Deudas heredadas y alivio para Juárez
Durante años, el Municipio de Ciudad Juárez cargó con un adeudo fiscal que no surgió por casualidad ni por factores externos inevitables. Su origen se remonta a una serie de fallas administrativas acumuladas entre 2017 y 2021, durante la gestión del entonces alcalde independiente Armando Cabada Alvídrez, hoy diputado por Morena. Omisiones en el manejo de nómina, impuestos no enterados y una cadena de descuidos construyeron un problema que, con el paso del tiempo, se volvió cada vez más costoso.
La diferencia en la actualidad es que esa deuda dejó de ocultarse. La administración encabezada por Cruz Pérez Cuéllar optó por asumir el costo político y financiero de enfrentar el problema. En 2024, el municipio destinó alrededor de 136 millones de pesos para saldar parte del adeudo; en 2025, otros 101 millones. Recursos públicos que, en otro contexto, habrían podido invertirse en obra o servicios, pero que se dirigieron a cubrir compromisos del pasado.
Para 2026, la deuda aún no está completamente resuelta: persiste un saldo cercano a los 114 millones de pesos. De no atenderse, ese monto seguiría creciendo debido a recargos e intereses, una dinámica común en las finanzas públicas cuando los pasivos se postergan.
Pero en este punto entra un giro que modifica el panorama. El Gobierno municipal está por concretar un convenio con la Secretaría de Hacienda, a través del Gobierno del Estado, que permitiría liquidar únicamente el 25 por ciento del adeudo pendiente. En términos concretos, se trataría de un pago cercano a los 28 millones de pesos, mientras que el resto sería absorbido mediante un estímulo fiscal.
El impacto es significativo: un ahorro aproximado de 85 millones de pesos que dejarían de salir del erario. Esto abre la puerta para redirigir recursos a rubros que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los juarenses, como infraestructura urbana, servicios públicos y proyectos visibles para la comunidad.
Aquí no hay demasiada ambigüedad sobre quién gana y quién pierde. Los errores administrativos del pasado ya generaron un costo tangible. Sin embargo, la diferencia radica en que ahora existe una alternativa para evitar que esa carga continúe creciendo. En este escenario, los principales beneficiados son los ciudadanos, que comienzan a ver cómo un problema heredado deja de expandirse y empieza a encaminarse hacia su resolución.
Queda pendiente, sin embargo, una pregunta de fondo: si estos errores quedarán únicamente como un capítulo más en la historia administrativa del municipio o si derivarán en responsabilidades concretas. La posibilidad de que se revise la actuación del exalcalde no solo responde a una exigencia política, sino también a una demanda ciudadana por rendición de cuentas. Porque más allá de resolver la deuda, el verdadero desafío es evitar que la historia vuelva a repetirse.
