Desde Reinserta A.C. expresamos nuestra profunda indignación ante las declaraciones de autoridades que, tras el feminicidio de dos maestras en Michoacán, han propuesto juzgar a adolescentes como adultos e incluso han puesto en entredicho la vigencia de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Estas posturas no solo contravienen el marco jurídico nacional e internacional en materia de justicia para adolescentes, sino que evidencian una comprensión reduccionista, reactiva y peligrosamente punitivista de la violencia. Apostar por el endurecimiento penal como respuesta central no solo es técnicamente infundado, sino que constituye una renuncia explícita del Estado a su obligación de prevenir, atender y transformar las causas estructurales del delito.
En este contexto, resulta especialmente preocupante que diversas voces políticas hayan planteado públicamente medidas como la pena de muerte, el juzgamiento de adolescentes bajo regímenes penales de adultos o la ampliación de sanciones punitivas como respuesta a estos hechos. Estas propuestas, además de ser jurídicamente inviables en algunos casos y regresivas en todos, evidencian una tendencia alarmante a sustituir el análisis estructural por respuestas reactivas de castigo. Lejos de fortalecer la seguridad, este tipo de planteamientos debilita el Estado de derecho, vulnera estándares internacionales en materia de derechos de la niñez y adolescencia, y consolida una narrativa que privilegia la sanción sobre la prevención.
El debate público ha sido capturado por una narrativa centrada exclusivamente en el hecho delictivo, invisibilizando los factores de riesgo acumulados que pudieron hacerlo posible: trayectorias de vida marcadas por violencias previas, entornos de exclusión, fallas sistemáticas en los mecanismos de protección y una ausencia reiterada de intervención institucional oportuna. Ignorar estos determinantes y privilegiar el castigo es no solo ineficaz desde la evidencia empírica, sino éticamente irresponsable.
El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes no tiene como finalidad la maximización del castigo, sino la intervención diferenciada, especializada y proporcional, orientada a la reintegración social y a la no repetición del delito. Su diseño responde a estándares internacionales que reconocen la condición de desarrollo de las personas adolescentes y la obligación del Estado de garantizar procesos restaurativos y de acompañamiento. Desmantelar este sistema o trasladar a adolescentes a esquemas punitivos diseñados para adultos no fortalece la seguridad, la compromete. La evidencia es clara: a mayor exposición temprana a sistemas penales punitivos, mayor probabilidad de reincidencia y consolidación de trayectorias delictivas.
Asimismo, resulta particularmente alarmante que, mientras se impulsa la expansión del poder punitivo sobre adolescentes, el Estado continúa mostrando limitaciones estructurales para investigar, procesar y sancionar eficazmente a personas adultas que generan, sostienen y se benefician de contextos de violencia. Esta asimetría no sólo revela una falla institucional, sino una peligrosa tendencia a desplazar la responsabilidad hacia poblaciones que deberían ser prioritarias en términos de protección reforzada.
El punitivismo, además de ser un enfoque regresivo, opera como una respuesta simbólica que busca satisfacer la demanda social de justicia sin transformar las condiciones que producen la violencia. Endurecer penas no previene delitos, no repara a las víctimas y no fortalece el Estado de derecho; únicamente produce una ilusión de control que desvía la atención de las verdaderas obligaciones del Estado.
Existen rutas claras basadas en evidencia para prevenir estas tragedias: políticas públicas centradas en la primera infancia, sistemas de protección efectivos, intervención temprana en contextos de violencia, fortalecimiento de capacidades familiares y comunitarias, y mecanismos de atención integral para adolescentes en riesgo. Sin embargo, estas estrategias han sido sistemáticamente relegadas en favor de respuestas reactivas de corto plazo.
Desde Reinserta hacemos un llamado urgente a reencauzar el debate público y la acción institucional hacia un enfoque de seguridad basado en derechos, prevención y atención integral. Colocar a niñas, niños y adolescentes en el centro no es una postura ideológica, es una obligación constitucional y una condición indispensable para la construcción de paz. Porque la seguridad no se construye ampliando el castigo, sino reduciendo las violencias que lo hacen necesario. Y renunciar a ello no solo es un error técnico, es una decisión política con consecuencias profundas para el futuro del país.
