La presidenta Claudia Sheinbaum logró frenar por un mes la imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos (EE. UU.), encabezado por Donald Trump. Lo anterior, a cambio de comprometer recursos para reforzar la seguridad de la frontera, y evitar el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, en particular fentanilo.
En México Evalúa, celebramos los resultados de las negociaciones encabezadas por la presidenta. Sin embargo, los acuerdos establecidos a corto plazo y las probables amenazas futuras de Donald Trump representan desafíos significativos para la agenda nacional de políticas públicas en materia de seguridad, justicia y comercio bilateral, lo que sin duda impactará en el Paquete Económico que se aprobó para este año.
A pesar de los desafíos, consideramos que este momento ofrece claras oportunidades —si se saben identificar y aprovechar— para resolver las disfunciones de nuestro aparato gubernamental. Por ello, buscamos contribuir con un diagnóstico y recomendaciones enfocadas en mitigar las repercusiones económicas y sociales que podrían generarse a corto y mediano plazos.
En materia de comercio bilateral
La imposición de un arancel general del 25% a todas las exportaciones mexicanas afectaría gravemente la confianza con nuestros socios comerciales y pondría en entredicho el propósito del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Para dimensionar, en 2024, 83% de las exportaciones de México tienen como destino EE. UU., mientras que un tercio de sus importaciones provinieron de México (15.5%) y Canadá (14.8%).
En el corto plazo, la medida distorsionaría los mercados financieros, y afectaría a empresas y trabajadores en sectores clave como automotriz, agroindustria y electrónicos con un efecto expansivo a la economía de nuestro país. Habría encarecimiento de insumos y componentes en industrias integradas. Consumidores y empresas enfrentarían mayor inflación, que erosionaría el poder adquisitivo y los márgenes de ganancia, lo que a su vez disminuiría la capacidad de reinversión. Esto frenaría inversiones y los procesos de relocalización (nearshoring) en territorio mexicano y se debilitaría la competitividad de la región frente a otros países.
Ante la imposición de tarifas, la resultante depreciación del peso podría mitigar el impacto de pérdida de valor para los exportadores; pero al mismo tiempo subiría el costo de las importaciones y aumentaría los montos de deuda en dólares del Gobierno y de las empresas. Destaca el riesgo cambiario de la deuda de Pemex denominada en moneda extranjera, que actualmente representa el 84.6% del apalancamiento total. Esto plantea una considerable exposición al riesgo que debe tomarse en cuenta en el escenario de una depreciación del tipo de cambio mexicano.
México tiene bases legales para impugnar la medida ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el T-MEC, pero el proceso sería lento y dependería de la voluntad de EE. UU. para acatar un fallo. Además, el decreto presidencial de Trump se basa en la International Emergency Economic Powers Act, lo que le otorga facultades excepcionales para intervenir en el comercio exterior bajo el argumento de una amenaza a la seguridad de su país.
Igualmente, México podría recurrir a represalias comerciales, pero ocasionaría más disrupciones en las cadenas de suministro, dado que EE. UU. representa el 42.7% de nuestras importaciones. Entre ellas, el 72% de los petrolíferos y del gas natural. El mercado interno sufriría una importante contracción que acarrearía desempleo y pérdida de poder adquisitivo a la población.
La complementariedad entre EE. UU., Canadá y México es un hecho, y está demostrado que permite a la región contar con bienes y servicios producidos de manera eficiente. A través de la inversión, la generación de empleos y la oportunidad de detonar innovación tecnológica y seguridad energética, se impulsa el crecimiento económico de los tres países.
Para enfrentar esta crisis y pensar en el largo plazo, el Gobierno de México podría asumir el liderazgo y construir una estrategia de incidencia constructiva enfocada en los beneficios de la integración comercial, no únicamente por la vía diplomática en EE. UU. y Canadá, sino a través de sus gubernaturas, cámaras legislativas y empresariales, think tanks y universidades. El objetivo es articular una defensa constante del T-MEC no solo ante el presidente Trump, sino ante el Congreso de los EE. UU. y los congresos locales.
