– La carta que balconea a Nava y Zuany
– Los acusan de tomar dinero de secuestros
– Alarmante índice de delitos sexuales
– FICOSEC desarrolla estrategia de prevención
“El delito une más que la amistad”, dice la frase con la que concluye una carta anónima que circula en las redes sociales, elaborada supuestamente por agentes de la Policía Ministerial que prestaron sus servicios en la Unidad Modelo del Combate al Delito de Secuestro, que funcionó durante los gobiernos de José Reyes Baeza y César Duarte, y de la que estuvo a cargo el exfiscal de la Zona Norte, Jorge Nava López.
La frase se refiere a la presunta complicidad que habrían tenido en esa corporación Jorge Nava y el entonces comandante Arturo Zuany Portillo, recién nombrado director de la Agencia Estatal de Investigaciones.
La carta, escrita con lujo de detalles, trata de las irregularidades en que supuestamente incurrieron los dos jefes policiacos, y describe hechos que solamente el personal operativo de esa unidad modelo antisecuestros podría conocer.
Aunque no aporta nombres, el o los autores de la denuncia, piden corroborar los hechos denunciados revisando las carpetas de investigaciones, para comprobar la veracidad de sus dichos.
Si bien es cierto que la denuncia habla de una complicidad de Nava López con el comandante Zuany Portillo, se nota una clara dedicatoria a éste último, quien asumió la dirección de la Policía investigadora del estado a partir de septiembre pasado.
Los hechos que denuncian los supuestos policías se refieren al desvío de recursos cobrados por concepto de viáticos, gastos de operación, mal uso de unidades oficiales y, lo más grave, robo de dinero producto de los secuestros que lograban resolver; el de las víctimas y también el que tenían escondido los secuestradores.
Reconocen los quejosos anónimos que, en los primeros años de operación de la Unidad Modelo, hubo buenos resultados en el combate al secuestro, pero también una “serie de arbitrariedades a nivel administrativo y operativo” que obligaron a muchos agentes a renunciar.
Se menciona que Nava y Zuany llegaron a comprobar gastos con facturas apócrifas que compraban o mandaban imprimir en una imprenta de su confianza, donde supuestamente también falsificaron boletos de avión para cobrar montos de viajes que nunca se realizaron.
Citan además que los dos jefes exigían a la procuraduría el pago de una cuota de incentivos y compensaciones para los agentes, “a tal grado que un mes era para los policías y al siguiente para Nava y Zuany, quienes les decían a los policías que era orden del administrativo”.
Afirman que ambos firmaban y cobraban cheques que eran de otros policías, por lo que piden que las actuales autoridades hagan cotejo de firmas de pólizas y documentos cobrables.
En el punto del dinero producto de los secuestros, que señalan como el tema más delicado, los quejosos anónimos aseguran que Jorge Nava y Arturo Zuany se quedaban con parte del dinero recuperado, “ sin importarles si los ofendidos del delitos habían batallado o endeudado para conseguir la cantidad solicitada”, (sic).
“Al momento de la detención de imputados y recuperación del rescate decían que el dinero se había perdido en el operativo de detención y en otras ocasiones que se les había escapado un imputado con el dinero del rescate, o bien solo devolvían menos cantidad del dinero diciendo que no sabían en que momento los imputados se habían desecho del numeral” (sic).
“En otras ocasiones los imputados mencionaban tener dinero producto de anteriores secuestros que habían realizado y referían donde lo tenían guardado o escondido, era cuando el licenciado Jorge Arnaldo Nava López y el comandante Guillermo Arturo Zuany Portillo iban con el o los detenidos y con su personal de confianza, esto se sabía porque ellos sacaban esa información, incluso en una de esas ocasiones hasta desenterraron dinero dentro de una casa asegurada. Se puede atar cabos con la información que se desprende de las carpetas”, dice textualmente la carta.
La extensa carta contiene bastante información de índole administrativa, y hasta en el lenguaje utilizado se asoma, entre líneas, cómo es que los denunciantes se enteraban de los hechos descritos. Habrá que ver lo que dicen los actuales titulares de la Fiscalía General del Estado, nomás que no pongan al comandante Zuany a realizar la investigación.
Los delitos sexuales contra menores se dispararon de manera alarmante en la ciudad, sin que hasta el momento las autoridades hayan diseñado una estrategia pertinente, ni mucho menos emprendido acciones para frenar a los violadores que andan sueltos.
Las estadísticas son muy altas y hablan de una clara ausencia de la autoridad preventiva y, no se diga, de la persecutora de los delincuentes sexuales.
De acuerdo con FICOSEC, en los primeros ocho meses del año, 917 personas denunciaron en Juárez haber sido víctimas de violación o de algún tipo de abuso sexual.
Fueron los meses de mayo, junio, julio y agosto los que mayores casos de delitos sexuales registraron, principalmente contra mujeres.
De las 586 carpetas de investigación iniciadas, solo 147 fueron judicializadas; lo que representa el 25 por ciento del total, mientras que el resto quedaron confinadas en los archivos de la impunidad.
Por estas razones, es importante destacar la tarea de prevención que el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, FICOSEC, está realizando en municipios de la entidad en conjunto con empresas socialmente responsables.
Durante la última semana de septiembre, FICOSEC impartió pláticas a personal de la maquiladora Lear, en Nuevo Casas Grandes, para la prevención de la violencia sexual contra niñas y niños; 61 empleados del corporativo Lear en aquel municipio del noroeste recibieron las recomendaciones que especialistas de FICOSEC imparten dentro del programa de intervención social denominado “Vive Libre de Violencia Sexual”.
En las pláticas se proporciona información a padres, madres y adultos que tienen bajo su cuidado a niños y niñas, sobre los factores de protección y situaciones de riesgo que deben atender, pero, sobre todo, prevenir.
Nuevo Casas Grandes, como Juárez, tiene también una alta incidencia en delitos sexuales, por lo que FICOSEC organiza y coordina esas pláticas con las empresas de la región, y puso además a disposición del público la plataforma virtual en la que se pueden encontrar recursos informativos gratuitos, así como los servicios de atención psicológica para las víctimas de este tipo de violencia.
