– Crimen en Cerocahui, guerra de Chimoltrufias
– Maru: a la guerra con teleprompter
– Uno de tantos pendientes que dejó Corral y ahora tiene encima la góber
– Diputada de Morena pide comparecencia del Fiscal General
– Concesionan a empresa con malos antecedentes, la seguridad del BRT2
NorteDigitalPara:
Lo que hemos presenciado los últimos dos días, a propósito de los lamentables hechos de Cerocahui, es una auténtica guerra de “Chimoltrufias” en donde el Gobierno del Estado y el padre Ávila, el famoso “Pato”, buscan ganar la medalla para ver quién se desdice más.
Es que, tanto el Gobierno como el cura jesuita asentado en la Sierra Tarahumara se lucieron con aquello de “como digo una cosa, digo la otra”.
Si no, hay que ver el papelón que hizo el Gobierno: primero, informó, sin más datos a la mano, que habían asesinado a una persona en Cerocahui, y a dos sacerdotes católicos. Hasta ahí, escaso pero preciso el dato. Ok.
Pero luego nos dijeron, en comunicado oficial, que el primer sujeto llegó a buscar auxilio al templo católico de Cerocahui y ahí lo alcanzó el delincuente que le quería matar. Luego, asesinó también a los dos curas que ahí oficiaban. Esa versión, prácticamente, le dio la vuelta al mundo.
La tarde del mismo día, el Gobierno cambió la pichada: que los criminales levantaron a la víctima, un guía de turistas que labora en la Sierra, y que luego “lo llevaron” al templo para allí matarlo. Así dice el comunicado, que conste.
El colmo fue lo sucedido este miércoles, cuando el secretario general de Gobierno, César Duártegui… perdón, Jáuregui, le dijo a la familia del guía de turistas que este en realidad está “en calidad de desaparecido”. Hasta la Chimoltrufia los llamaría al orden.
Luego, el famoso Pato contó toda una historia de cómo sucedieron los hechos en Cerocahui, todo para salir al otro día con que así se lo contaron. Hasta se desdijo de lo que escribió en sus redes sociales, no sin antes lanzar la clásica disculpa vacía y chocante de “sacaron de contexto mis palabras”.
Vaya pues, al paso que vamos, Cantinflas será recordado como todo un tribuno.
Antier, la gobernadora Maru Campos anunció, con teleprompter frente a sus ojos, que usaría “toda la fuerza del Estado” para dar con los responsables de la masacre de Cerocahui.
Para un crimen que manchó la imagen de Chihuahua alrededor del mundo y que seguramente motivará cancelaciones de viajes de vacacionistas programados para este verano, esa frase tan trillada, tan llevada y traída, tan hueca a estas alturas, sonó a trombón desafinado.
¿Cuál es esa “fuerza del Estado”? La respuesta es tan vaga como el concepto mismo de Estado. Este es tan amplio y tan ambiguo que se podrían llenar bibliotecas enteras sobre los tratados que buscan definirlo. Pero no nos distraigamos del tema.
Según el Arte de la Guerra, de Tzun Tzu, lo primero que se debe conocer antes de lanzarse a una guerra es a tu enemigo y al terreno.
Ahí empiezan los problemas para el Estado. Si no, vean nada más lo que nos contaron fuentes Mironianas acerca del tal “Chueco”, el enemigo al que van a capturar con “toda la fuerza del Estado”.
Nos cuentan que José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, conoce el terreno donde se mueve mejor que nadie. Casi sabe dónde está plantado cada árbol, dónde hay una cueva para guarecerse, dónde una casita perdida en medio de la nada.
Si le hacemos caso al Arte de la Guerra, El Chueco ya va ganando, pues, como dice una de sus máximas principales: conoce el terreno “y tu victoria será total”.
¿El Estado lo conoce? Tal vez sí, tal vez no, depende de quién esté al frente del operativo. Lo cierto es que una partida de soldados o de agentes federales recién llegados no saben tanto de la sierra de Chihuahua como el escurridizo Chueco.
La otra que nos cuentan los mironianos chismosos es que en varias ocasiones, Noriel ha medido fuerzas con el mentado Estado y, la verdad, este último no ha salido bien librado.
Ejemplo: una anécdota que nos contaron, relacionada con el joven estadounidense, Patrick Braxton Andrew, a quien asesinó en 2018 solo por sospechar que se trataba de un agente de la DEA.
El entonces fiscal Zona Occidente, Jesús Manuel Carrasco (hoy fiscal de la Zona Norte) le tuvo que pedir de rodillas – sí, hincado– que le entregara al “gringo” porque ya veía venir una nueva expedición punitiva. Así se las tuvo que gastar ese representante del Estado frente a un líder criminal.
La otra que nos cuentan, y que pinta de cuerpo entero la forma como opera la delincuencia en la zonas más apartadas del país, es la célebre historia de cuando le arrebató al presidente municipal de Urique las llaves de su camioneta para irse a dar “una vuelta” por el pueblo.
El Chueco se le ha escapado a la Marina, esa parte del Estado que tanto se enorgullece de sus éxitos en la lucha contra la delincuencia organizada.
Ahora, la “Fuerza del Estado” pretende sumar a un activo más: a algún cazarecompensas que quiera ganarse los 5 millones de pesos por capturar o ayudar a capturar a Noriel.
