Carlos Jaramillo Vela.- Son evidentes los perjudiciales yerros cometidos por el partido en el poder, durante los últimos dos sexenios consecutivos que ha gobernado a México, pues no obstante la importante inyección de recursos a programas sociales destinados a aliviar la economía de millones de familias, el desacertado manejo financiero del país, las retrógradas reformas constitucionales efectuadas por los legisladores morenistas, y las erróneas políticas públicas en materias de seguridad, salud y educación, han revelado la ineptitud gubernamental para administrar con eficiencia algunos de los aspectos más importantes de la agenda nacional.
Hoy la posibilidad de un colapso económico es real, pues las prestigiadas calificadoras crediticias internacionales Standard & Poor’s (S&P), Moody’s y Fitch Ratings, han coincidido al señalar recientemente el riesgo en que se halla México, al estar muy cerca de perder lo que se conoce como “grado de inversión”. Esto se debe al retroceso que nuestro país ha venido sufriendo durante los últimos siete años, al volverse menos atractivo para el financiamiento y la inversión. Tal menoscabo se deriva del desorden financiero y político en que han incurrido los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
Rigidez del gasto público, ausencia de crecimiento económico, limitación de ingresos fiscales y la pesada carga financiera representada por la enorme deuda de PEMEX, conforman los ingredientes esenciales del desaseo macroeconómico que ha venido asfixiando la salud financiera de México durante las administraciones de Morena. Sin embargo, en este peligroso coctel que hoy amenaza al futuro de México, también figuran la vulneración de los derechos humanos, la justicia y las libertades democráticas y económicas, que durante los ejercicios gubernamentales de la llamada 4T, y particularmente en el actual, se han perpetrado en perjuicio de la estabilidad y el desarrollo político, económico y social del estado mexicano.
La situación en México es preocupante, y no solo ha sido advertida adentro, sino también afuera del país, como lo han señalado en varias ocasiones diversos organismos políticos y financieros internacionales. La pérdida de independencia del poder judicial y del Instituto Nacional Electoral, así como de los organismos autónomos en materia de transparencia, competencia económica y telecomunicaciones, al quedar subordinados éstos a las decisiones del poder ejecutivo, significan ya una regresión política grave e imperdonable. Si nuestro país llegara sufrir la pérdida del grado de inversión que las calificadoras pronostican, a la regresión política se sumaría la regresión financiera, lo que demostraría que la autollamada “Esperanza de México” (Morena) llevó a la nación a la catástrofe.
carloshjaramillovela@yahoo.comMiembro de la Asociación de Editorialistas de Chih
