La mayoría de los estados requieren que los abogados en activo sean ciudadanos de Estados Unidos o tengan residencia legal en el país Por: AP
HARTFORD, Connecticut, EE.UU. (AP) — Los padres de Denia Pérez la llevaron de forma ilegal desde México a Estados Unidos cuando tenía 11 años. El mes pasado se convirtió en una de las primeras de los llamados “dreamers” en obtener un título de Derecho. Y ahora, ella y otros en su situación están utilizando sus conocimientos legales para enfrenar al sistema y poder ejercer su profesión.
La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), un programa que permite que los migrantes jóvenes que llegaron al país antes de 2007 y con menos de 16 años acudan a la escuela gracias a permisos renovables de trabajo, se convirtió en ley en 2012. Esto supone que los beneficiarios tuvieron el tiempo justo para graduarse en la escuela secundaria, obtener un título de técnico superior universitario y, en algunos casos, una licenciatura en Derecho. El problema: la mayoría de los estados requieren que los abogados en activo sean ciudadanos de Estados Unidos o tengan residencia legal en el país. Relativamente pocos “dreamers” han completado los estudios de Derecho, dijo Sheila Hayre, una profesora invitada de Derecho en la Quinnipiac University, donde Pérez se graduó este mes. Es la única que ha solicitado entrar al colegio de abogados de Connecticut. Pero tanto ella como sus compañeros que estudian Derecho se están preparando para presentar batalla.
“Para mí es normal tomar todas estas cosas en consideración cuando estoy planeando qué hacer con mi vida”, apuntó Pérez, que tiene previsto tomar el examen que le permitiría ejercer como abogada en julio. “Pero una parte de mí está frustrada y cansada de tener que pasar por todos estos aros para seguir viviendo y contribuyendo en este país”.
Tres días después de su graduación, prestó testimonio ante un comité del colegio de abogados de Connecticut buscando un cambio en la normativa que le permita trabajar. Otros estados, incluyendo California, Florida, Nueva York y Nueva Jersey, ya aprobaron leyes o implementaron modificaciones legales similares para abrir sus puertas a estudiantes DACA.
Tras escuchar los casos de varios “dreamers” que aplicaron para entrar en el colectivo en varios estados, la Asociación de Colegios de Abogados de Estados Unidos aprobó en agosto una resolución en la que se insta al Congreso a enmendar la ley federal, añadiendo que la admisión no debería negarse basándose solo en el estatus migratorio de una persona.
“Hemos invertido en estos jóvenes”, explicó Hayre. “Así que tiene sentido que contribuyan a la economía y a la sociedad como miembros productivos de la comunidad. De alguna forma, es una obviedad”.
Pero hay quien se opone al cambio. Hans von Spakovsky, miembro de la Heritage Foundation, dijo que le resulta inconcebible que cualquiera que no tenga residencia legal pueda tomar juramento para cumplir las leyes de Estados Unidos y unirse al cuerpo de abogados.
“De hecho, están en el país de forma ilegal y violando la ley federal”, argumentó Spakovsky, quien también es abogado. “Yo no querría que alguien que está en el país ilegalmente me defienda, porque el Departamento de Seguridad Nacional puede intervenir en cualquier momento y expulsar a mi abogado del país y entonces, ¿qué haría?”.
Pérez tiene tres hermanos pequeños que nacieron en Estados Unidos y por lo tanto tienen la ciudadanía. Sus padres tienen permisos de residencia, conocidos como green card. Ella es la única de su familia sin estatus legal.
Si su propuesta sale adelante, se permitiría la entrada al colegio de abogados a cualquiera “autorizado a trabajar de forma legal en Estados Unidos”. Esto incluiría a los titulares de un permiso DACA.