Esa sí que es fuerza: cinco millones “del águila”, una cantidad que le escamotean a otras funciones y solicitudes, pero que ahora están dispuestos a soltar a quien les ayude a echar el guante a un sujeto que, hasta ahora, les ha ganado tan solo por conocer el terreno que el Estado no logra aprenderse de memoria. ¿O será que hay otras razones?
En noviembre del 2018, el exgobernador Javier Corral Jurado prometió, públicamente, capturar a El Chueco, pero nunca lo cumplió, por ineptitud y por miedo.
Pero no solamente no lo capturó a pesar de contar con orden de aprehensión, sino que tuvo que tragarse las humillaciones que el capo de la sierra les hizo a los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad, que fueron desplazados por los narcos, de los municipios donde estaban comisionados.
En marzo del 2021, 30 agentes de la Policía Estatal y sus mandos, fueron echados, pistola en mano, por El Chueco de un hotel de Bahuichivo, donde se encontraban hospedados.
La humillación llegó hasta Palacio de Gobierno, pero lejos de emprender la persecución y aprehensión del líder de sicarios del cartel de Sinaloa, Javier Corral ordenó a sus mandos que se replegaran.
Ahora, con la atroz muerte de los jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, así como del guía de turistas Pedro Eliodoro Palma, habrá que ver hasta dónde le alcanza a la gobernadora Maru Campos su capacidad y voluntad política para que sus centinelas vayan realmente tras el multiasesino de la sierra, y no se les acabe el valor antes de llegar a la primera barranca.
Aquí tiene Maru Campos una oportunidad de oro para hacer la diferencia y marcar el contraste de su gobierno con el de Javier Corral. Si captura al Chueco se le puede enderezar un poco la carreta de su gobierno, que ya trae la carga ladeada, por tantas broncas y tan pocas soluciones.
Por lo pronto, tiene encima toda la presión de las congregaciones católicas y de la poderosa Compañía de Jesús, de la cual es miembro el propio Papa Francisco, quien también condenó desde el Vaticano el crimen de sus dos compañeros jesuitas.
Para colmo de esa presión a su disperso gobierno, en las redes sociales circula una petición a través de la plataforma actívate.org, que pide justicia para la comunidad jesuita en México.
¿Te imaginas que tu hermano llevara años de misión entregando su vida al prójimo y por defender a alguien lo asesinaran?, dice la petición, que en 12 horas reunió casi 13 mil firmas de ciudadanos.
En su primera intervención en Tribuna como integrante de la fracción de Morena, después de haber abandonado las filas de Movimiento Ciudadano dejando solo a Pancho Pistolas, la diputada América García Soto pidió ayer la comparecencia del Fiscal General del Estado para que informe de lo que están haciendo, o dejando de hacer, en torno a los homicidios de los sacerdotes jesuitas y del guía de turistas en Cerocahui.
América no se anduvo por las ramas y pidió también hacer una revisión al plan estatal de seguridad pública propuesto por la gobernadora, principalmente en municipios, comunidades y rancherías de la sierra.
Dijo que la deuda en materia de seguridad con los chihuahuenses sigue en aumento porque hay un claro incumplimiento de la autoridad responsable.
La diputada se refirió al problema de la violencia que se registra en todos los rincones del estado, desde Juárez hasta la frontera con los estados de Durango y Sinaloa, donde el crimen organizado es el que manda.
La iniciativa de la diputada sentará en el banquillo de los acusados al fiscal Roberto Javier Fierro Duarte, quien ya no siente lo duro sino lo tupido, por la ola de homicidios que se registran en toda la entidad, pero con mayor frecuencia a partir de mayo.
Aunque no se fijó fecha la comparecencia del representante social, es de esperar que se realice antes de que el caso de Cerocahui se enfríe o se archive.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado entregó el servicio de vigilancia de las estaciones del BRT 2 a una empresa chihuahuita multioficios, cuyo personal tiene antecedentes de negligente y agresión a un fotógrafo de prensa.
Se trata de la empresa Servicios Administrativos Erana S.A de C.V., inscrita en el padrón de proveedores del Gobierno del estado y del municipio de Chihuahua, que ofrece una amplia gama de servicios desde seguridad, protección y custodia de personas o bienes; pasando por los de construcción de obra pública y vivienda, limpieza, mercadotecnia, casa de cambio, restaurante-bar, hasta el de prestamista.
Son en total 79 los rubros diferentes de servicios que Erana tiene inscritos en su acta constitutiva en el Registro Público de la Propiedad, pero es en el de vigilancia donde ha tenido serios problemas.
Los archivos periodísticos refieren en febrero del 2019 se registró un ataque sexual en las inmediaciones del edificio de la Secretaría de Cultura del Estado, localizada a un costado de la Plaza de los Laureles y del Teatro de los Héroes. La seguridad de dicho sector estaba a cargo de Erana, pero extrañamente, el día en que ocurrió el atentado no había personal en el lugar, porque era domingo.
Otra situación irregular sucedió en octubre de 2021, cuando un fotorreportero fue golpeado por dos guardias de seguridad de dicha empresa, en el exterior del Hospital General, cuando tomaba imágenes. De acuerdo con notas periodísticas, la agresión se dio frente a elementos de la Guardia Nacional que no intervinieron.
Si la vigilancia de las estaciones del sistema de transporte fue licitada o asignada de manera directa a Erana, a pesar de estos antecedentes, tuvo forzosamente que tener un “aval” en el Gobierno del Estado, para que le asignaran este servicio, lo cual habla de una práctica de favorecimiento, que se suponía desterrada de esta administración. Bueno, al menos en el discurso.
