La columna
POR CARLOS JARAMILLO VELA
La columna
POR CARLOS JARAMILLO VELA
El empeño de AMLO en la descomposición política de México.
Actualmente se vive un proceso descomposición política en México. Esta etapa de degradación del Estado comenzó hace cuatro años y medio, y su responsable es del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a través de su insultante discurso así como mediante las constantes transgresiones a la Constitución, ha socavado a la moral pública, ha abandonado el cuidado de las formas que deben caracterizar al ejercicio de la investidura presidencial, y ha abusado del poder a su cargo. Hoy el escenario de discordia que se percibe en los ámbitos político y social constituye una una realidad innegable y perjudicial. Lo mismo ocurre en el terreno de la constitucionalidad y la legalidad, cuya inobservancia sistemática solo se explica por los intereses ideológicos y electorales de López Obrador.
Las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el desempeño de su labor como órgano garante de la Constitución y las leyes, han evidenciado el ilícito y abusivo proceder que de manera reiterada ha mostrado mandatario durante su ejercicio de gobierno. Dicho Poder Judicial ha declarado inconstitucionales varias de las acciones impuestas por la voluntad y el interés presidencial a contrapelo de la ley. Las resoluciones de inconstitucionalidad emitidas por la SCJN han puesto en evidencia la ilicitud del gobierno en asuntos como la adscripción de la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, la aprobación de la reforma electoral, y la emisión del decreto que confiere el carácter de proyectos de seguridad nacional al Tren Maya y otras obras de infraestructura de la presente administración federal.
Particularmente el decreto presidencial relativo al Tren Maya fue invalidado por la SCJN porque al catalogar como proyectos de seguridad nacional a esta obra de infraestructura el presidente lo que pretende es imposibilitar el acceso a la información sobre el monto presupuesto ejercido y los nombres de las personas a quienes les han sido otorgados contratos durante la ejecución de tal obra, y con dicho decreto el mandatario anula el derecho de acceso a la información que por mandato de la Constitución nos asiste a todos los ciudadanos. La respuesta inmediata del presidente al tener conocimiento del sentido de la resolución de la Corte de Justicia, fue la emisión de un nuevo decreto igual al invalidado, con lo que se demuestra el caprichoso nivel de confrontación asumido por el Poder Ejecutivo frente al Poder judicial. Detrás de esta caprichosa respuesta presidencial también se percibe en modo claro una actitud de empecinamiento y arrogancia por parte del mandatario. Además, el nuevo decreto constituye en los hechos un desacato a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El enfrentamiento del presidente con la SCJN viene desde el principio de su administración, y se ha agudizado en los últimos meses, ante los reveses jurídicos sufridos por López Obrador al ser declarada por el poder judicial la inconstitucionalidad de las referidas acciones del poder ejecutivo. A últimas fechas
el mandatario ha traspasado los límites que le imponen el sentido común, la división de poderes y la urbanidad política, pues con absoluto desenfreno y sin el menor respeto ha dicho que el Poder Judicial se encuentra corrompido y lleno de delincuentes de cuello blanco. Además, con el apoyo del partido político fundado por él –MORENA-, el presidente López Obrador promueve intensamente una campaña orientada a lograr que los miembros del Poder Judicial sean designados por voto popular. Tal propósito ha sido calificado como un disparate por los expertos en materia jurídica, pues es evidente que un cambio en el proceso de conformación de los órganos jurisdiccionales como el pretendido por el presidente significaría la politización de éstos, y en consecuencia implicaría la pérdida de la imparcialidad que la Constitución exige a todo tribunal.
También ha sido ampliamente cuestionado el férreo afán presidencial por extinguir al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), al cual ha mantenido en la inoperancia durante meses debido a la permanente omisión de los senadores morenistas quienes se niegan a aprobar el nombramiento del comisionado necesario para que dicho ente pueda sesionar y emitir sus determinaciones. El presidente está decidido a acabar con el INAI, o al menos, mantenerlo inhabilitado, pues sabe que dicha institución lo obliga a rendir cuentas y transparentar la información sobre las obras y el manejo en general de su gobierno, lo cual al mandatario no le agrada. Hoy el presidente de López Obrador, autor de la tristemente célebre frase “al diablo con las instituciones” -que acuñó en 2006 al negarse a aceptar su derrota electoral de ese año-, está demostrando su indeclinable determinación de acabar con la instituciones así como con el orden jurídico-político establecido en la Constitución de México.
