Andro Aguilar Integrantes de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN) mantienen un intercambio de acusaciones en contra de los gobiernos de Chihuahua y Sinaloa, respectivamente, por los hechos ocurridos con diez días de diferencia. Los primeros lanzan acusaciones de “traición a la patria”, mientras que los segundos insisten en vincular a los morenistas con el narcotráfico.
Morena empuja el juicio político contra la gobernadora chihuahuense María Eugenia Campos por la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo de seguridad sin informar al gobierno federal; el PAN insiste en la desaparición de poderes en Sinaloa, tras las acusaciones de Estados Unidos contra políticos de esa entidad a quienes vincula con el narcotráfico. El intercambio de acusaciones se intensificó este miércoles en la sesión permanente del Congreso.
PAN aumenta acusaciones de narcotráfico
A partir del caso de Sinaloa, el PAN ha intensificado las acusaciones de que Morena tiene vínculos con el narcotráfico y utiliza ese término para definir al partido guinda, a sus gobiernos y a sus aspirantes a cargos públicos.
Este miércoles, en el Senado, el dirigente panista, Jorge Romero, aseguró que las acusaciones son más que simples dichos de opositores y que cuentan con el respaldo de órganos judiciales de Estados Unidos.
“La triste realidad en México es que está comprobado que existe un narcopartido. ¡Punto! Y si un narcopartido llega a un cargo gubernamental, entonces estamos hablando de narcogobierno. Y queremos dejarlo claro: esto ya no es un dicho del PAN, no es un dicho de un trascendido, no es un dicho de líderes de oposición. Esto es algo que ya dice una corte, el Poder Judicial de otro país”.
En una conferencia, los panistas mostraron imágenes con los rostros del gobernador con licencia, Rubén Rocha, Moya, y la presidenta Claudia Sheinbaum, con la leyenda en letras rojas: “narcogobierno”.
El PAN formalizó en el Congreso la solicitud para desaparecer los poderes en Sinaloa con el argumento de que existe una crisis institucional y de seguridad en la entidad, por lo que pidió que se abra un periodo extraordinario con esa finalidad.
“¿Creen que es gobernable una entidad en donde consta que llegaron al poder por apoyo de los delincuentes? Llegaron, ganaron la elección porque los apoyaron los delincuentes, por eso ganaron, y ya que ganaron, mantuvieron su asociación con la delincuencia organizada para cogobernar Sinaloa“, sostuvo Romero.
El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, insistió en que los presuntos pactos con el crimen organizado en Sinaloa se extienden a los tres poderes.
“Este problema no solamente atañe al narcogobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, sino que el narco, el crimen organizado, penetró también en el Poder Legislativo, está en el Poder Judicial y es por eso que lo que procede es la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa”, dijo.
Morena empuja juicio político contra gobernadora Maru Campos
Los integrantes de Morena se han sumado al respaldo institucional que ha mantenido la presidenta Claudia Sheinbaum hacia el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y las otras nueve personas señaladas. Con base en los principios de verdad, justicia y, sobre todo, defensa de la soberanía nacional, han exigido pruebas a Estados Unidos por las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico.
La presidenta de ese partido, Ariadna Montiel, aseguró este miércoles que la narrativa que vincula a su partido con actividades criminales —que atribuyó a la derecha— no es algo nuevo, y advirtió que no ha tenido resultados. La dirigente fue cauta con el respaldo específico a Rocha Moya, pero mantuvo el apoyo a lo planteado por Sheinbaum.
“Respaldamos la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que no vamos a encubrir a nadie, esperaremos los análisis y las pruebas que se presentarán en su caso, y la investigación de la Fiscalía General de la República; pero no nos vamos a prestar a caer en la narrativa de la derecha que ha venido construyendo esto, que han querido vincular a nuestro movimiento a actividades fuera de la ley”.
