Por: Alejandro Salazar
Los temas que hoy nos competen tratar y analizar, lastimosamente para un servidor, están relacionados nuevamente con una cadena sucesiva de tragedias sociales, políticas y, en este caso particular, ambientales.
Durante el presente mes de junio, se registró un incremento drástico en el reporte de incendios forestales en la zona Sierra del Estado de Chihuahua. Entre los cuales, los municipios que hasta la presente fecha se encuentran afectados son los siguientes: Carichí, Maguarichi, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Temósachi, Bocoyna, Uruachi, incluido el de Casas Grandes que hoy cumple 19 días de que inició el fuego en los ranchos; “Las Chivas”, “El Escalereado” y “Los Lobos”.
La Comisión Nacional Forestal informa que lo anterior se debe a las tempestades climatológicas. Las altas temperaturas, la exposición directa de las llanuras ante los fuertes rayos solares, la escases de lluvia acontecida durante los pasados meses en la zona; fueron los fenómenos responsables de estos lamentables hechos.
Según las estadísticas registradas por esta institución: “Al corte de las 11:00 horas se reportan 27 incendios forestales activos, de estos, 21 se encuentran entre el 80 y el 100 por ciento de control y entre el 70 y el 95 por ciento de liquidación. Estos incendios han afectado aproximadamente 24 mil 390 hectáreas”.
Las cifras no son alentadoras. La cantidad de áreas afectadas son numerosas, sin mencionar las repercusiones ambientales que consigo traen. De manera directa, a corto plazo, la desintegración de estas áreas irrumpe en el proceso de reproducción natural de nuestros ecosistemas. El sector agrícola se ve afectado de manera drástica, ya que acentuará la falta de lluvias y, por ende, las cosechas serán insuficientes para satisfacer la demanda del mercado local e incluso, nacional. Por si esto no fuera poco, los siniestros han obligado a los lugareños -indígenas marginados- a desalojar sus humildes hogares. De entrada, querido lector, me cuestiono: ¿Qué sucederá con aquel desamparado sector social? ¿Recibirá acaso una vivienda digna a raíz de tal desgracia? ¿Se les brindará un estímulo económico extraordinario para poder sustentar sus necesidades elementales? ¿Se le brindará un empleo temporal bien remunerado para recuperar su de por sí precaria situación? Querido lector, quiero suponer que usted y yo, estamos de acuerdo al afirmar que esto no sucederá.
Cabe mencionar, “dentro de lo que cabe” -reza el dicho popular- que los chihuahuenses han demostrado en los hechos, su solidaria actitud. Diversos municipios aledaños a la mencionada zona han contribuido en el intento de alivianar y remediar esta situación. Solo por mencionar algunos; Chihuahua, Jiménez, Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc, han exhortado a la ciudadanía para que participen en dicho proceso. A través de centros de acopio se han recaudado diversos insumos como: agua embotellada, productos enlatados, imperecederos, material de aseo personal y materiales de trabajo para todos aquellos contribuyentes, oficiales y voluntarios.
Ya expuestas las problemáticas actuales, es necesario regresar en el tiempo y señalar las acciones que Gobierno Federal tomó e influyeron en el desarrollo de este desastre.
El pasado 8 de octubre de 2020, tras una sesión de diecinueve horas en el Congreso de la Unión, el parlamento constituido en su mayoría por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
dictaminó y sentenció la eliminación del presupuesto al Fideicomiso destinado a la Atención a Emergencias Naturales (Fonden), figura financiera mediante la cual diversas entidades recibían suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia. Fue creado en 1996 y se hizo operacional en 1999.
Estaba compuesto por dos instrumentos, por ejemplo: Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el programa del Fondo Nacional para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN).
Entre sus objetivos, este fondo había sido utilizado para solicitar alimentos o medicamentos para la población que podría ser eventualmente afectada por un desastre natural o para la reconstrucción de los daños ocasionados por un fenómeno natural a la vivienda de la población de bajos ingresos, así como a los servicios e infraestructura pública federal, estatal y/o municipal.
El pretexto que utilizó el representante del Ejecutivo Nacional, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para ejercer presión sobre sus sumisos representantes legislativos y, la opinión pública fue: “Eliminar los rastros de corrupción entre las instituciones”.
El diagnóstico del problema fue incorrecto. Un político sensato analizaría la problemática, haría una investigación profesional e indagaría persona por persona, empleado por empleado sus antecedentes profesionales y conductas individuales para así dictaminar quién o quiénes son culpables directos e indirectos de la generación de la corrupción. No obstante, esta tarea no solo representó gran dificultad para el Gobierno Federal, sino que también, nunca fue su propósito.
Con estas afirmaciones, señalo la falta de intención, compromiso y responsabilidad constitucional por parte de las autoridades oficiales para solucionar el problema. Indicaba renglones arriba, esta tragedia pudo haberse prevenido.
La cuarta transformación ha empleado poco a poco una política económica de libre mercado, una política económica, desobligada, empobrecedora e inhumana. Que cada enfermo se cure con sus propios medios, que cada estudiante se reciba si es que tiene posibilidad de hacerlo, que cada persona le haga como quiera para poder comer día a día, que el incendio en la Sierra Tarahumara sea controlado por la gente y háganle como puedan.
Querido lector, cambiemos juntos a este país. Es justo y necesario.
