HABLANDO Y ESCRIBIENDO
CHIHUAHUA: TAREA DE TODOS
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, los Estados y Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
Esto es lo que establece la CPEUM en su artículo 21, y no como lo interpreta el presidente López Obrador, cuando afirma que no le corresponde a su gobierno la pacificación del país, como tampoco la persecución de los delitos cuando se habla de delincuencia organizada y narcotráfico.
Lo sucedido en Cerocahui municipio de Urique, pone de manifiesto a nivel internacional, el fracaso de la estrategia del gobierno federal, en materia de seguridad pública, además de evidenciar que el gobierno de Chihuahua, a 8 meses de iniciarse, carece de un proyecto en materia de prevención a corto y mediano plazo, y que su postura ante la delincuencia que opera en la entidad, ha sido reactiva y mediática, pero no preventiva y mucho menos efectiva.
La responsabilidad de quien gobierna un país, Estado o Municipio, es el ofrecer resultados ante la serie de problemas que se presentan; no se puede mantener una postura de echar culpas a quienes lo presidieron en el cargo, porque no se gobierna con justificaciones….
La confianza que se deposita en la persona que se elige, es para que ponga en práctica lo prometido en campaña, en el plan nacional o estatal de desarrollo, y que su gobierno esté integrado por personas que sepan lo que hacen y no solo pertenezcan a su mismo partido.
La fuerza del Estado, jamás será superada por ninguna banda delictiva sea cual fuera su nombre y el lugar en donde opere.
El estado de derecho significa una separación de poderes, un principio de legalidad donde todas las autoridades deben quedar sometidas a una norma jurídica; que exista una verdadera independencia judicial y el pleno respeto a los derechos humanos.
Asegura el presidente López Obrador que los jesuitas asesinados, como el resto de los habitantes de toda la región, sabían los antecedentes del “Chueco”, a que se dedicaba y que su actividad era tolerada por las mismas autoridades.
El mismo cuestionamiento se le hace al presidente, quien sabe los nombres de los integrantes de las bandas que operan en todo el país, cuáles son sus lideres, en que territorio se ubican y además, conoce la ruta que sigue el dinero que les permiten operar con total impunidad.
La pregunta es porque no se les detiene, porque no se les corta el suministro de recursos económicos; evidentemente ellos también están siendo tolerados por el Gobierno Federal.
Nuestro glorioso ejército mexicano, orgullo nacional y quizás el último recurso que teníamos para atender el problema de la inseguridad, en lugar de estar presente de manera permanente en lugares de alta incidencia delictiva, realizando acciones de disuasión y captura de lideres delincuenciales, está ahora desarrollando actividades como constructores, aduaneros y administradores de la marina mercante y cuando hacen presencia en lugares controlados por la delincuencia, son desarmados, insultados y despedidos de manera vergonzante.
Es momento de realizar una evaluación de lo que no se está haciendo en materia de seguridad pública, de dejar a un lado las posturas de que nunca jamás se van a permitir acciones como estas, de que nunca jamás se volverán a repetir, porque no dependen de una persona o de un gobierno.
El reunirse con ex gobernadores y ex alcaldes, solo le sirve a la gobernadora de escenografía para justificar tiempo y agenda; en lugar de mirar hacia afuera, hay que ver hacia dentro; en la fiscalía existen personajes que han pasado por duras pruebas y han resistido cuando nadie quería ocupar cargos, por temor a los atentados.
José Reyes Baeza, sabe de presiones graves que causan trastornos físicos, pero aún con Patricia González, no pudieron; con Patricio Martínez los tiempos eran otros, pero con Fernando Baeza si hay que aprenderle.
La improvisación le esta costando mucho a Maru Campos; la responsabilidad es de ella y de nadie más.
Hay que utilizar su capital social y generar la confianza suficiente con la gente para que todos apoyemos en un propósito común, donde quien denuncie, tenga la seguridad de que no será perseguido, ni asesinado, ni perjudicado en su familia y sus bienes.
Chihuahua, como el resto de las entidades, tiene que construir planes y proyectos que incorporen a la ciudadanía como eje central, para enfrentar este problema; está visto que la coordinación entre las fuerzas federales, no deja de ser una utopía que solo funciona en los mensajes y escritos, pero no en la realidad.
Ojalá y Maru Campos como el mismo presidente López Obrador, puedan encontrar la forma de trabajar conjuntamente, fuera de intereses partidistas, entendiendo que tenemos un solo país y que todos, buscamos el bien común y dejar un mejor lugar para nuestros hijos….Ojalá
*ABOGADO INTEGRANTE DE LA FECHCA Y LA AECHIH
Lic. Ernesto Avilés Mercado
