La FGR corrige el tiro
Por Eduardo Arredondo
La narrativa de persecución política que intentó construir la gobernadora Maru Campos Galván comenzó a desmoronarse más rápido de lo esperado.
Horas después del escándalo provocado por el citatorio entregado en Palacio de Gobierno, la Fiscalía General de la República confirmó que también llamó a comparecer al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros funcionarios mencionados en las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Con ello, la Fiscalía desactivó —al menos parcialmente— el argumento del “trato selectivo” y del supuesto blindaje exclusivo para personajes ligados a Morena.
La propia Maru Campos había cuestionado públicamente por qué Rocha Moya no había sido requerido por las autoridades mexicanas. La respuesta llegó casi inmediata.
Y políticamente fue un golpe incómodo.
Porque ahora el escenario cambia. Ya no se trata únicamente de un diferendo entre Chihuahua y la Federación. El caso adquiere otra dimensión: la presión internacional derivada de las investigaciones abiertas en Estados Unidos sobre presuntos vínculos de actores políticos y funcionarios mexicanos con estructuras del crimen organizado.
La FGR dejó claro que las comparecencias forman parte de una indagatoria relacionada con la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra 10 ciudadanos mexicanos originarios de Sinaloa.
La palabra clave en el comunicado federal es una: exhaustividad.
Es decir, la Fiscalía busca enviar el mensaje de que nadie quedará fuera de la investigación, sin importar colores partidistas o posiciones políticas.
Por eso también aparece en la lista el ex fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno.
Sin embargo, más allá de las declaraciones oficiales, el tema revela el tamaño de la presión que enfrenta el gobierno mexicano frente a Washington. Cuando las investigaciones cruzan la frontera y llegan a cortes estadounidenses, la política interna mexicana deja de controlar completamente los tiempos y las consecuencias.
Ahí es donde el caso se vuelve especialmente delicado.
Porque mientras en México los actores políticos intentan convertir los expedientes judiciales en discursos de victimización o defensa partidista, en Estados Unidos las acusaciones suelen caminar bajo otra lógica: la de los resultados judiciales.
Maru Campos intentó instalar la idea de una ofensiva exclusiva contra la oposición. Pero la FGR respondió ampliando el espectro de citatorios.
Ahora el problema ya no es quién fue citado primero.
El problema es hasta dónde llegará la investigación.
