El conflicto suscitado en torno al TMEC (Tratado de Comercio México-Estados Unidos –Canadá) y que ha despertado las acciones legales de Canadá y Estados Unidos contra México, debido al incumplimiento de dicho tratado por parte de este último, era realmente innecesario. México se encuentra desde hace varios años, en virtud de la reforma energética aprobada en el año 2013, en un régimen de apertura a la inversión y la competencia privadas (nacional y extranjera) en la generación de energía eléctrica. Por tal razón, las empresas mexicanas y extranjeras que tengan interés en invertir en proyectos de infraestructura destinados a la producción de electricidad por medios naturales como fotoceldas solares o hélices eólicas, pueden hacerlo.
De hecho, a raíz de tal apertura varios consorcios privados comenzaron a realizar en nuestro país cuantiosas inversiones para la generación de energías renovables, mismas que se han visto truncadas y amenazadas debido a una errónea e ilegal decisión tomada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al dar prioridad monopólica a la Comisión Federal de Electricidad y ordenar la cancelación de los proyectos respectivos. Es preciso observar que el TMEC firmado entre los tres países y ratificado por el senado de México es de carácter obligatorio y tiene el mismo rango jurídico que las normas de la Constitución Mexicana, por el hecho de haber sido aprobado por nuestra nación, ya que así lo estatuye el texto constitucional en su artículo 133, cuyo texto reza “Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”.
Bajo tal tesitura, es evidente que el presidente López Obrador comete una seria transgresión jurídica al violar lo que la Constitución lo obliga a respetar, y a la vez incurre en incumplimiento de su deber ético-político. Asimismo resulta obvio que México será el perdedor ante la protesta desplegada por Estados Unidos y Canadá, así como frente al correspondiente trámite administrativo-legal que ya han comenzado a gestionar estos países para someter a un arbitraje el mencionado diferendo. Evidentemente México será derrotado y por lo tanto perdedor en esta inútil y absurda contienda basada en consideraciones ideológicas pero carente de argumentos económicos, lógicos, racionales o jurídicos.
Entre los resultados adversos del revés que se aproxima para México se pueden mencionar al menos tres, de graves consecuencias económicas y políticas para nuestra nación en el corto y el mediano plazos; a) La imposición de sanciones
consistentes en la aplicación de aranceles a los productos exportados por México hacia Estados Unidos y Canadá; b) La disminución de la calificación crediticia internacional de México, al incrementarse el índice riesgo –país; y c) el descrédito de México en el escenario internacional, así como la desconfianza de los gobiernos y empresas de otros países para establecer acuerdos y negociaciones con el nuestro. México se halla en un complicado escenario de incertidumbre jurídico-política a raíz de la violación caprichosa de las reglas originada simplemente por motivos ideológicos. Resulta innegable el amenazante panorama que México empieza a enfrentar como consecuencia de la ideologización de la política económica, que el presidente López Obrador se ha propuesto realizar a ultranza.
