Por Eduardo Arredondo
Hay declaraciones que encienden la conversación política, pero no necesariamente resuelven la verdad. Las recientes afirmaciones de Javier Corral sobre las 48 denuncias o procedimientos que presuntamente pesan sobre Cruz Pérez Cuéllar colocan nuevamente al alcalde de Ciudad Juárez bajo el reflector rumbo a 2027.
Pero aquí está la clave: una denuncia no es una sentencia y una acusación no equivale a culpabilidad.
El problema es que en política el número pesa.
Decir “48 denuncias” genera impacto, despierta sospechas y alimenta titulares. Pero un ciudadano que realmente quiere saber la verdad debería formular preguntas mucho más incómodas:
¿Cuántas son realmente? ¿Quién las presentó? ¿De qué se acusa exactamente a Cruz? ¿Cuáles siguen abiertas? ¿Cuáles fueron archivadas? ¿En cuáles existen investigaciones formales y en cuáles hay resoluciones?
Porque si existen 48 expedientes, el ciudadano tiene derecho a conocerlos.
Y si no son 48 investigaciones vigentes, también tiene derecho a saberlo.
EL ELECTOR YA NO QUIERE DISCURSOS
El votante que busca un candidato honesto no necesariamente va a ponerse del lado de Corral ni del lado de Cruz.
Puede decir:
“No quiero que me digan quién es bueno y quién es malo. Enséñenme los documentos.”
Ese es el verdadero desafío.
Porque Morena tendrá que explicar qué criterios utilizará para seleccionar a sus candidatos rumbo a 2027. Si el discurso es honestidad, transparencia y combate a la corrupción, entonces el estándar debe ser exactamente el mismo para todos.
No puede haber candidatos intocables.
Pero tampoco puede haber condenados mediáticamente sin sentencia.
¿Y CORRAL?
Tampoco hay que olvidar que Javier Corral y Cruz Pérez Cuéllar llevan años enfrentados política y jurídicamente.
Eso significa que Corral no habla desde una posición completamente ajena a la disputa.
Y aquí aparece una segunda pregunta:
¿Debemos creerle a Corral solamente porque acusa a Cruz?
La respuesta responsable es no.
Pero tampoco debemos descartar sus señalamientos simplemente porque existe una rivalidad política.
Que hablen los expedientes.
LA ELECCIÓN DEL 2027 PODRÍA JUGARSE EN LOS ARCHIVOS
Lo verdaderamente peligroso para cualquier aspirante no es que exista una acusación.
Lo peligroso es no poder explicar convincentemente qué hay detrás de ella.
Cruz Pérez Cuéllar tendrá que responder políticamente a sus críticos. Corral tendrá que sostener con documentos aquello que afirma. Y Morena tendrá que demostrar que sus procesos de selección no se hacen con el viejo método del “dedazo”, los acuerdos de grupo o la conveniencia electoral.
Porque el ciudadano también puede preguntar:
¿Van a escoger al candidato más popular o al candidato con el expediente más limpio?
Ahí está el verdadero debate.
NI CORRAL NI CRUZ: LOS DOCUMENTOS
En esta historia hay una regla que debería estar por encima de cualquier partido:
No creer ciegamente. No condenar anticipadamente. Investigar.
Si las 48 denuncias existen, que se conozcan.
Si algunas fueron archivadas, que se informe.
Si otras continúan abiertas, que se explique su estado.
Si hubo responsabilidades determinadas, que se documenten.
Y si las acusaciones no tienen sustento, que también quede claro.
Porque el elector de Chihuahua no necesita otro pleito entre políticos.
Necesita información para decidir.
En 2027 no solamente estará en juego quién puede ganar una elección.
Estará en juego quién puede convencer al ciudadano de que merece su confianza.
Y esa confianza no se gana con acusaciones.
Se gana con cuentas claras.
— Eduardo Arredondo
El senador Cruz Pérez Cuéllar informó que un juzgado federal ordenó que tanto el gobernador Javier Corral Jurado, como el fiscal general César Augusto Peniche Espejel y otros servidores públicos de la actual administración estatal, se abstengan de emitir juicios personales ante la sociedad que contribuyan a formar una opinión pública en lo relativo a las supuestas investigaciones que se llevan a cabo en su contra.
Lo anterior, luego de que el mandatario estatal y el propio fiscal general en varias ocasiones hicieran declaraciones a medios de comunicación en ruedas de prensa oficiales y entrevistas, falseando información y manipulando la verdad sobre los hechos que se atribuyen al senador Pérez Cuéllar, “vulnerando con ello sus derechos al honor, honra, reputación y presunción de inocencia”, según la “suspensión al derecho reclamado” otorgada por el juzgado Undécimo de Distrito para el estado de Chihuahua en contra de los funcionarios mencionados.