Actualmente se vive un proceso descomposición política en México. Esta etapa de degradación del Estado comenzó hace cuatro años y medio, y su responsable es del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a través de su insultante discurso así como mediante las constantes transgresiones a la Constitución, ha socavado a la moral pública, ha abandonado el cuidado de las formas que deben caracterizar al ejercicio de la investidura presidencial, y ha abusado del poder a su cargo. Hoy el escenario de discordia que se percibe en los ámbitos político y social constituye una una realidad innegable y perjudicial. Lo mismo ocurre en el terreno de la constitucionalidad y la legalidad, cuya inobservancia sistemática solo se explica por los intereses ideológicos y electorales de López Obrador.
Las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el desempeño de su labor como órgano garante de la Constitución y las leyes, han evidenciado el ilícito y abusivo proceder que de manera reiterada ha mostrado mandatario durante su ejercicio de gobierno. Dicho Poder Judicial ha declarado inconstitucionales varias de las acciones impuestas por la voluntad y el interés presidencial a contrapelo de la ley. Las resoluciones de inconstitucionalidad emitidas por la SCJN han puesto en evidencia la ilicitud del gobierno en asuntos como la adscripción de la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, la aprobación de la reforma electoral, y la emisión del decreto que confiere el carácter de proyectos de seguridad nacional al Tren Maya y otras obras de infraestructura de la presente administración federal.
Particularmente el decreto presidencial relativo al Tren Maya fue invalidado por la SCJN porque al catalogar como proyectos de seguridad nacional a esta obra de infraestructura el presidente lo que pretende es imposibilitar el acceso a la información sobre el monto presupuesto ejercido y los nombres de las personas a quienes les han sido otorgados contratos durante la ejecución de tal obra, y con dicho decreto el mandatario anula el derecho de acceso a la información que por mandato de la Constitución nos asiste a todos los ciudadanos. La respuesta inmediata del presidente al tener conocimiento del sentido de la resolución de la Corte de Justicia, fue la emisión de un nuevo decreto igual al invalidado, con lo que se demuestra el caprichoso nivel de confrontación asumido por el Poder Ejecutivo frente al Poder judicial. Detrás de esta caprichosa respuesta presidencial también se percibe en modo claro una actitud de empecinamiento y arrogancia por parte del mandatario. Además, el nuevo decreto constituye en los hechos un desacato a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El enfrentamiento del presidente con la SCJN viene desde el principio de su administración, y se ha agudizado en los últimos meses, ante los reveses jurídicos sufridos por López Obrador al ser declarada por el poder judicial la inconstitucionalidad de las referidas acciones del poder ejecutivo. A últimas fechas
el mandatario ha traspasado los límites que le imponen el sentido común, la división de poderes y la urbanidad política, pues con absoluto desenfreno y sin el menor respeto ha dicho que el Poder Judicial se encuentra corrompido y lleno de delincuentes de cuello blanco. Además, con el apoyo del partido político fundado por él –MORENA-, el presidente López Obrador promueve intensamente una campaña orientada a lograr que los miembros del Poder Judicial sean designados por voto popular. Tal propósito ha sido calificado como un disparate por los expertos en materia jurídica, pues es evidente que un cambio en el proceso de conformación de los órganos jurisdiccionales como el pretendido por el presidente significaría la politización de éstos, y en consecuencia implicaría la pérdida de la imparcialidad que la Constitución exige a todo tribunal.
También ha sido ampliamente cuestionado el férreo afán presidencial por extinguir al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), al cual ha mantenido en la inoperancia durante meses debido a la permanente omisión de los senadores morenistas quienes se niegan a aprobar el nombramiento del comisionado necesario para que dicho ente pueda sesionar y emitir sus determinaciones. El presidente está decidido a acabar con el INAI, o al menos, mantenerlo inhabilitado, pues sabe que dicha institución lo obliga a rendir cuentas y transparentar la información sobre las obras y el manejo en general de su gobierno, lo cual al mandatario no le agrada. Hoy el presidente de López Obrador, autor de la tristemente célebre frase “al diablo con las instituciones” -que acuñó en 2006 al negarse a aceptar su derrota electoral de ese año-, está demostrando su indeclinable determinación de acabar con la instituciones así como con el orden jurídico-político establecido en la Constitución de México.
