Innovar para investigar mejor: México Evalúa propone una agenda de justicia digital
● El estudio analiza 14 tipos de herramientas tecnológicas en cuatro dimensiones: gestión de casos, protección del personal,
investigación forense y facilitación de procesos penales.
● Sólo 3 de 29 fiscalías (10.3%) cuentan con capacidades para rastreo de direcciones IP,
un ejemplo de la brecha crítica de las instituciones frente a las capacidades de la criminalidad en el uso de tecnología.
● En muchas fiscalías, la adopción tecnológica no ha implicado un cambio de paradigma en la investigación criminal.
Siguen las mismas prácticas tradicionales, pero en formato digital.
Ciudad de México, 16 de abril de 2026. – México Evalúa presentó el estudio “Justicia Digital: tecnología aplicada a investigación criminal en México”, un diagnóstico nacional que analiza el grado de adopción, uso y efectividad de las herramientas tecnológicas en las fiscalías del país, así como sus implicaciones en la investigación de delitos y la reducción de la impunidad.
El estudio fue elaborado mediante el envío de un cuestionario de 16 preguntas, vía solicitudes de información, a las 32 fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República (FGR). Se obtuvo respuesta de 29 instituciones. Se analizaron 14 tipos de herramientas tecnológicas en cuatro dimensiones: gestión de casos, protección del personal, investigación forense y facilitación de procesos penales.
Los hallazgos muestran que, pese a algunos avances, persiste un rezago estructural en la transformación digital de las fiscalías. Por dar algunos ejemplos: 6 fiscalías respondieron de manera afirmativa al preguntarles si utilizan algún tipo de herramienta digital (desde Power Point hasta reconstrucciones de hechos en 3D) para presentar pruebas en audiencias. Ello refleja que las Fiscalías no están enfocadas a presentar sus casos en tribunales. Sólo 3 de 29 fiscalías (10.3%) cuentan con capacidades para rastrear direcciones IP, una brecha crítica frente al uso de tecnología por parte de la criminalidad. Únicamente una entidad reporta monitoreo y videograbación en tiempo real de patrullas ministeriales y 24 fiscalías carecen de esta herramienta. Aunque 89.65% de las fiscalías tienen identificación dactilar y 86.2% de ADN, sólo 26.92% cuentan con reconocimiento facial.
Es decir, en muchos casos, la adopción tecnológica no ha implicado un cambio de paradigma en la investigación criminal, sino la reproducción de prácticas tradicionales sólo que en formato digital. La lógica del expediente en papel —ahora escaneado— sigue predominando, lo que limita el impacto de la tecnología en la construcción de pruebas sólidas.
En gestión de casos, la mayoría de las fiscalías reporta contar con sistemas utilizados cotidianamente; sin embargo, no logran diferenciar entre herramientas de gestión y simples repositorios documentales.
Asimismo, el estudio identifica desigualdades significativas entre entidades federativas. Mientras en algunos estados se han desarrollado capacidades avanzadas, otros carecen de herramientas básicas, lo que reproduce inequidades en el acceso a la justicia. A nivel internacional, la evidencia comparada muestra que el éxito no depende únicamente de contar con tecnología, sino de su adecuada implementación: protocolos claros, capacitación continua, evaluación de desempeño y gobernanza institucional.
Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa y responsable del estudio, señaló: “Para que la tecnología funcione, debe integrarse a una estrategia clara de investigación criminal, centrada en las personas operadoras, con objetivos definidos y mecanismos de evaluación. Hoy el reto no es sólo qué herramientas adquirir, sino cómo usarlas para generar resultados concretos en la investigación criminal y la persecución penal.”
El documento fue presentado en un webinar que contó con la participación de Siegfried Herzog, Director Regional para América Latina de la Fundación Friedrich Naumann; Eloisa Quintero, experta de la Organización de las Naciones Unidas en la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos; Silvia Ortíz, del Colectivo Grupo Vida de Coahuila; Luis Amador, Coordinador de Inteligencia e Investigación Criminal de LAB-CO; y Rodrigo Nakada, Coordinador de Estudios y Capacitación del Centro de Estudios de Justicia para las Américas (CEJA).
Entre las principales recomendaciones de política pública, México Evalúa plantea:
● Transitar de la adquisición tecnológica como fin en sí mismo hacia una gestión integral de capacidades de las fiscalías.
● Fortalecer la interoperabilidad entre policías y fiscalías.
● Invertir en capacitación continua del personal y que el uso de la tecnología sea una de las dimensiones de su evaluación.
● Diseñar estrategias y planeación orientada a resultados en la adquisición de tecnología por parte de las fiscalías.
Desde México Evalúa estamos convencidos de que, si bien reducir la impunidad en México es una tarea enorme, y gran parte de esta responsabilidad recae en las fiscalías, no es algo inalcanzable. Podemos lograrlo si articulamos diagnósticos rigurosos, propuestas innovadoras, voluntad institucional y colaboración entre los distintos sectores de la sociedad. Por ello, el estudio subraya que la tecnología no sustituye las reformas estructurales del sistema de justicia penal; en cambio, puede potenciarlas si se implementa con visión estratégica. México Evalúa hace un llamado a las autoridades —en particular a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías estatales— a abrir espacios de diálogo y colaboración para construir soluciones conjuntas que fortalezcan la investigación criminal y contribuyan a reducir la impunidad para potenciar los resultados del uso de herramientas digitales.
