Extorsión institucional: ¿quién defiende al trabajador?
Es importante comenzar aclarando que este no es un asunto aislado ni exclusivo de unos cuantos trabajadores; es un reflejo de cómo las instituciones pueden fallar en su responsabilidad hacia quienes sostienen el servicio público. Cuando se vulneran derechos como el acceso a una pensión digna, se afecta directamente la estabilidad económica y emocional de personas que han dedicado su vida al trabajo, en este caso, a la educación de generaciones enteras. La falta de transparencia y el abuso de poder en estos procesos no solo comprometen el futuro de quienes están por jubilarse, sino que envían un mensaje peligroso a toda la comunidad: que el Estado puede incumplir sus propias leyes sin consecuencias. Este asunto nos concierne a todos, porque refleja el tipo de sociedad que estamos construyendo y expone cómo las instituciones tratan a quienes, con honestidad y compromiso, les han servido durante años.
Este escenario se ejemplifica de manera clara en los recientes oficios que salieron a la luz pública, donde queda en evidencia el doble juego institucional que condiciona el derecho a una pensión digna. Me llama la atención especialmente el oficio DF-3443-2024, con fecha del 30 de diciembre de 2024, donde el Director de Finanzas de PCE, Gilberto Montañez Pérez, se dirige a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, Olga Verónica García Reyes.
Aunque comienza agradeciendo el pago de la segunda quincena de diciembre, el oficio es en realidad una solicitud para solventar los adeudos de la institución. El Director de Finanzas no escatima en dar cátedra de los preceptos legales que sustentan su petición. En apego a la ley, hace referencia a la obligación que tiene Hacienda de enterar las retenciones y aportaciones, pero lo más importante es que le recuerda la responsabilidad que se genera por los daños o perjuicios derivados del incumplimiento de estas obligaciones.
A su vez, en la tabla donde desglosa el adeudo de más de cuatro mil millones de pesos, queda en evidencia que no se hace ningún cobro por concepto de retenciones, únicamente por aportaciones.
Ahora bien, tomémonos unos segundos para recapitular:
* Hacienda está obligada a hacer las retenciones.
* Hacienda es responsable de enterar esas cuotas retenidas junto con las aportaciones del patrón.
* En ningún momento los trabajadores dictan los montos de sus contribuciones.
* En ningún momento Pensiones recibe las cuotas directamente de los trabajadores.
* Pensiones tiene pleno conocimiento de los preceptos legales que sustentan la situación.
Y, sin embargo, el titular de Prestaciones Económicas condiciona el acceso a una pensión a que el trabajador cubra las diferencias originadas por errores en la retención. A todas luces, se trata de un constreñimiento para obtener un lucro indebido.
Anteriormente he dicho que nuestras prestaciones están secuestradas y que se nos está extorsionando de manera institucional. Lo que en un principio enuncié de forma retórica, hoy sé que tiene sustento penal, tras consultar con expertos en la materia.
Tuve comunicación con el Prof. Luis Alfredo Chico Loya, a quien le negaron una pensión por antigüedad, a pesar de cumplir con todos los requisitos que establece la ley. Su derecho fue condicionado al pago de $139,000.00 (ciento treinta y nueve mil pesos), por concepto de diferencias en la retención de cuotas desde 2014. Le comenté la posibilidad de llevar su caso a la materia penal, ya que en efecto se configura el delito de extorsión, tipificado en el Código Penal Federal:
Artículo 390.-
Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa.
Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o por servidor público o ex-servidor público…
Parece que, para algunos funcionarios, respetar la ley es opcional, como si fueran reglas del Uno. ¿Hasta dónde puede llegar la impunidad en esta administración? La moneda está en el aire, pero las consecuencias de este juego son demasiado serias para dejarlas al azar.
A las autoridades delincuentes se les olvida que están tratando con personas que tienen proyectos de vida, que han consagrado su tiempo y esfuerzo a la educación de la niñez chihuahuense y que ahora merecen un retiro digno. El profesor Chico Loya tiene una fuerte convicción en defender su derecho y ha comenzado a buscar asesoría legal para resolver la situación desde todos los frentes posibles.
De presentarse la querella, el titular de Prestaciones Económicas, Jorge Alvarado, deberá responder ante las autoridades judiciales por su participación en la comisión del delito y, con algo de suerte, no lo volveremos a ver en el servicio público por un buen tiempo. Ni a él, ni a quienes resulten responsables.
Este caso en específico es de particular relevancia, pues será el parteaguas que oriente la solución para muchos otros casos, un precedente importante. Un Comité Ejecutivo Seccional con un mínimo de visión sabría que aquí hay soluciones, ya estaría metiéndole todos los kilos. Pero, una vez más, el agremiado está solo.
Cuando el Prof. Chico Loya solicitó el apoyo sindical, el Coordinador de la Región Centro Sur, Alonso Ley, lo canalizó con el Prof. Quiroz, quien generosamente le ofreció estructurar un préstamo en SIMAP para que le pague a PCE. El sindicato, que debería ser el primer frente de defensa ante estos atropellos, ha optado por la omisión y la complacencia. ¿Qué representa entonces su existencia si no es para defender a su base?
Si permitimos que estas prácticas se normalicen, ¿qué nos espera a quienes apenas comenzamos a construir nuestro futuro? La defensa de un retiro digno no debería ser una lucha individual, sino una causa colectiva.
El llamado es:
* A las y los compañeros afectados: defendámonos juntos.
* A quienes aún no están en esta situación, pero comprenden las implicaciones de tolerar las injusticias contra los trabajadores: acompáñennos en esta lucha.
* Y, finalmente, al Comité Ejecutivo Seccional: dejen de simular defensa y asúmanse como un auténtico órgano defensor de nuestras prestaciones, más allá de poner un marco en la foto de perfil en Facebook… Otra vez.
