El primer año del actual gobierno estuvo marcado por un esfuerzo explícito de consolidación fiscal en un entorno económico particularmente adverso. Al final, no se logró controlar el déficit público en los términos originalmente previstos, pese a la contención del gasto y a una mayor recaudación. Dos factores explican este resultado. El primero fue un menor dinamismo de la economía: mientras la Secretaría de Hacienda estimaba un crecimiento de 2.5% para 2025, la actividad económica avanzó apenas 0.7%, lo que redujo la base sobre la cual se financian las finanzas públicas. El segundo factor —que presionó de manera significativa el balance fiscal— fueron las transferencias a Pemex muy por encima de lo aprobado.
Como resultado de mayores apoyos a Pemex, la Secretaría de Energía sobrepasó su presupuesto en 189%, equivalente a 262.4 mil millones de pesos (mmdp). Para dimensionar, este sobreejercicio es 4.3 veces el presupuesto total de la Secretaría de Salud en 2025, que fue de 60 mmdp.
En este contexto, el endeudamiento neto anual del sector público —medido a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP)— cerró en 4.8% del producto interno bruto (PIB), por encima del 3.9% estimado al inicio del ejercicio. Aunque este déficit fue menor al observado en 2024, siguió siendo uno de los más elevados desde la crisis financiera de 2008 y superó la meta de endeudamiento aprobada.
Esfuerzo recaudatorio
Frente a este escenario, uno de los principales aciertos fue el esfuerzo por fortalecer los ingresos públicos. La recaudación tributaria alcanzó un máximo histórico de 5.3 billones de pesos, con un crecimiento real de 4.1% respecto a 2024, impulsado principalmente por el impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA). Además, la recaudación superó en 1% lo programado, una señal positiva de fortalecimiento de la capacidad fiscal del Estado y de avances en la eficiencia recaudatoria.
Esta eficiencia amortiguó el impacto del ajuste sobre el gasto social, en un intento por evitar retrocesos más profundos en el ejercicio de los derechos sociales. En un entorno de restricciones fiscales, se combatió el rezago en áreas clave para el bienestar cotidiano de la población: el gasto en Estado de derecho fue 13.8% superior a lo aprobado; salud rebasó su meta anual en 8.3%; ciencia y tecnología en 9%; y educación cumplió su programa, con un ligero sobreejercicio.
