eduardo aredondo CHIHUAHUA, CHIH. — El alcalde Marco Bonilla Mendoza ha sido señalado por presunto desvío de recursos públicos al aprobar, junto con el Cabildo, la asignación de casi 9 millones de pesos supuestamente destinados a ayudar a las familias afectadas del fraccionamiento Montecenit. Sin embargo, críticos aseguran que en realidad ese dinero público está siendo utilizado para cubrir las responsabilidades de la empresa desarrolladora DEXE, responsable del colapso habitacional que provocó el desalojo de 32 familias.
De acuerdo con testimonios y documentos oficiales, el Cabildo de Chihuahua autorizó los siguientes montos:
-
$3,480,000 para estudios y diagnósticos estructurales,
-
$4,263,000 para apoyos diversos a vecinos, como renta temporal, mudanzas y atención psicosocial,
-
$1,160,000 para el pago de abogados particulares de los afectados.
Estos fondos provienen directamente del erario municipal y, de acuerdo con fuentes legales y administrativas, su uso podría constituir un acto de desvío de recursos, ya que existen garantías financieras que la empresa DEXE estaba obligada a presentar desde que el fraccionamiento fue autorizado en 2019.
¿Dónde están las fianzas obligatorias?
El acuerdo de Cabildo que aprobó el desarrollo de Montecenit establece, en sus incisos R, S y T, la obligación de presentar dos garantías por parte de la empresa:
-
Una para garantizar la conclusión de la obra.
-
Otra por vicios ocultos o fallas estructurales, que podría ascender al 30% del valor total del proyecto, es decir, aproximadamente 19 millones de pesos.
Según especialistas, con estas fianzas se podría cubrir totalmente el problema habitacional sin recurrir a recursos públicos.
Posibles omisiones y encubrimientos
La falta de transparencia sobre estas garantías genera varias preguntas:
-
¿Por qué no se hizo efectiva la fianza?
-
¿La empresa no la presentó y el municipio se lo permitió?
-
¿Se usó el dinero de la fianza y se encubrió su destino?
-
¿Existe una relación opaca entre el alcalde Bonilla y la empresa DEXE?
Cualquiera que sea el caso, afirman abogados consultados, se trataría de una actuación ilegal y sancionable conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal del Estado de Chihuahua, los cuales sancionan el uso indebido de recursos públicos, independientemente de si hubo beneficio personal.
Precedente peligroso y favoritismo
Esta asignación de recursos para cubrir responsabilidades privadas sienta un precedente que preocupa a la ciudadanía: el posible uso discrecional del erario para resolver problemas entre particulares, especialmente si se trata de desarrolladores o votantes afines al partido en el poder.
Mientras tanto, otras zonas de la ciudad, como Punta Oriente y Parajes del Sur, donde las recientes lluvias provocaron graves afectaciones, han recibido apenas colchonetas y hule como respuesta oficial.
Exigen investigación y rendición de cuentas
Se exige a las autoridades municipales y estatales que aclaren de manera inmediata:
-
¿Dónde están las fianzas de DEXE?
-
¿Por qué se usó dinero público en un conflicto estrictamente privado?
-
¿Quién aprobó el gasto y con qué justificación legal?
Diversos ciudadanos y activistas planean presentar denuncias formales ante instancias estatales y federales por peculado, desvío de recursos y ejercicio indebido del servicio público.
Esta situación deja claro, señalan los denunciantes, que mientras se protege a empresas cercanas al poder, los sectores más vulnerables de Chihuahua siguen siendo ignorados y desatendidos.
