CUANDO EL BARCO HACE AGUA, TODOS CORREN A BUSCAR SALVAVIDAS
Por Eduardo Arredondo Delgado
En política, cuando el barco comienza a hacer agua, nadie quiere ser el último en buscar un salvavidas.
Y en Chihuahua ya empezó la carrera.
La gobernadora María Eugenia Campos Galván salió públicamente a defender la llamada “Ley Anti-narcocandidatos”, justo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para revisar la acción de inconstitucionalidad promovida por Morena.
El mensaje de Maru fue frontal: Chihuahua no quiere elecciones condicionadas por el crimen organizado.
Hasta ahí, el discurso parece sencillo.
Pero la política nunca es tan sencilla.
Porque detrás de esta batalla jurídica también existe una disputa por quién controla las reglas del juego electoral.
La gobernadora recordó que la reforma fue aprobada por el Congreso del Estado con el respaldo de las fuerzas políticas, salvo los legisladores de Morena, y sostuvo que la modificación busca impedir que candidatos vinculados con la delincuencia organizada puedan competir y que una elección pueda anularse si existe intervención del crimen organizado.
Y soltó una frase que resume toda su posición:
“Chihuahua dijo: aquí no.”
El problema es que ahora esa frase ya no solamente se escucha en Palacio de Gobierno.
También retumba en la Suprema Corte.
Porque Morena llevó la reforma al máximo tribunal mediante una acción de inconstitucionalidad.
Y aquí comienza la verdadera pelea.
La pregunta incómoda es inevitable:
¿Dónde termina la defensa de las elecciones y dónde comienza la batalla por las reglas electorales?
Porque mientras el PAN y el gobierno estatal defienden públicamente la reforma como una herramienta para proteger el voto, Morena cuestiona su constitucionalidad.
Dos posiciones.
Dos discursos.
Y una sola Corte que tendrá que resolver.
Lo que no puede hacerse es convertir el debate constitucional en una simple guerra de consignas.
Porque una cosa es combatir políticamente al adversario y otra muy distinta es demostrar jurídicamente que una ley cumple con la Constitución.
La gobernadora no solamente está hablando con los ministros.
Está hablando con Chihuahua.
Está hablando con los partidos.
Está hablando con los futuros candidatos.
Y, evidentemente, está hablando con Morena.
Porque cada reforma electoral que llega a la Corte puede terminar modificando el terreno sobre el cual competirán todos.
Y ahí está el verdadero filo del asunto.
Las reglas electorales no son decoración. Son el tablero.
Quien modifica el tablero modifica las condiciones de la competencia.
Por eso nadie debería hacerse el ingenuo.
Morena decidió impugnar la reforma.
Ahora tendrá que sostener jurídicamente su posición ante el máximo tribunal.
Mientras tanto, el gobierno estatal hace lo contrario: defiende la legislación y pide que permanezca vigente.
La discusión ya dejó de ser solamente local.
Ahora está en manos de la Suprema Corte.
Y el martes 29 de septiembre puede convertirse en una fecha incómoda para más de uno.
Porque si la reforma permanece, el gobierno de Maru tendrá argumentos para presumir que su blindaje electoral sobrevivió el choque constitucional.
Si ocurre lo contrario, Morena podrá sostener que una de sus principales objeciones jurídicas encontró respaldo en la Corte.
AQUÍ NADIE QUIERE QUEDARSE CON EL BARCO HUNDIDO
La política tiene memoria.
Los que hoy defienden una reforma mañana tendrán que explicar sus consecuencias.
Los que hoy la impugnan también tendrán que responder por su posición.
Y los ministros tendrán que hablar con el lenguaje que realmente importa en este caso:
Mientras tanto, el espectáculo político continúa.
Unos levantan la bandera del voto libre.
Otros levantan la bandera de la constitucionalidad.
Y en medio está Chihuahua, esperando saber quién tiene razón jurídicamente.
Porque una cosa sí está clara:
cuando el barco empieza a hacer agua, todos corren a salvarse.
La pregunta es quién llegará primero al salvavidas.
