La noche del 14 de agosto de 2024 no solo dejó un operativo fallido. También exhibió, ante todo México, el nivel de protección política que rodea al exgobernador Javier Corral y el choque frontal entre el gobierno de Chihuahua y el aparato político ligado a Morena y a la Federación.
Lo que debía ser la ejecución de una orden de aprehensión por presunto peculado agravado y corrupción terminó convertido en un espectáculo nacional transmitido prácticamente en tiempo real: agentes estatales impedidos de actuar, funcionarios capitalinos interviniendo directamente y un exgobernador abandonando tranquilamente el bar Gin Gin mientras las cámaras registraban la escena.
El operativo que terminó en rescate político
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua llegó aquella noche al exclusivo bar Gin Gin, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, con una orden judicial contra Javier Corral. La acusación no era menor: presunto desvío millonario de recursos públicos y contratos simulados relacionados con la reestructuración de deuda estatal.
Sin embargo, apenas comenzó la diligencia, el operativo se vino abajo.
El entonces fiscal capitalino Ulises Lara apareció personalmente en el lugar tras recibir una llamada del entorno cercano de Corral. Minutos después, ante cámaras y reporteros, terminó llevándose al exgobernador fuera del establecimiento mientras los agentes chihuahuenses quedaban neutralizados.
Aunque oficialmente se argumentó que la Fiscalía de Chihuahua no contaba con el oficio de colaboración institucional requerido para actuar fuera de su jurisdicción, para muchos el mensaje político fue otro: a Corral no lo dejaron tocarlo.
Un episodio que olió más a protección que a legalidad
La explicación jurídica nunca logró apagar la percepción pública de que aquella noche hubo un rescate político disfrazado de procedimiento legal.
Las imágenes fueron demoledoras: mientras la Fiscalía Anticorrupción intentaba ejecutar una orden judicial, el exgobernador abandonaba el lugar protegido por autoridades capitalinas. El contraste provocó indignación entre sectores que cuestionaron por qué un ciudadano común difícilmente habría recibido el mismo trato.
La escena dejó una pregunta incómoda: ¿qué tan fuerte es la red política que rodea a Javier Corral para que un operativo de esa magnitud terminara desactivado frente a las cámaras?
Chihuahua acusa blindaje federal
El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, acusó directamente una obstrucción al operativo y sostuvo que el exmandatario y el exsecretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez participaron en el presunto desvío de 98 millones de pesos.
La postura desde Chihuahua fue clara: el “corralazo” evidenció un blindaje político y judicial alrededor del exgobernador.
Desde entonces, el episodio se convirtió en símbolo del enfrentamiento entre la administración de Maru Campos y sectores ligados al gobierno federal. Para el gobierno estatal, el caso confirmó que mientras algunos actores políticos son perseguidos con rapidez, otros parecen contar con protección institucional.
El “corralazo”, una herida política que sigue abierta
A casi dos años de distancia, el “corralazo” continúa siendo una de las escenas más recordadas de la política mexicana reciente. No solo por el operativo fallido, sino porque exhibió públicamente la disputa de poder entre gobiernos, fiscalías y grupos políticos.
Aquella noche en el Gin Gin dejó algo más que un escándalo mediático: dejó la sensación de que en México la justicia puede frenarse cuando el acusado conserva conexiones suficientes en las altas esferas del poder.