En el Senado, también en un mensaje a medios, los legisladores de Morena impulsaron la marcha contra la gobernadora de Chihuahua que realizarán el fin de semana en la capital de ese estado, convocada precisamente por Ariadna Montiel
Mientras reiteraban sus acusaciones contra María Eugenia Campos, además de convocar a la manifestación en Chihuahua, mostraron carteles con la leyenda “Traidores a la patria” y gráficas sobre la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los morenistas insistieron en que existe ya una confesión del gobierno de Chihuahua sobre la participación de agentes de la CIA en un operativo de seguridad en territorio mexicano sin informar al gobierno federal, lo que implicaría violaciones a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
El diputado morenista Arturo Ávila destacó que si bien el PAN defiende que se trató de un acto para combatir la inseguridad, la entidad encabeza los homicidios dolosos en México. “¿Cómo hacer una buena chamba si es la entidad con el mayor incremento en secuestros? Tan solo en 2023 tuvo un incremento del 227 %”, cuestionó.
En el pleno, el senador de Morena, Huerta Ladrón de Guevara, argumentó que los casos de Sinaloa y Chihuahua son distintos. Dijo que contra el gobernador morenista con licencia se trata de acusaciones que se deben investigar, pero en Chihuahua la gobernadora reconoció ya los hechos.
“En Sinaloa exigen responsabilidad política por presuntos señalamientos, pero en Chihuahua esa misma oposición pretende absolver al PAN con desconocimiento. Es decir, para Morena, omisión; para el PAN, disculpa. Para Morena, juicio político. Para Chihuahua, silencio. Así no se va a construir un Estado de Derecho”.
En una entrevista aparte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, denunció una presunta “persecución política” contra la gobernadora de Chihuahua. La panista argumentó que las investigaciones y eventuales juicios políticos no deben dirigirse contra quienes “combaten” a los cárteles.
“Es terrible que veamos este avasallamiento, esta persecución política en contra de la gobernadora Maru Campos cuando claramente sabemos que desmantelaron en Chihuahua un laboratorio con millones de posibilidades de que un joven, una mujer, un hombre, un adulto, pudiera consumir drogas. Claramente Maru Campos está del lado correcto de la historia. Está del lado de la legalidad…”.
Los representantes del PRI manifestaron su respaldo a la gobernadora de Chihuahua. En concordancia con su dirigencia nacional, el coordinador de los diputados, Rubén Moreira, aseguró que las acusaciones contra la panista María Eugenia Campos son una venganza.
“Un desafuero requiere que una autoridad en términos exactos lo solicite. En el caso de Maru, lo que estamos viendo es el intento de un juicio político y de reprimir a una mujer gobernante que estaba haciendo y está haciendo su trabajo. Entonces, nosotros vamos a respaldar siempre a Maru Campos”.
Inzunza sigue ausente
La sesión se realizó de nuevo con la ausencia del senador Enrique Inzunza, uno de los 10 acusados por el gobierno de Estados Unidos de presuntos vínculos criminales, quien no se ha presentado en el Congreso desde que se dio a conocer la acusación.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, llamó a que el sinaloense solicite licencia al cargo, como ya hicieron otros funcionarios implicados en las acusaciones.
“Lo que el senador debería de hacer, lo digo con respeto, es pedir licencia y ponerse a disposición de las autoridades, como ya lo hicieron el gobernador y el alcalde. ¿Es suficiente la licencia? Por supuesto que no. Por eso nosotros hemos insistido en que la Fiscalía General de la República, de la mano de todas las instancias correspondientes, eche a andar todo el proceso de procuración e impartición de justicia”.
Castañeda advirtió que México enfrenta una alerta máxima por los mensajes que sugieren una intervención de Estados Unidos en territorio mexicano. Reiteró el rechazo a cualquier intromisión extranjera, pero advirtió que el discurso de la soberanía nacional del gobierno federal y Morena no debe usarse como escudo para proteger a los políticos.
“Deben dejar de actuar como ‘armys’ de Rocha Moya y sumarse a la solicitud que hemos hecho a la Fiscalía General de la República. Si seguimos en las evasivas de que no hay pruebas contra Rocha Moya ni contra todos los funcionarios señalados, lo único que estamos haciendo, lo digo con todas sus letras, es darle pretextos a Estados Unidos para que tome cartas en el asunto”.
