HABLANDO Y ESCRIBIENDO
CONTRA REFORMA PENAL
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO
El pasado miércoles 15 de enero, se habían citado a los representantes del Congreso de la Unión y a los titulares de las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia, dentro de la sede del Senado de la República, para dar a conocer la propuesta para reformar o mejor dicho contra reformar el actual sistema de justicia penal que se encuentra vigente en todo el país.
Por falta de consenso, se dijo, no se dieron a conocer los pormenores de dicha iniciativa, asegurando que se presentará el primero de febrero, sin embargo, se han filtrado diversos contenidos importantes que conviene analizar en detalle.
El primero de ellos es que vuelve la figura del Arraigo, pero ya no solo para delincuencia organizada, sino para todos los delitos; esto significa que si a usted o a mi nos acusan de algún delito, nos pueden detener por 40 días para que la policía investigue y recabe las pruebas necesarias para probar su acusación.
Esta figura del arraigo, se utilizó en más de 4 mil casos durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, pero solo permitieron que en 120 casos se les fincara responsabilidad penal, representando apenas el 2.9%, teniendo a estas personas retenidas por más de 180 días.
Todos fuimos testigos del Michoacanazo, donde se detuvieron para investigar a la mayoría de los alcaldes en funciones, manteniéndolos incomunicados y a los que tuvieron que dejar en libertad, por falta de pruebas.
Hoy, las pruebas que son presentadas por la fiscalía en juicio, o en cualquier etapa del proceso, que son obtenidas por medio de violación a derechos fundamentales, son consideradas como nulas; con la propuesta, no sólo es posible obtener pruebas consideradas ilícitas, sino que éstas pueden ser tomadas en consideración dentro del juicio. Esto es un permiso para la tortura.
Actualmente, el control de detención, se lleva a cabo dentro de una audiencia, en donde se califica de legal o ilegal la detención de una persona detenida por la autoridad; esta audiencia es una de las más importantes porque constituye el momento más vulnerable para el detenido, ya que es conocido y con evidencia demostrado, que entre la detención y puesta a disposición del juez, se presentan torturas, tratos cueles o extorsiones; la propuesta de la autoridad es que sea eliminada esta figura del control de detención, que constituye un contrapeso para los excesos en que caen en numerosas ocasiones los agentes captores.
Otra de las propuestas es la de desaparecer la figura del juez de control, quien actualmente constituye el garante de los derechos del imputado, pero también de la víctima; es una figura de la cual no se puede prescindir en el proceso penal, precisamente porque se encarga del debido proceso…La intención de que sea un juez de juicio oral el que conozca del caso en etapas previas, puede constituir una parcialidad en el proceso, lo que llevaría a que el juzgador tuviera hecha ya una teoría del caso y posiblemente una intencionalidad formal de conducirse antes de iniciar el juicio.
Una más de las propuestas es la que pretende crear un tribunal especializado en materia de responsabilidades penales, para que juzgue a integrantes del Poder Judicial Federal, que incurrieron en delitos relacionados con su responsabilidad.
Actualmente existen dos espacios de control para los juzgadores federales, que es el pleno de ministros y el consejo de la judicatura, por lo que la pretensión de la reforma, es la de incluir un tercer medio de control.
Los titulares de esta unidad de control serian ministros y jueces designados directamente por el Senado, siendo la idea de que sea la cámara de senadores la que sustituya al Consejo de la Judicatura, sobre la actuación de los integrantes del Poder Judicial Federal.
De concretizarse, esta sería una clara violación al principio de división de poderes que consagra la constitucional federal, además de que se constituiría como botín de mayorías en el Senado de la República, al ser estos quienes tengan la posibilidad de escoger de entre sus correligionarios a quienes desarrollarían tan delicada responsabilidad.
Se incluye también en esta contra reforma, la propuesta de crear un Código Penal Único siendo la pretensión de que el congreso sustituya a las legislaturas de los Estados en la facultad de establecer y tipificar delitos.
Temas como la interrupción del embarazo, eutanasia y muerte asistida, que pueden ser consideradas como delictivas, dependiendo de la zona del país, serían legislados por el congreso nacional, eliminando las facultades de los congresos de los Estados.
La situación de inseguridad que impera en el país, hace necesario que el Estado mexicano lleve a cabo reformas que permitan responder a un problema real y vigente, que a pesar de los esfuerzos no ha sido posible su contención.
México se jacta de ser un país democrático y de libertades que ha firmado tratados internacionales para ampliar los derechos humanos de sus habitantes y estas contra reformas de llegar a aprobarse, representarían un retroceso en la función evolutiva de la sociedad.
El derecho penal no está diseñado para eliminar temas de inseguridad y nunca deberá presentarse como solución para abatir los delitos; la restricción de derechos y libertades, generarían si, violaciones permanentes a las personas que pueden ser en su mayoría irreparables.
El anterior sistema mixto o inquisitivo, dejo de existir porque era violatorio de derechos humanos, el proponer nuevamente su vigencia, habla de incapacidad y no de avance democrático; el secuestrar nuestros derechos, siempre traen como consecuencia meter a la cárcel a inocentes o castigar a quienes estorban al poder.
El primero de Febrero sabremos si las propuestas son para reformar o solo para restaurar.
Por otro lado, ante el cierre definitivo de la Casa de la Cultura Jurídica en la ciudad de Chihuahua, este día al punto de las 17 horas 5 de la tarde en el auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la comunidad jurídica de chihuahua, como integrantes del Foro jurídico local, llevamos a cabo una ceremonia de reconocimiento a la maestra Nora Marcela López Tapia, directora de la institución, por su extraordinario desempeño desarrollado a lo largo de varios años, donde los abogados litigantes, académicos e investigadores, tuvimos la oportunidad de abrevar conocimiento jurídico y adquirir nuevas herramientas para el mejor desempeño de nuestras actividades….los esperamos