En caso de que los aranceles fueran una realidad, sería pertinente negociar por sector tasas lo menos dañinas posibles, y exceptuar a las industrias estratégicas como automotriz, energética y electrónica.
En materia de seguridad
El despliegue de 10 mil elementos adicionales de la Guardia Nacional (GN) puede ayudar a contener el paso de fentanilo e inmigrantes ilegales a Estados Unidos, aliviando las presiones de Trump a corto plazo. No obstante, en caso de prolongarse la medida, se incrementarían los riesgos para la gobernabilidad democrática. Ello se aunaría a las crisis actuales de violencia, los recientes recortes presupuestales en materia de seguridad (del 0.7% al 0.5% del PIB de 2024 a 2025), y las debilidades institucionales de policías y fiscalías locales.
Los patrullajes fronterizos pueden aumentar la violencia del crimen organizado (disturbios, bloqueos, masacres) e intensificar la explotación de otros negocios ilícitos, como el cobro de piso. También incrementarían las violaciones a derechos humanos de migrantes, y dejaría en mayor vulnerabilidad a otras regiones frente al crimen. Para mitigar lo anterior, y abonar a neutralizar las presiones del presidente Trump, es necesario fortalecer la estrategia de seguridad al abordarla desde un punto de vista integral.
De inmediato, la política requiere maximizar los recursos disponibles y una estrategia que apueste por la efectividad. Preocupa que la concentración de elementos a lo largo de la frontera implica descuidar la seguridad de otras regiones del país. Por eso, los elementos de la GN que se asignen para la misión en la frontera norte deben provenir, preferentemente, de las entidades donde sea menos indispensable su presencia; es decir, aquellas que cuenten con las mejores capacidades locales para contener la criminalidad. El enfoque de los operativos fronterizos debería llevarse a cabo sobre todo en focos rojos de tráfico de drogas.
Para fortalecer la estrategia, buscar su sostenibilidad y detonar procesos reales de pacificación, es necesario acelerar, desde ahora, el desarrollo de competencias de policías y fiscalías locales, para que cada territorio cuente con capacidades endógenas para la contención y reducción de la violencia, a través de la prevención y el acceso a la justicia. Lo anterior demanda incrementar los recursos en dicho rubro y mejorar la coordinación para la transferencia de conocimiento.
En materia de justicia
Es fundamental garantizar un sistema eficaz y transparente que permita, a empresas y consumidores, recurrir a mecanismos legales para la protección de sus derechos y dirimir conflictos.
Por ello, consideramos que esta crisis también es una oportunidad para replantear la reforma judicial, o al menos postergar su entrada en vigor, ya que la elección por voto popular incrementa el riesgo de que grupos de interés —entre ellos el crimen organizado— intervengan en el tema de impartición de justicia.
En el contexto actual, empresas, inversionistas y productores deben contar con certidumbre jurídica, clave para mantener la confianza, inversiones, mayor crecimiento y la generación de empleos. Es importante que las condiciones de transparencia y la calidad de la justicia se fortalezcan, con miras a acabar con los casos de impunidad.
En materia de presupuesto
El Paquete Económico requiere ajustes. Está planteado a partir de un crecimiento económico de 2.5%, el cual tiene bajas posibilidades de materializarse porque supera de manera considerable las expectativas de los analistas nacionales e internacionales que en promedio rondan el 1%. Un menor crecimiento económico podría debilitar los ingresos tributarios, es decir la capacidad del Gobierno de financiar los compromisos establecidos y los nuevos que han surgido, como la promesa de incrementar la presencia de fuerzas de seguridad en la frontera norte. Será todo un reto ante el ajuste fiscal aplicado en 2025.
Los recursos aprobados para procurar el Estado de derecho (justicia, policías civil, ejército) en 2025 serán de 315.6 mmdp, el peor que se tenga registro desde 2012. Asimismo, el presupuesto del Instituto Nacional de Migración (INM) contará con 1.6 mmdp, el nivel más bajo desde 2008.
