Guillermo Idiart

WASHINGTON.- En una soleada mañana de junio pasado, una joven argentina que vive en Estados Unidos desde hace cuatro años iba en auto camino a su trabajo en una pequeña localidad costera en Florida cuando fue abordada por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para una revisión de su estatus legal.

Mostró su número de identificación fiscal (conocido como Tax ID) y la licencia de conducir norteamericana. Pero los oficiales detectaron una situación irregular y la arrestaron. Pese a que rápidamente intentó aplicar a la autodeportación –un proceso promovido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para expulsar a migrantes irregulares–, empezó un calvario en centros de detención en distintos estados del país que aún no terminó. Tras casi dos meses angustiantes, espera volver pronto a la Argentina para reencontrarse con sus familiares.

Casos como el de esta argentina –de quien se resguarda la identidad al estar detenida y en proceso para ser deportada– se han multiplicado en los últimos meses en Estados Unidos a medida que el ICE incrementó a niveles récord los arrestos de migrantes irregulares, en el marco de la ofensiva a escala nacional impulsada por la segunda administración de Donald Trump.

El decisivo respaldo político de la Casa Blanca; un presupuesto multimillonario para acelerar el reclutamiento de agentes y alcanzar los objetivos de arrestos diarios fijados por el gobierno; un cambio de estrategia con operativos más discretos y descentralizados, y una ralentización de los procesos de regularización migratoria que dejaron a muchos extranjeros vulnerables a ser detenidos son los motivos que explican cómo ICE logró acelerar el ritmo de detenciones, según grupos especializados y expertos consultados por LA NACION.

“Nunca habíamos visto nada igual. Es una guerra contra los inmigrantes, y están haciendo todo lo que está a su alcance para llevarla a cabo. Ahora les importan más los números que capturar a quienes realmente amenazan la seguridad pública”, advirtió Deborah Fleischaker, exfuncionaria de ICE y asesora principal de estrategia migratoria de UnidosUS, la mayor ONG de defensa de los derechos de los latinos en Estados Unidos.

De acuerdo a los datos de ICE compartidos con el Congreso norteamericano, la agencia detuvo en julio a 43.295 migrantes, un récord en lo que va del segundo gobierno de Trump que superó el pico anterior, el mes previo (39.563 en junio). Las cifras, sin embargo, aún no llegan a cumplir la meta que fijó la administración Trump de 2000 arrestos diarios por motivos migratorios.

Los aeropuertos, el nuevo frente

“Hay una gran presión sobre ICE. No están alcanzando esa cifra, pero emplean diversas tácticas para intentar aumentar las detenciones. Una de ellas es el incremento de los arrestos en aeropuertos“, señaló a LA NACION Colleen Putzel-Kavanaugh, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés).

Es el caso de la argentina Iliana Lick (30 años), que vivía desde 2024 en Filadelfia y trabajaba como niñera, arrestada el 11 de julio en el aeropuerto de esa ciudad de Pensilvania cuando estaba por viajar con amigos a Kansas City para asistir esa noche al partido del seleccionado nacional contra Suiza, por los cuartos de final del Mundial.

La joven permanece en el Centro de Procesamiento del condado de Otero, en Nuevo México, a la espera de salir luego de que el viernes –según confirmó su novio norteamericano, Steve Melchiorre– le concedieran en una audiencia la libertad bajo fianza por 10.000 dólares.

Este viernes, además, se conoció el caso de otro argentino, Matías Pourrain, un futbolista de 34 años que juega en una liga local, que fue detenido por ICE en el aeropuerto de Fort Lauderdale cuando se disponía a abordar un vuelo hacia Los Ángeles.

Fleischaker, que durante casi 14 años se desempeñó como funcionaria en el DHS y fue jefa de gabinete interina del ICE, explicó que la agencia se enfocó en los aeropuertos porque los consideran un “entorno más seguro” para sus operaciones, al no haber personas armadas tras pasar los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). “Sus objetivos no cambiaron, simplemente la estrategia se ejecuta de manera diferente”, explicó.

En los últimos dos meses, los agentes de ICE aumentaron a un promedio de entre 20 y 40 los arrestos diarios en aeropuertos, frente a los menos de 10 registrados en mayo del año pasado, según un funcionario del DHS.

La táctica avivó los temores de muchos migrantes en situación irregular a tomar vuelos dentro de Estados Unidos. “Es una modalidad nueva y en las últimas dos semanas hubo varios casos entre latinos en Florida que llevaban mucho tiempo allí. Muchos deciden inmediatamente la autodeportación“, señaló a LA NACION una fuente al tanto del asunto.

Esta estrategia de ICE abrió además una pulseada con las compañías aéreas, que muestran resistencias a los esfuerzos de las autoridades federales por intensificar la aplicación de las leyes migratorias en los aeropuertos, según The Wall Street Journal. “A finales de julio, representantes del sector aéreo se reunieron con personal de DHS para exponer sus inquietudes“, señaló el diario.

Los especialistas argumentan que el cambio de táctica que implementó el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, reemplazante de Kristi Noem en marzo pasado, obedeció al impacto negativo para el DHS que se desató en enero por la muerte de dos estadounidenses en Minneapolis por disparos de agentes federales en operativos de ICE y de la Patrulla Fronteriza.

“Allí percibimos el estilo de liderazgo de Mullin. Intenta equilibrar las exigencias de sus superiores y, al mismo tiempo, evitar que ICE acapare los titulares todos los días, aunque los arrestos se sigan produciendo de manera pública”, señaló Putzel-Kavanaugh. “Se están centrando en personas que antes no eran objetivo de las operaciones de la agencia”, añadió.

