Una fuente extraoficial indicó que los casos contra el chihuahuense no avanzaron, en parte porque las conductas penales en México no tenían un equivalente a las sancionadas por la justicia estadounidense.
Ciudad de México— En caso de no variar los términos de la solicitud de extradición, César Duarte no podrá ser juzgado en México por la veintena de casos de supuesta corrupción, incluido el desvío de 250 millones de pesos a las campañas del PRI.
Su actual procedimiento de extradición se basa en una orden de aprehensión del fuero común por los delitos de peculado y asociación delictuosa, relacionados con un presunto desvío de 96.6 millones de pesos de las arcas de Chihuahua a dos de sus empresas.
Pero contra el exgobernador de Chihuahua han sido libradas por lo menos otras 21 órdenes de aprehensión, 20 de la jurisdicción estatal por ilícitos diversos y una federal por delitos electorales.
En los casi tres años que llevaba como prófugo de la justicia, el Departamento de Estado estadounidense nunca aceptó tramitar el proceso de extradición por alguna de las imputaciones incluidas en esta veintena de expedientes.
De hecho, el caso que finalmente aceptaron tramitar los estadounidenses corresponde a la última orden de aprehensión que fue librada contra Duarte, en este caso por una juez del fuero común de Chihuahua, el pasado 8 de octubre.
En materia de extradición, la norma vigente establece que un imputado sólo puede ser procesado en el país requirente por las imputaciones que autorice el país requerido.
Si Duarte fuera extraditado bajo los términos actuales, en México sólo podría ser llevado a la justicia y procesado por el caso de los 96.6 millones.
Quedarían sin ser sancionado por los 250 millones presuntamente desviados al PRI; los contratos simulados por 379 millones 204 mil 999 pesos a Asesoría y Servicios Online; y un desvío de 246 millones desde la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, por citar tres de los casos de mayor cuantía.
Tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Fiscalía General de la República podrían gestionar la autorización de Estados Unidos para que el exmandatario pueda ser procesado en nuestro País por el resto de las imputaciones.
Sin embargo, según información que en su momento dio a conocer el gobernador Javier Corral, en el pasado se llegó a tramitar la extradición de su antecesor hasta por 15 de las imputaciones y ninguna logró llegar ante las instancias judiciales estadounidenses.
En caso de no variar los términos de la solicitud de extradición no podrá ser juzgado por las 20 acusaciones de supuesta corrupción
