Simon Romero and Paulina Villegas
Conforme el presidente de México se acerca al final de su sexenio, su última misión es un rediseño completo del poder judicial que él dice que es necesario para combatir la corrupción.
Pero en lo que podría ser un punto de quiebre para la democracia en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta una dura reacción de los críticos que dicen que la jugada es una toma de poder dirigida a erosionar la independencia judicial y a expandir el alcance de su movimiento político.
Los cambios propuestos modificarían el poder judicial para convertirlo de un sistema basado en designaciones y ampliamente basado en la capacitación y las calificaciones a uno en donde los votantes elijan jueces y en el que haya menos requerimientos para contender. La jugada podría potencialmente obligar a más de 5000 jueces a dimitir de sus cargos, desde la presidenta de la Suprema Corte hasta aquellos en las cortes locales de distrito.
La ruptura del poder judicial en México es el más reciente punto álgido de debate en el mandato de López Obrador durante el cual ha empujado por un cambio radical que, según él argumenta, mejorará la gobernanza, pero los críticos advierten que podría poner en peligro la democracia y el Estado de derecho de la nación.
Miles de jueces y trabajadores de los tribunales en todo el país se han ido a paro en protesta, y el embajador de EE. UU. la semana pasada llamó al esfuerzo de López Obrador en sus últimas semanas de su periodo de seis años “un riesgo para el funcionamiento de la democracia en México”, lo que provocó una riña diplomática entre los dos países sobre si es prudente elegir a los jueces y si Estados Unidos deberían intervenir en el asunto.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum, que toma posesión en octubre, ha respondido a esas críticas, incluyendo a las que tachan a las elecciones como un riesgo para la democracia, lo que ha reflejado el consenso entre los aliados de López Obrador a favor de la reforma. La determinación de sacar adelante las medidas ha tenido a los mercados en vilo, marcados por una caída de 13 por ciento desde principios de junio en el valor de la moneda, el peso.
El debate ha puesto de manifiesto la creciente tensión en México sobre la perspectiva de que López Obrador y su partido político, Morena, estén tratando de afianzar las ventajas políticas que ahora tienen para un periodo mucho más largo de tiempo.
Norma Piña, que como presidenta de la Suprema Corte de Justicia ha sido un blanco frecuente de la ira de López Obrador, dijo que los cambios propuestos ya estaban enviando un escalofrío a lo largo de la profesión legal en México. Ante la pregunta de si la reforma podría ser un mero asunto de un castigo, no descartó esa motivación.
Piña dijo en una entrevista que esperaba que no fuera así ya que sería “lo peor que podría pasarle al país”.
Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte y la aliada más cercana a López Obrador en el poder judicial, minimizó las preocupaciones sobre los cambios sugeridos, argumentando en una entrevista que eran necesarios debido a una falta de “colaboración” entre los poderes judicial y ejecutivo.
Batres dijo que mientras un poder quería construir el otro lo saboteaba, en referencia a las sentencias de las cortes que han frustrado algunos de los planes más ambiciosos de López Obrador, incluyendo las medidas que favorecían a la empresa de energía eléctrica del Estado por sobre las empresas privadas.
Aun cuando López Obrador ha disfrutado históricamente de altos índices de aprobación, tenía poca esperanza de sacar adelante los cambios judiciales por medio del Congreso cuando los introdujo formalmente a inicios de este año.
Pero luego sus aliados, incluyendo a Sheinbaum, la presidenta electa, tuvieron victorias arrolladoras en las elecciones generales de junio, y con ello cambiaron el paisaje político mexicano.
Luego de asegurar las mayorías legislativas, los líderes del partido se dieron cuenta de dos cosas. Podían obtener los votos necesarios para llevar adelante las propuestas una vez que el Congreso iniciara sesiones en septiembre y entonces sus simpatizantes estarían en una posición fuerte para ganar cargos judiciales en las elecciones de reciente creación.
El partido tiene ahora las propuestas judiciales al inicio de su agenda para cuando el nuevo Congreso se reúna la próxima semana.
Los cambios judiciales propuestos ya están empañando la economía mexicana, que se ha beneficiado de un auge de la deslocalización cercana o nearshoring en los años recientes, a medida que las empresas han movido sus operaciones de manufactura a México desde China, lo que ha convertido a México en el mayor socio comercial de Estados Unidos.
Los expertos legales dicen que hay un temor generalizado sobre los efectos que la reforma podría tener en la imparcialidad judicial necesaria para resolver las disputas entre el gobierno y las empresas. Han crecido las preocupaciones de que las compañías podrían poner sus futuros planes de inversión en pausa.
