Es Chihuahua punto de encuentro para contralores del noroeste del país
-Capacitará SFP a servidores públicos de todo el país con un curso para elaborar reglamentos más claros y eficientes
El estado de Chihuahua fue el punto de encuentro de la Segunda Asamblea Ordinaria 2026 de la Región Noroeste de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), donde representantes locales y de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora compartieron experiencias y fortalecieron el trabajo conjunto.
Durante el encuentro, el secretario de la Función Pública, Roberto Javier Fierro Duarte, destacó que la confianza de las personas en sus instituciones se construye con decisiones honestas y con la certeza de que el servicio público existe para mejorar la vida de la gente.
“La integridad debe practicarse siempre, incluso cuando nadie observa, pues detrás de cada decisión hay un impacto real en la vida de las personas”, dijo.
Reconoció que los retos del país exigen instituciones fuertes y cercanas a la ciudadanía, y que ese es precisamente el espíritu que reunió a los cinco estados en esta jornada.
Presentó además los avances de un proyecto que la SFP ha trabajado por tres años consecutivos: la Metodología Integral para la Elaboración de Reglamentos Interiores y Estatutos Orgánicos.
Explicó que, tras un diagnóstico nacional y una guía metodológica desarrollados en los dos primeros años, ese conocimiento se transformó ahora en un curso autogestivo e interactivo para las y los servidores públicos.
Indicó que en agosto abrirán las inscripciones, en septiembre se habilitará la plataforma y arrancará la actividad, y en octubre se realizará un taller virtual práctico con casos y ejercicios aplicados.
La jornada se completó con la conferencia de Héctor Acosta, auditor superior del Estado, quien habló sobre las áreas de oportunidad del Sistema Nacional de Fiscalización.
Por su parte, el magistrado Alejandro Tavares, presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, presentó un análisis sobre el recurso de reclamación a una década de la expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