Limbo legal

Según los últimos datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis), la ralentización de los procesos de regularización disparó el volumen de solicitudes pendientes –de ciudadanía, tarjetas de residencia permanente (green card) y permisos de trabajo– hasta alcanzar la cifra sin precedentes de 7,5 millones de personas.

“Si se suman los millones de inmigrantes que aguardan decisiones sobre asilo y permisos de permanencia en Estados Unidos por razones humanitarias, la cifra total de casos pendientes se eleva a más de 12,1 millones“, reportó el sitio Axios en base a los datos. Los retrasos dejan a muchas personas “en un limbo migratorio legal”, vulnerables a ser detenidas por ICE, advirtió.

Jorge Loweree, director ejecutivo de estrategias del Consejo Estadounidense de Inmigración, en Washington, hay un “esfuerzo integral” por parte de la administración Trump para “reformar el sistema migratorio de arriba a abajo”.

“Simplemente dejan que esos trámites permanezcan en un escritorio mucho más tiempo del habitual. Pero lo que observamos es que, simultáneamente, las personas atrapadas en ese rezago administrativo son objeto de medidas de control migratorio“, explicó a LA NACION. El Consejo Estadounidense de Inmigración publicó esta semana un análisis detallado de los últimos datos del Uscis.

“El Uscis cambió sus prioridades y se está centrando más en revisiones exhaustivas que en facilitar cualquier tipo de proceso migratorio. Y eso tiene repercusiones en la migración legal de trabajadores, empleadores, familias y personas que buscan protección. Muchos quedan en una especie de zona gris“, advirtió Putzel-Kavanaugh.

“Es una táctica nueva, ya que estas personas están plenamente en el radar del gobierno al estar inmersas en un proceso migratorio legal. No obstante, el proceso acumula grandes retrasos y se prolonga excesivamente debido a todos los pasos arduos que se le han añadido”, añadió.

Un caso resonante de los últimos días fue el del académico de origen etíope Berhanu Kibret, de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Maryland y elegido como “Profesor del año”, detenido por agentes de ICE en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth (Texas) tras asistir a una conferencia. De acuerdo al DHS, su visa había caducado en mayo de 2024.

Arrestos como el de Kibret dispararon las críticas contra el gobierno, que había prometido centrarse en detener y deportar a “lo peor de lo peor” entre los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

De las 65.765 personas bajo custodia del ICE en centros de detención, 46.436 –70,6 %– no tienen ninguna condena penal, según datos actualizados al 11 de julio.

Según Ernesto Castañeda, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Laboratorio de Inmigración en la American University, en Washington, muchos son los que “cayeron en un limbo legal” a la espera de la aprobación de sus papeles.

“Son migrantes que no hubieran sido deportados ni por las administraciones de Barack Obama, ni de Joe Biden, ni en la primera de Trump [2017-2021]. Ese es el gran cambio: están arrestando y deportando a quien pueden con cualquier excusa“, señaló Castañeda a LA NACION. “Se cambió la estrategia para tratar de calmar los titulares luego de lo que pasó en Minneapolis”, agregó.

Esta administración republicana ha implementado diversas medidas para suspender, revisar o eliminar estatus migratorios y beneficios como el Estatus de Protección Temporal (TPS) –para ciudadanos de países designados debido a guerras, desastres naturales o crisis humanitarias–, aunque algunas de esas acciones enfrentaron bloqueos y reveses en tribunales federales, señalaron los expertos.

“Quieren expulsar del país a toda persona que carezca de documentación completa, independientemente de si antes la tenían y se la retiraron, o de si estaban tramitando un estatus legal”, reforzó Fleischaker. “Y les resulta más fácil detener a personas que no suponen una amenaza para la seguridad pública”, agregó.

El respaldo de Trump

Los esfuerzos de ICE para acelerar el ritmo de arrestos cuentan con el respaldo declarado de Trump, quien el mes pasado elogió el “trabajo excelente” y la “labor necesaria” que realizan sus agentes. También rechazó los pedidos para que se suspendieran temporalmente los controles de tránsito de la agencia tras la muerte de dos personas durante operativos migratorios en Maine y Texas.

En junio pasado, el presidente además promulgó una ley que asignó casi 70.000 millones de dólares adicionales para financiar a ICE y a la Patrulla Fronteriza hasta el final de su mandato, en 2029, fondos que se sumaron a las asignaciones multimillonarias provenientes de la ley de presupuesto aprobada en 2025.

“ICE recibirá casi 39.000 millones de dólares para un amplio rango de operaciones de control migratorio, incluyendo la contratación de más personas, más instalaciones, más detenciones y deportaciones“, advirtió el Centro Brennan para la Justicia, un instituto no partidista de políticas públicas con sede en Washington.

En enero pasado, ICE anunció que su campaña “sin precedentes” de reclutamiento a nivel nacional había “superado todas las expectativas” al contratar a más de 12.000 oficiales y agentes en menos de un año, un aumento de 120% en su plantilla (creció a 22.000 efectivos).

Para muchos de los migrantes detenidos, el camino conduce a la deportación. En la campaña de 2024, Trump había prometido la mayor operación de expulsiones en la historia de Estados Unidos. Según el DHS, durante el primer año de mandato más de 3 millones de inmigrantes indocumentados abandonaron el país, incluidas unas 2,2 millones de autodeportaciones.

Al 12 de julio, habían deportado a más de 985.000 inmigrantes indocumentados y detuvieron a más de un millón, señaló el DHS en una nota a CBS News.

“Tienen mucho dinero para contratar personal de manera expedita, tienen un objetivo definido, el respaldo político de la Casa Blanca y, en muchos casos, colaboración de autoridades locales, sobre todo en Florida y Texas [estados gobernados por republicanos]. Ese combo es el que ha permitido este promedio de arrestos actual de unas 1500 personas por día“, evaluó Castañeda.

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