Antes de hacer públicas sus críticas de las medidas judiciales la semana pasada, Ken Salazar, embajador de EE. UU., había adoptado por mucho tiempo un acercamiento conciliador para gestionar su relación con López Obrador, a veces poniéndose de lado del presidente de México en disputas domésticas en un esfuerzo de preservar la cooperación en áreas como el cumplimiento de las leyes de migración.
Pero esta postura diplomática se hizo insostenible a medida que la resistencia a la reforma judicial se concentraba entre los inversores estadounidenses, partes del gobierno de Joe Biden, y entre miembros demócratas y republicanos del Congreso de EE. UU., dijo Jesús Silva-Herzog Márquez, politólogo del Instituto Tecnológico de Monterrey en México.
“Surgió una visión contraria que es distinta a la del embajador Salazar que apuesta todo a la amistad que tiene con el presidente López Obrador”, dijo Silva-Herzog Márquez.
Sheinbaum ha tratado de calmar las preocupaciones sobre las medidas, destacando que muchos estados en Estados Unidos eligen a sus jueces. Otros han señalado que el presidente Biden está proponiendo sus propios cambios para la Corte Suprema de EE. UU., donde busca establecer límites de gestión y un código de ética obligatorio.
Pero las propuestas de Biden son mucho más modestas en comparación con las de López Obrador, argumentó José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte de Justicia. Biden no pide que todo el poder judicial o la Suprema Corte sean electos.
Expertos judiciales y muchos de los mismos jueces mexicanos, reconocen que se requieren cambios para hacer frente a la corrupción en el sistema judicial, especialmente a nivel local. Pero aseguran que la reforma no está diseñada para atacar los problemas más profundos de corrupción ni los altos niveles de impunidad de los criminales que, según ellos, tienen que ver más con la falta de recursos para los fiscales y la falta de profesionalización de la policía.
Además de las elecciones judiciales, las medidas reducirían el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9, acortarían sus periodos de 15 años a 12 y crearían un tribunal de disciplina judicial, que también se elegirá por voto popular y que tendrá facultades para investigar, sancionar e incluso destituir o enjuiciar a los ministros.
Algunos aspirantes a jueces, que a menudo trabajan como secretarios o en puestos administrativos en los tribunales de México mientras reciben capacitación, están en estado de conmoción de ver sus trayectorias profesionales truncadas.
“Me da mucha tristeza y me frustra ver que todo ese mérito y sacrificio ya no se valora”, dijo Gabriela Medina, de 40 años, una abogada que trabajó los últimos 14 años en el sistema judicial con el objetivo de convertirse en jueza federal. Tomó un curso tras otro, aprobó sus exámenes y estaba esperando tomar posesión este verano hasta que la propuesta de reforma suspendió las ceremonias.
“¿Quién va a defender nuestro país ahora?”, preguntó.
Expertos jurídicos internacionales dijeron que los cambios son una receta para el desastre, señalando el ejemplo reciente de Bolivia. El expresidente Evo Morales, tuvo éxito en que los magistrados del Tribunal Supremo y miembros del Consejo de la Magistratura, órgano que nombra y destituye a los jueces, fueran elegidos a partir de listas de candidatos hechas por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Los aliados políticos de Morales llenaron las listas con candidatos afines al gobierno y utilizaron los tribunales para acosar a los oponentes políticos. La estrategia pareció funcionar para Morales hasta 2019, cuando las protestas de fraude electoral lo obligaron a dimitir.
Por su parte, López Obrador ha mostrado poca vacilación al atacar al poder judicial y a los jueces en lo individual, muchas veces llamándolos por su nombre en sus conferencias de prensa diarias y criticándolos por decisiones específicas. Incluso ha tratado de debilitar otras instituciones, como el organismo electoral que ayudó a sacar al país del dominio de un solo partido, el Partido Revolucionario Institucional, que se mantuvo durante décadas y que también ha servido para contener el poder del partido Morena.
Sus aliados también tienen previsto impulsar otras iniciativas de gran alcance en las próximas semanas. Estas incluyen cerrar el instituto creado para defender las leyes de libertad de información y otro instituto diseñado para coordinar los esfuerzos anticorrupción en los tres niveles de gobierno.
“Este presidente no cree que los jueces tengan legitimidad para desafiarlo”, dijo Ana Laura Magaloni, una de las juristas más destacadas de México.
Pero los aliados del presidente hacen gala del músculo legislativo con las mayorías y minimizan esas preocupaciones.
Mario Delgado Carrillo, miembro del gabinete de Sheinbaum, dijo que los legisladores deberían aprobar las reformas como “un gran regalo” para López Obrador.
Emiliano Rodríguez Mega colaboró con reportería desde Ciudad de México.
Simon Romero
es corresponsal del Times y cubre México, Centroamérica y el Caribe. Está afincado en Ciudad de México. Más de Simon Romero
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