HABLANDO Y ESCRIBIENDO
JUSTICIA FEDERAL Y LOCAL EN PROBLEMAS
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO*
Según datos del INEGI, más del 70% de los asuntos en litigio que se llevan a cabo en todo el país, son del fuero común y tienen que ver con cuestiones civiles y familiares.
Chihuahua no es la excepción y la mayoría de los asuntos que se ventilan en todos los distritos judiciales, tienen que ver en esas dos ramas.
La unidad de Actuaría y el trabajo que desarrolla, es básico para abatir el rezago que se presenta; la rigidez que se había mantenido por décadas, retrasaban los asuntos por la falta de notificación personal, porque quién sabía que lo estaban requiriendo -por ejemplo- en demanda de alimentos, cuando se encontraba en su casa, no abría la puerta o le decía a una persona que saliera y le dijera al actuario que se encontraba fuera de la ciudad o del país y que no sabía cuando regresaba, lo que retrasaba aún más el caminar de los asuntos.
En las últimas administraciones del Tribunal, actuaría ha cambiado de coordinadores, varios de ellos injustamente acusados de beneficiar despachos, hasta llegar a la actual coordinación, donde a pesar de los apoyos de vehículos y más personal, no alcanzan a establecer un mecanismo práctico, dinámico y eficaz que responda a las expectativas que se tienen de la unidad; comparativamente, el distrito Bravos en la fronteriza Ciudad Juárez, con una mayor demanda y número de asuntos, no presenta problema alguno.
El propósito anunciado por la presidencia del Tribunal, respecto de adquirir tabletas con acceso a Internet, facilita mucho las cosas, porque ya no tendrán que redactar las kilométricas actas en papel, sino que directamente la incorporaron en los expedientes por medio de los servidores; la otra noticia para los actuarios será que se integrarán todas las notificaciones penales, civiles, familiares, mercantiles y aun las de depósito de personas en la unidad de actuaría; es decir se aumentará exponencialmente la carga laboral, pero no el salario.
El problema se puede resolver de manera muy sencilla. Eliminando los privilegios que los recomendados tienen, los que no salen a notificar, los que se quedan en la oficina, los que salen a clases y vuelven a ratos pero cobrando el total del tiempo, los que están por órdenes de los mandos medios y altos, cobrando, si, pero no trabajando.
A las personas que menos reciben emolumentos como son los escribientes, les fue entregado una compensación mensual y muy posiblemente un bono de fin de año y eso es gracias a las gestiones de la recién electa magistrada presidenta.
Se tiene en puerta la elección para quienes ocuparan las magistraturas pendientes y conforme se advierte, se pretende sean designados con el actual procedimiento, donde un representante de cada uno de los poderes se pone de acuerdo sobre los nombres y sin mediar examen de por medio, la coordinación, no la sumisión, los señalará.
Lo realmente criticable es que esta reforma que se dio al inicio de la actual administración de Maru Campos, está siendo analizada por la Corte, que aunque tiene sus propios problemas, es seguro que la declarara contraria a la constitución y con ello, nuevamente Chihuahua será mencionado como una entidad donde la legalidad no es propia del Poder Judicial.
Otro de los problemas que se mencionan se encuentran en un estado crítico, es el relacionado con la postura de jueces y juezas que a pesar de haber cumplido la cantidad de años requeridos para su jubilación y retiro, se niegan a hacerlo, porque no recibirán el 100% de su compensación.
Existen casos excepcionales como el de la juez Conchita Payan, quien se encuentra en su mejor condición como jueza, formadora de generaciones de secretarios, jueces y funcionarios que han pasado por su juzgado, todos los cuales han abrevado además de conocimiento y disciplina, la calidad y calidez humana, tan necesarias en temas de familia, respeto a derechos de los menores, protección a mujeres con perspectiva de género, todo dentro de un clima de compromiso, servicio, honradez y profesionalismo. En cambio, existen otras juezas y jueces, a los cuales el paso del tiempo ha mermado de manera importante sus capacidades y que además de rezago, lo que producen son solo problemas.
FIDEICOMISOS
Uno de los pilares democráticos más importantes en un estado de derecho, lo representa el Poder Judicial, como responsable de administrar justicia, así como dirimir las controversias que se suscitan entre el resto de los poderes, la federación con las entidades, los municipios contra los Estados, y de manera especial cuando se presenta la violación a los derechos humanos de los gobernados, frente al poder público.
Desde la elección de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, como presidenta del máximo tribunal del país, las agresiones del presidente López Obrador, no han cesado en contra de su persona y prácticamente a todos los integrantes del poder judicial salvo las excepciones con las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf.
Lograr la permanencia de la IV transformación en el próximo gobierno es la máxima prioridad para el presidente Andrés Manuel, poco o nada le interesan los 15 mil mdp que representan los 13 fideicomisos extinguidos del Poder Judicial, porque ya fue autorizado el préstamo de dos billones de pesos que solicitó para convencer al electorado nacional, repartiendo recursos a partir del próximo año.
Estos trece fideicomisos, que se han integrado con recursos de los propios trabajadores del poder judicial, que se encuentran en detalle a disposición de cualquier persona en la página de la Corte, que se sancionan de manera permanente por la Auditoría Superior de la Federación, pero que además cada año se publican íntegros en el diario oficial de la Federación, le va a permitir un nuevo discurso al presidente, al adelantar que será el poder judicial quien revise la constitucionalidad de la eliminación, en una postura de ser jueces y parte.
Estos Fideicomisos, no están destinados para beneficio de 11 ministros en funciones y 22 en retiro; cada uno tiene objetivos específicos que no permiten su uso para fines distintos a los establecidos para su creación; se utilizan de manera complementaria para el pago de derechos laborales y sociales adquiridos por las y los trabajadores del Poder Judicial; la Auditoría Superior de la Federación no ha hecho observaciones sobre la legalidad de los fideicomisos; además, el ejercicio de estos recursos se da bajo reglas de operación previamente emitidas y con plena transparencia, rindiendo cuentas de manera periódica.
El presidente López Obrador, ante de quedarse atascado en el jeep del ejército, publicó en el DOF la extinción de los fideicomisos, y dentro de los 60 días se presentarán las Controversias constitucionales que seguramente las minorías parlamentarias presentarán, además de la lluvia de amparos de los trabajadores, sean individuales o colectivos.
Como consecuencia de estos amparos y acciones de inconstitucionalidad, sin duda se emitirán suspensiones del acto reclamado, con lo cual no podrá entrar en vigor la eliminación de los fideicomisos, proporcionando más elementos de discurso al presidente el afirmar que estarán protegiendo los ministros sus privilegios, cuando esto es totalmente una mentira.
La pregunta del porque no se habían hecho estas acciones de eliminación de los fideicomisos, es porque la ministra Norma Piña, no era la candidata que había elegido el presidente para encabezar el Poder Judicial, sino Yazmín Esquivel, solo que al revisar su historial académico, resultó que había plagiado su tesis de licenciatura, además de la de doctorado, por lo que está todavía en revisión por parte de la UNAM la sanción que se podrá hacer efectiva y que puede llegar a invalidar su licenciatura en derecho.
Ojalá que la prudencia que ha mantenido la corte, al no cerrar totalmente las oficinas de los tribunales federales en todo el país, se pueda mantener y que el presidente se olvide de mandar al diablo a las instituciones y se dedique a devolver la paz y tranquilidad al país, pero si con la destrucción de Acapulco no ha podido, difícilmente lo podría hacer en toda la nación…
*ABOGADO LITIGANTE, MIEMBRO DE LA FECHCA Y LA AECHIH.
