AMIGO GNL, uno de los proyectos de gas licuado de exportación que amenaza al Golfo de California, enfrenta un freno judicial que impide a la ASEA emitir la autorización de impacto ambiental hasta que se resuelva un juicio de amparo promovido por Nuestro Futuro y Artículo 19
● Las organizaciones demandaron la falta de información y transparencia en la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto AMIGO GNL, así como por irregularidades en el proceso de consulta pública.
● El proyecto comprometería irreversiblemente ecosistemas esenciales en el Golfo de California sin garantizar beneficios reales para el país y su población.
● El gobernador de Sonora y otras autoridades insisten en promover el avance de AMIGO GNL, aunque el proyecto carece de los permisos ambientales requeridos y enfrenta una creciente oposición comunitaria y ambiental.
Ciudad de México, 8 de junio de 2026. Un juzgado federal concedió una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo promovido por Nuestro Futuro A.C. y Artículo 19 en contra las irregularidades del proceso de consulta pública del proyecto AMIGO GNL, ordenando a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) abstenerse de emitir cualquier autorización en materia de impacto ambiental hasta que se resuelva el fondo del juicio y se emita una resolución final.
La medida cautelar reconoce que existen elementos suficientes para evitar que la autorización sea emitida mientras se analizan las violaciones reclamadas, relacionadas con la falta de acceso a información ambiental completa y accesible, así como con las condiciones en que se desarrolló el proceso de consulta pública del proyecto.
Esta decisión representa un avance importante para la protección de los derechos de acceso reconocidos por la Constitución mexicana y por el Acuerdo de Escazú, particularmente en casos donde proyectos de gran escala pueden generar impactos ambientales significativos e irreversibles sobre ecosistemas esenciales y comunidades locales.
AMIGO GNL contempla la exportación de más de 5.1 millones de toneladas de gas natural licuado al año hacia mercados asiáticos, mediante la construcción de infraestructura terrestre y marítima en Guaymas, Sonora. Su operación implicaría la circulación constante de buques metaneros, dragados, emisiones contaminantes, ruido submarino, riesgo de colisiones con fauna marina y la introducción de actividad industrial intensiva en el Golfo de California, una de las regiones marinas más biodiversas del planeta, afectando de forma relevante e irreversible una zona de altísima relevancia ecosistémica que debería ser declarada hábitat crítico por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Durante la consulta pública convocada por la ASEA, en marzo pasado, más de 4,800 personas enviaron observaciones y comentarios técnicos solicitando que el proyecto no fuera autorizado. Las participaciones ciudadanas señalaron deficiencias sustantivas en la Manifestación de Impacto Ambiental, omisiones sobre los impactos acumulativos del proyecto y riesgos para especies marinas, particularmente cetáceos que utilizan el Golfo de California como corredor migratorio, zona de alimentación y reproducción.
Esta suspensión ocurre en un contexto en el que algunas autoridades, como el gobierno de Sonora y dependencias del sector energético, han respaldado el desarrollo de infraestructura vinculada a la exportación de gas natural licuado en la región, posicionando a AMIGO GNL como una inversión estratégica para Sonora y para el país, aún sin contar con permisos ambientales completos. Las organizaciones esperan que, con este freno judicial, las autoridades detengan el respaldo público, pues cualquier avance de AMIGO GNL debe respetar plenamente los límites y condiciones establecidos en la legalidad.
Esta suspensión definitiva se suma a una serie de acciones impulsadas por comunidades, organizaciones y personas defensoras que buscan frenar proyectos con altos impactos ambientales en distintas regiones del país y muchos de ellos localizados en el Golfo de California. En el caso de AMIGO GNL, la medida permanecerá vigente mientras se emite una sentencia final y se determina si las autoridades garantizaron adecuadamente los derechos de acceso a la información y participación pública de la ciudadanía.
Firman:
Nuestro Futuro A.C
ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica
