La guerra comercial de Donald Trump empieza a enredarse en los tribunales. La justicia de EE UU asestó el jueves un varapalo al núcleo económico de la agenda de Trump al paralizar los aranceles generales y unilaterales del 10% a todas las importaciones, más los especiales para China, Canadá y México. El Tribunal estadounidense de Comercio Internacional considera esas medidas ilegales porque Trump se ha excedido en sus competencias ejecutivas. Las leyes federales, argumentan los magistrados, no otorgan una autoridad ilimitada al presidente para imponer aranceles a capricho; menos aún apelando a la emergencia económica. La anulación iba a tener efecto inmediato, pero un tribunal de apelaciones federal de Washington paralizó la decisión horas después, restituyó los aranceles de forma cautelar y dio un plazo de alegaciones a las partes. La clave de toda la política económica de Trump se encuentra así en el aire de un día para otro.
La reacción furiosa de la Casa Blanca (su principal asesor político habló de “tiranía judicial”) está a la altura de la carga de profundidad que la decisión original, tomada por unanimidad, supone para la política de comercio intimidatorio de Trump, sobre la cual descansan todas sus promesas de prosperidad económica y revitalización de la industria. El embrollo no contribuye a corto plazo a reducir la incertidumbre. La Casa Blanca anunció que está dispuesta a recurrir al Tribunal Supremo, con el argumento de que quien tiene potestad para decidir qué es o no una emergencia nacional es el presidente. La sentencia no invalida ni los aranceles del 25% sobre las importaciones de acero, aluminio y automóviles, ni los planeados sobre productos farmacéuticos, semiconductores, cobre y madera. Los jueces afirman que los aranceles que pueden imponerse apelando al déficit comercial tendrían que ser temporales (150 días) y limitados (a un máximo del 15%).
A la espera de lo que pase con el recurso, la decisión deja en el limbo los recientes acuerdos comerciales alcanzados con China y el Reino Unido, así como las negociaciones en curso con un buen número de países. Y pone en evidencia la vulnerabilidad de la Administración de Trump por las endebles bases legales que sustentan sus medidas, cimentadas sobre una suerte de estado de excepción permanente. Casi dos meses después de la ridícula presentación del “Día de la Liberación”, Trump no puede mostrar ningún avance comercial de calado; solo caos y mercados en permanente estado de nervios.
Los aranceles generalizados no son solo una herramienta de negociación con la que obtener todo tipo de concesiones. Trump contaba con ellos para financiar sus promesas electorales de rebaja de impuestos, que sin esos ingresos adicionales podrían disparar el ya de por sí abultado déficit fiscal. Si los ingresos arancelarios no cumplen las metas previstas, el déficit podría dispararse hasta 9% del PIB, y los mercados pueden mostrar dudas sobre la sostenibilidad fiscal de EE UU. El mercado de bonos ya está lanzando avisos en ese sentido. El PIB estadounidense cerró el primer trimestre en negativo por todo el ruido generado.
El lío judicial proporciona además una inesperada baza negociadora a los socios comerciales de EE UU contra la presión de Washington. La estrategia de esperar y ver de la UE resulta de pronto reivindicada: este es el freno que muchos estaban esperando. Como ha sucedido con la Universidad, la justicia empieza a ser un contrapeso para el trumpismo: EE UU es una democracia compleja en la que los otros poderes parecen, por fin, dispuestos a ponerle freno.
