NO PUEDE SER EL ÚNICO QUE PAGUE LOS PLATOS ROTOS!
Por Eduardo Arredondo
En política, la lealtad dura hasta que deja de ser conveniente. Mientras todo marcha bien, los hombres de confianza son parte del equipo; cuando estalla una crisis, los mismos que compartían decisiones comienzan a marcar distancia. Y entonces aparece el viejo recurso del poder: señalar hacia abajo para evitar que las preguntas lleguen hasta arriba.
El caso de César Jáuregui y la postura de la gobernadora Maru Campos abren un interrogante que Chihuahua no puede dejar pasar: ¿se está buscando esclarecer los hechos o construir una línea de deslinde político?
La mandataria calificó de imperdonable la actuación del exfiscal y sostuvo que hubo actuaciones por cuenta propia y falta de información oportuna sobre los hechos relacionados con la presencia de agentes estadounidenses en Morelos. También se ha hablado de carpetas ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República.
Pero una declaración política no sustituye una investigación. Y señalar a un exfuncionario tampoco responde, por sí solo, todas las preguntas.
¡QUÉ CÓMODO SERÍA QUE TODO TERMINARA CON UN SOLO NOMBRE!
César Jáuregui no era un funcionario menor. Estuvo al frente de la Fiscalía General del Estado, una institución con responsabilidades fundamentales en materia de procuración de justicia. Su actuación debe investigarse y, si existen elementos suficientes, las autoridades deberán determinar las consecuencias legales correspondientes.
Pero aquí está el punto que no puede perderse de vista: la eventual responsabilidad del exfiscal no cancela la obligación del Gobierno estatal de explicar qué ocurrió, qué sabía y cuándo lo supo.
Maru Campos es la titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua. Eso no la convierte automáticamente en responsable penal de las decisiones de sus subordinados, pero tampoco permite que las dudas sobre el funcionamiento de su administración desaparezcan con una declaración de deslinde.
Si hubo actuaciones por cuenta propia, hay que precisar quién las autorizó, quién tuvo conocimiento de ellas y si existieron omisiones en los mecanismos de supervisión. Si la gobernadora no recibió información oportuna, también debe aclararse por qué fallaron los canales institucionales y quién debía garantizar que funcionaran.
No basta con decir que alguien actuó sin informar. Hay que explicar cómo pudo suceder, qué controles existían y qué se hizo cuando los hechos salieron a la luz.
EL DESLINDE NO ES UNA EXPLICACIÓN
En las crisis políticas, el primer movimiento suele ser proteger la institución y la imagen de quienes la encabezan. El problema comienza cuando la comunicación oficial parece concentrarse más en establecer quién debe cargar con la culpa que en explicar, de principio a fin, lo sucedido.
¿Será César Jáuregui el único señalado? ¿Hasta dónde llegarán las investigaciones? ¿Se conocerán todas las decisiones que se tomaron y las responsabilidades que pudieran derivarse?
Son preguntas legítimas. No constituyen una sentencia anticipada contra la gobernadora ni una absolución para el exfiscal. Son exigencias mínimas de transparencia frente a un asunto que involucra a instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Y hay una diferencia fundamental: una cosa es que un funcionario deba responder por sus propios actos y otra muy distinta es utilizar esa responsabilidad individual como respuesta definitiva a una crisis que exige explicaciones más amplias.
La responsabilidad política no se resuelve con un cambio de funcionario ni con una conferencia de prensa. Se enfrenta con información, documentos, explicaciones verificables y resultados.
CHIHUAHUA MERECE RESPUESTAS, NO SOLAMENTE SEÑALAMIENTOS
La salida de un hombre de confianza puede cerrar una etapa administrativa, pero no necesariamente esclarece los hechos que provocaron la crisis.
Si existen carpetas de investigación ante la FGE y la FGR, corresponde a las autoridades competentes determinar qué ocurrió y si existen responsabilidades legales. Mientras tanto, nadie debe ser declarado culpable por anticipado ni exonerado sin que existan elementos que lo justifiquen.
La gobernadora tiene derecho a fijar su posición. La ciudadanía también tiene derecho a preguntar.
Porque cuando una administración enfrenta un escándalo, la pregunta no termina en quién firmó, quién ordenó o quién dejó de informar. También importa saber si los controles institucionales funcionaron, si las decisiones fueron supervisadas y si las explicaciones oficiales corresponden con los hechos.
El verdadero problema para el Gobierno de Chihuahua no es solamente que César Jáuregui esté bajo cuestionamiento. Es que la sociedad quiera respuestas que vayan más allá de un solo nombre.
Y aquí queda la pregunta que incomoda al poder:
¿Se esclarecerá todo lo sucedido o la historia terminará con el exfiscal cargando con toda la responsabilidad?
Eso no lo debe decidir una estrategia política. Deben determinarlo las pruebas, las investigaciones y la obligación de rendir cuentas.
Porque en Chihuahua, como en cualquier gobierno, la confianza no se recupera repartiendo culpas. Se recupera diciendo la verdad y respondiendo por las decisiones tomadas.