La implementación de estrategias enfocadas en reducir el tráfico de fentanilo, de armas y la gestión de la migración requerirá de un financiamiento adecuado. Para evitar un mayor endeudamiento o recortes en otros rubros como educación o salud, es indispensable que el Gobierno revise las prioridades de su gasto y evite el dispendio de recursos en empresas y proyectos no rentables.
El gobierno debe aclarar los cambios que llegue a hacer al presupuesto para cumplir con los compromisos establecidos con el presidente Trump. Es importante que informe cómo va a costear dichas acciones, además los cambios deben discutirse y aprobarse por la Cámara de Diputados y/o el Congreso, según corresponda.
En materia de anticorrupción
Para fortalecer el combate al crimen organizado, es necesario debilitar sus mecanismos de financiamiento. Para ello, debe consolidarse la cooperación en materia de inteligencia bilateral.
Las estructuras criminales no sólo tejen redes entre ellas, también suelen involucrar a funcionarios públicos que pueden utilizar el sistema financiero de ambos países para el lavado de recursos de procedencia ilícita. Desarticular estas redes criminales debería ser una prioridad en los dos lados de la frontera.
Aunado a la inteligencia financiera, es necesario implementar un nuevo sistema de compras gubernamentales para mejorar el ejercicio y transparencia del gasto público. También se debe establecer un sistema de beneficiarios finales para prevenir el desvío de recursos y —sobre todo— la creación de empresas vinculadas a estructuras criminales.
Contar con un sistema de información de este tipo, fortalecería la investigación, la sanción y la recuperación de activos. Es fundamental mejorar la cooperación entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Fiscalía General de la República, lo que implica robustecer las instancias nacionales de persecución penal. Dicha coordinación es crucial para implementar medidas más efectivas contra la corrupción en el marco de lo que establece el T-MEC.
La integración de Norteamérica es clave para la competitividad global y la seguridad regional. Por lo anterior, más que represalias, el gobierno mexicano debe evitar la ruptura del T-MEC y trabajar en soluciones concretas que atiendan las preocupaciones de EE. UU. en materia de seguridad y que destaquen los beneficios del tratado para la región. Desde México Evalúa proponemos:
- Fortalecer la estrategia de seguridad al abordarla desde un punto de vista integral, lo que implica el desarrollo de policías y fiscalías locales.
- Replantear la reforma judicial o al menos postergar su entrada en vigor.
- Implementar una política de gasto eficiente y transparente, al tiempo que se refuerza el presupuesto en seguridad y/o migración.
- Fortalecer mecanismos anticorrupción como la inteligencia financiera, los sistemas de compras gubernamentales y de beneficiarios finales para debilitar estructuras criminales.
- Liderar la construcción de una estrategia de incidencia para articular esfuerzos concretos entre actores relevantes para defender y convencer sobre los beneficios de la integración comercial de la región ante el presidente Trump, pero también ante el Congreso de los EE. UU. con una visión de largo plazo.
- Legislar el nuevo marco regulatorio y de competencia económica con nuevas instituciones que generen confianza en México como un buen destino para hacer negocios.
- Asegurar que las empresas exportadoras cumplan con las “reglas de origen” (capítulo 4 del T-MEC).
- Revisar nuestra relación con China para garantizar transacciones transparentes y el cumplimiento de las regulaciones.
- Impulsar los mecanismos alternativos al poder judicial para la resolución de conflictos en sustitución de los tribunales especializados para atender asuntos relacionados con las inversiones.
- Ratificar el tratado de libre comercio con la Unión Europea y avanzar en negociaciones con Reino Unido; ampliar la interlocución con socios del Acuerdo Transpacífico (CPTPP) y otros tratados comerciales de Latinoamérica para abrir oportunidades que fortalezcan la resiliencia de nuestro país.
