El Cochinero Judicial
Desde el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, todos los días se llevan a cabo alrededor de 20 desalojos de propietarios de sus casas, derivado de juicios en rebeldía por notificaciones falsas que se venden al por mayor.
Lo mismo sucede en las zonas serranas, en que desde algunos juzgados se falsifican no solo las notificaciones, sino hasta los acuerdos y las sentencias, en una red de tráfico de menores y despojo de ranchos, que es solapada desde la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia.
En la Ciudad de Chihuahua, los Consejeros de la Judicatura, Myriam Hernández Acosta y Luis Villegas Montes, cuentan con órdenes de protección en su contra y a favor de sus víctimas, derivado de sus actos de extorsión a varios jueces, por lo que enfrenten procesos penales, cobijados por la Fiscalía General del Estado.
Además, hay evidencia del tráfico de influencias en el suministro de vehículos al poder judicial, en los acuerdos comerciales entre Myriam Hernández Acosta y Víctor Cruz Russek, pareja de la gobernadora, en que por lo pronto se ha pagado 100 millones de pesos por 50 vehículos sin licitación, en actos que hacen recordar ejercicios imperiales del pasado, que se pensó que nunca trascenderían.
Todas esas redes de corrupción y ese sistema de impunidad, es el que se van a ratificar el próximo miércoles, con la imposición de Myriam Hernández Acosta por otros tres años más al frente del Poder Judicial.
El pasado viernes se dieron cita en el Sheraton los presidentes de los tribunales superiores de todo el país. Habían sido convocados desde hacía meses, al igual que la gobernadora Maru Campos y la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas. Una oportunidad de oro para robustecer la imagen del gobierno estatal.
También desde una semana antes, los defraudados de Aras estuvieron convocando, incluso a través de los medios y redes sociales, a los inconformes con la actuación de la Fiscalía General del Estado y con el Poder Judicial, a protestar la negativa a localizar, procesar y sentenciar a todos los responsables, así como a indemnizar a los afectados.
Durante la semana previa al evento, se dio cuenta de que el enfoque pragmático que caracteriza a Santiago de la Peña, quien se rumora que tomará por asalto el Poder Judicial apoyado por el Fiscal General Cesar Jáuregui, pero ya desde el Congreso, fue el camino de las amenazas, la intimidación y hasta las falsas promesas de que ahora si les pagarían, lo que sea, pero que por ningún motivo acudieran a ser vistos en el evento del CONATRIB. Que en lo oscuro todo, con transparencia, nada.
A pesar de los esfuerzos del estado por apagar las voces disidentes, poniendo su vida en riesgo y contra todo pronóstico, los defraudados de aras se hicieron escuchar fuerte y claro en todo el país y en múltiples medios de comunicación, que les dieron un foro y una voz, no así por parte de las autoridades, que ni los ven ni los oyen.
La ya anunciada imposición de Myriam Hernández como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, por parte de Maru Campos el próximo 4 de octubre, no debe sorprender a nadie, en un gobierno que se ha caracterizado por la represión, la falta de sensibilidad social y los ataques a la independencia judicial, bajo una ingobernabilidad que hace parecer que el sexenio llegara a su fin en vez de estar apenas iniciando.
Con la imposición de Myriam Hernández por parte de la gobernadora, se debilitan sus reclamos de autocracia federal y ataques al poder judicial federal desde el ejecutivo federal, en un ejercicio de incongruencia que la hace perder el piso moral de cara a las elecciones del próximo año, convirtiéndose en un lastre para la campaña de Xochitl Gálvez en su mensaje de empoderamiento a la mujer por medio del combate a la corrupción y a la impunidad.
