En un abierto choque institucional, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y el fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, no acudirán a la comparecencia citada por el Senado de la República tras el accidente donde murieron agentes estadounidenses y elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
La Comisión de Gobernación del Senado lanzó el citatorio luego del hecho ocurrido en El Pinal, municipio de Morelos, donde un vehículo oficial se precipitó a un barranco, provocando la muerte de dos presuntos agentes de la CIA y dos agentes estatales. Sin embargo, la convocatoria ha sido cuestionada por su débil sustento legal.
Juristas y legisladores coinciden en que el Senado no tiene facultades para obligar a un gobernador a rendir cuentas en ese formato, lo que convierte el citatorio en un acto más político que jurídico. Bajo ese escenario, fuentes de alto nivel confirmaron que la mandataria estatal simplemente no se presentará.
El trasfondo es una confrontación política cada vez más evidente. Senadores como Javier Corral, Gerardo Fernández Noroña y Juan Carlos Loera han lanzado críticas directas contra Campos, en un tono que desde Chihuahua califican como ataques y no como exigencias institucionales.
Desde el ámbito local, actores políticos advierten que el Senado está utilizando una tragedia para presionar políticamente a un gobierno estatal, tensando aún más la relación entre federación y entidades.
El caso sigue bajo investigación de autoridades federales y estatales, mientras persisten dudas sobre la operación en la que participaban los agentes extranjeros y la coordinación con fuerzas mexicanas.
Pese a mantenerse en el calendario legislativo, la comparecencia nace sin dientes legales y, en los hechos, se perfila como un episodio más de confrontación política que como un ejercicio real de rendición de cuentas.
