¡HUYEN DEL DEBATE! DIPUTADOS ABANDONAN EL CONGRESO CUANDO MORENA PONE SOBRE LA MESA LA LICENCIA DE MARU CAMPOS
La cachucha de “Maru y Traición son lo Mismo” calentó la tribuna; cuando llegó la hora de discutir la separación temporal de la gobernadora, las curules comenzaron a vaciarse. ¿Miedo al debate o estrategia para evitar el costo político?
Por Eduardo Arredondo | EGO Chihuahua
CHIHUAHUA, CHIH.— ¡Se calentó el Congreso y se enfrió el valor para debatir! En la política de Chihuahua, las coincidencias no existen por casualidad y los silencios, cuando llegan en el momento más incómodo, suelen hacer más ruido que los discursos.
La sesión del Congreso del Estado terminó en suspensión justo cuando Morena llevó a tribuna un exhorto para solicitar la licencia temporal de la gobernadora Maru Campos, mientras se esclarecen los hechos relacionados con el operativo en El Pinal, municipio de Morelos, y la presunta participación de agentes estadounidenses en actividades de seguridad con corporaciones estatales.
¿Casualidad legislativa o una salida políticamente conveniente? Esa es la pregunta que quedó flotando en el recinto.
CATORCE PRESENTES Y UN CONGRESO EN LLAMAS
De acuerdo con la información proporcionada sobre la sesión, al momento crítico únicamente se contabilizaron catorce legisladores: once de Morena, la presidenta del Congreso, Joseline Vega Vargas; el priista Guillermo Ramírez, y la diputada América Aguilar Gil.
Pero la historia tuvo un ingrediente que elevó la temperatura política.
Minutos antes, la Presidencia había contabilizado dieciocho asistentes. Sin embargo, cuando la diputada morenista Magdalena Rentería Pérez subió a tribuna con una cachucha roja que llevaba la leyenda “Maru y Traición son lo Mismo”, legisladores del PAN, Movimiento Ciudadano, PT, PVEM y la diputada Rosana Díaz Reyes abandonaron el recinto, según la información difundida.
Y aquí viene lo interesante: la discusión no era cualquier asunto administrativo. Se trataba de una propuesta que colocaba directamente bajo los reflectores a la titular del Poder Ejecutivo estatal.
La pregunta política es inevitable: ¿por qué abandonar el salón precisamente cuando se planteaba discutir un asunto de semejante gravedad?
Si los señalamientos carecen de sustento, el debate parlamentario es una oportunidad para demostrarlo. Si existen dudas legítimas, la obligación de los representantes populares es exigir respuestas, no esconderse detrás de una curul vacía.
Eso sí: la salida de los legisladores no demuestra por sí misma que exista responsabilidad de la gobernadora ni que todos los ausentes hayan actuado con una intención común. Pero políticamente, el episodio deja un mensaje incómodo para el Congreso.
EL PINAL: LA BOMBA QUE SACUDE A CHIHUAHUA
El trasfondo es delicado.
El 19 de abril, cuatro personas murieron tras la caída e incendio de una camioneta en un camino cercano a Polanco, en la Sierra Tarahumara. Entre las víctimas se encontraban dos integrantes de instituciones estatales y dos ciudadanos estadounidenses.
A partir de estos hechos surgieron interrogantes sobre la presencia de ciudadanos extranjeros presuntamente vinculados con agencias de seguridad, sus funciones, las autorizaciones para participar en actividades con personal estatal y la cadena de mando responsable del operativo.
Morena pretende que esas preguntas tengan respuestas documentadas.
El exhorto plantea solicitar información, dentro de las atribuciones legales correspondientes y sin comprometer la reserva de las investigaciones, sobre los protocolos de cooperación con extranjeros, las autorizaciones otorgadas y los mecanismos de supervisión.
También propone esclarecer quién permitió la participación de los involucrados, qué funciones desempeñaron, qué mandos estuvieron a cargo y qué controles institucionales se aplicaron.
No son preguntas menores. Cuando están en juego la soberanía nacional, la actuación de las corporaciones de seguridad y la coordinación con autoridades extranjeras, la transparencia institucional no debería convertirse en una batalla de colores partidistas.
MARU CAMPOS: LA LICENCIA QUE ENCENDIÓ LA DISPUTA
La propuesta de Morena busca que la gobernadora se separe temporalmente del cargo mientras se aclaran los hechos y su eventual conocimiento sobre las actividades investigadas.
Pero hay una diferencia fundamental que no debe perderse entre tanto ruido político: solicitar una licencia no equivale a demostrar culpabilidad, del mismo modo que formular acusaciones no sustituye las pruebas ni las resoluciones judiciales.
La responsabilidad política de una gobernadora, las obligaciones de sus mandos y una eventual responsabilidad penal son cuestiones distintas que deben examinarse con pruebas y conforme a derecho.
El documento presentado por Morena también hace referencia a información ventilada en procedimientos judiciales relacionados con el exfiscal César Jáuregui, así como a imputaciones formuladas en su contra y a una orden de aprehensión federal relacionada con una acusación de traición a la patria.
Esas referencias deben analizarse con cautela: las imputaciones no equivalen a una sentencia condenatoria y toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Sin embargo, la controversia ya rebasó el terreno judicial y se instaló de lleno en el tablero político estatal.
¿QUIÉN LE TEME A LAS PREGUNTAS?
En Chihuahua, el problema no se resuelve con una cachucha, una consigna o una retirada estratégica. Tampoco con acusaciones lanzadas al calor de una sesión.
Lo que la ciudadanía necesita son respuestas verificables: quién autorizó la participación de los extranjeros, qué actividades realizaron, bajo qué marco legal actuaron, quién supervisó el operativo y qué conocimiento tuvieron los responsables de las instituciones involucradas.
Y si la discusión sobre una licencia temporal de Maru Campos incomoda al oficialismo estatal, la salida no debería ser vaciar el Congreso, sino defender una posición con argumentos.
Porque una cosa es rechazar una propuesta por considerarla improcedente y otra muy distinta es evitar que se discuta. Los diputados tienen derecho a disentir, pero también la obligación política de dar la cara ante asuntos que sacuden a Chihuahua.
La sesión suspendida deja una fotografía incómoda: una iniciativa explosiva, una tribuna encendida y un recinto que perdió legisladores justo cuando el debate alcanzó el punto más delicado.
¿HUIDA LEGISLATIVA O CÁLCULO POLÍTICO?
La respuesta tendrá que construirse con hechos, no con especulaciones. Lo que sí queda claro es que el caso de El Pinal exige explicaciones institucionales y que el Congreso no puede limitarse a ser escenario de consignas mientras las preguntas siguen sin respuesta.
En política, a veces una curul vacía pesa más que un discurso de cien minutos.
EDUARDO ARREDONDO
EGO Chihuahua | Análisis y opinión política
