Por Eduardo Arredondo Este 1 de septiembre, Claudia Sheinbaum rindió su Primer Informe de Gobierno como presidenta de México. En un escenario cargado de simbolismo —el Patio de Honor del Palacio Nacional— la mandataria delineó el rumbo de su administración con una frase contundente: “El sello de la Cuarta Transformación es la justicia social.”
No fue un mensaje disruptivo. Más bien, fue una reafirmación: continuidad con el legado de Andrés Manuel López Obrador, pero con el compromiso de profundizarlo. Según Sheinbaum, su gobierno representa una “hazaña colectiva”, cimentada en los logros de su antecesor y arraigada —como lo repitió en varias ocasiones— en el pueblo.
Justicia social como bandera
Sheinbaum destacó que el 82% de los hogares mexicanos recibe algún tipo de apoyo gubernamental. Programas como la pensión universal para adultos mayores, las becas estudiantiles o el reciente subsidio a mujeres de entre 60 y 64 años, fueron presentados como pilares de una política de justicia social que, según la presidenta, ha mejorado sustancialmente las condiciones de vida de millones.
¿Pero es esto suficiente para hablar de una transformación estructural?
Sin duda, la expansión del gasto social ha marcado una diferencia con sexenios anteriores. Sin embargo, entre la redistribución genuina y el uso político del presupuesto hay una frontera difusa. ¿Estamos ante una política de derechos o frente a una sofisticada red clientelar? ¿Se empodera a los ciudadanos o se les vuelve dependientes?
Las ausencias del discurso
Mientras el informe enumeraba avances, quedaron en segundo plano los grandes desafíos del país: informalidad laboral, rezago educativo, crisis de salud pública, inseguridad. La propuesta de una “salud casa por casa” suena bien, pero en un país con un sistema de salud fragmentado y hospitales sin insumos, la intención no basta.
El problema no es el diagnóstico —todos saben que México arrastra deudas históricas—, sino la falta de un plan estructural más allá del reparto. La justicia social implica algo más que subsidios: demanda un Estado que garantice movilidad social, acceso a servicios de calidad y una economía que no excluya.
Reformas y poder
Uno de los puntos más polémicos del informe fue la reforma al Poder Judicial. Sheinbaum la presentó como un triunfo democrático: jueces y magistrados serán elegidos por voto popular. Una medida que, en teoría, combate el nepotismo y la corrupción, pero que también abre la puerta a una justicia abiertamente politizada.
¿Elegir a los jueces es democratizar o debilitar la imparcialidad judicial? Es una pregunta que exige más que slogans. Porque si bien el sistema actual tiene fallas evidentes, sustituirlo por otro más vulnerable al control partidista no resuelve el problema: lo traslada.
También se destacaron otras reformas: el fortalecimiento de la Guardia Nacional bajo el mando de la Sedena, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, y la recuperación de Pemex y CFE como empresas “estratégicas del Estado”. Medidas que, en conjunto, delinean un proyecto de poder fuerte, centralizado y con fuerte impronta estatista.
¿Transformación o nostalgia?
Hay un claro hilo narrativo: desmantelar el modelo neoliberal y fortalecer la soberanía nacional. Sheinbaum lo plantea como una reparación histórica. Pero en muchos casos, más que mirar al futuro, su gobierno parece mirar al pasado. Pemex y CFE son defendidas como “empresas del pueblo”, aunque su rentabilidad y sustentabilidad siguen en entredicho.
La transformación real exige más que memoria: requiere visión, innovación y Estado de derecho. De lo contrario, la justicia social se vuelve consigna. Y la Cuarta Transformación, un relato más que una realidad.
Un año de continuidad… ¿y después?
El primer año de Sheinbaum ha sido, sin duda, de continuidad. Falta ver si será también de resultados estructurales. La presidenta prometió no olvidar las causas que la llevaron al poder: justicia, democracia, equidad. Pero esas causas exigen más que programas sociales. Exigen un proyecto de nación que garantice derechos sin clientelismo, y justicia sin propaganda.
Porque al final, la justicia social no es un eslogan. Es la capacidad de construir un país donde todos —sin importar su origen— tengan oportunidades reales de salir adelante. Y ahí, la verdadera transformación todavía está pendiente.
