloga y columnista Denise Dresser cuestionó en la conferencia matutina sobre este hecho al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
“Estoy aquí por Sergio Aguayo. Un juez lo quiere obligar a pagar 10 millones de pesos (unos 535.000 dólares) por escribir una opinión crítica sobre Moreira como las tantas que usted expresó cuando era líder opositor”, expuso Dresser.
La periodista hizo comprometer al mandatario a que su Gobierno y su partido el izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas.
No tengo nada que ver con la supuesta reforma”, respondió López Obrador, pero Dresser le dijo que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sí.
“En caso de que sea cierto, el fiscal es autónomo, creo que eso si lo sabes, y ya no es el tiempo de antes, de la simulación”, retomó el presidente.
Dresser presionó a López Obrador a que si el fiscal presenta el 1 de febrero dichas medidas, él en primera persona las condene.
Ante la periodista, el presidente aceptó, pues dijo que su gobierno busca defender la libertad de expresión y el derecho a disentir.
Distintas organizaciones mostraron su solidaridad a Aguayo, entre ellas Artículo 19, Amnistía Internacional México y Fundar, organización dedicada al análisis presupuestario, la transparencia, defensa y promoción de derechos humanos.
Todos coincidieron en señalar que este tipo de resoluciones representan un ataque a la libertad de expresión del periodista y académico y vulneran el derecho a la información de toda la sociedad mexicana.
