La Sierra Tarahumara en Chihuahua ha sido identificada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como una de las zonas críticas forestales en México. La región enfrenta serios problemas relacionados con la tala clandestina, el lavado de madera, el incumplimiento de programas de manejo forestal, el cambio de uso de suelo, incendios forestales y delincuencia organizada.
Junto con Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí y Ciudad de México, Chihuahua se encuentra en la lista de las entidades con mayor nivel de crisis forestal. La tala ilegal se ha convertido en una fuente de ingresos significativa para grupos criminales, lo que ha llevado al desplazamiento forzado de miles de personas, tanto indígenas como mestizas, quienes se ven obligadas a abandonar sus hogares para salvaguardar sus vidas.
Los municipios de Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo, y Madera son los más afectados. En estos lugares, los enfrentamientos entre grupos criminales no cesan debido a la disputa por el territorio y los recursos forestales.
El Licenciado Óscar González Luna, subsecretario de Gobierno, expresó su preocupación por el daño ambiental que ocasiona la tala ilegal. “La tala ilegal no solo destruye el bosque, sino que también provoca deslaves, incendios y alteraciones en el clima, contribuyendo al aumento de las temperaturas y a la degradación de las áreas boscosas”, comentó González Luna.
Durante el año 2023, gracias a las denuncias ciudadanas, se aseguraron 6,931 metros cúbicos de madera, tanto en trozo como aserrada, y se decomisaron más de 116 millones de pesos en productos de tala ilegal. Además, se detuvo a 10 personas que actualmente enfrentan procesos penales por estos delitos.
En junio de 2024, la Policía Forestal realizó operativos que resultaron en la detención de cinco individuos por delitos forestales. Se aseguraron 233 unidades de madera en rollo y seis vehículos involucrados en actividades ilegales. También se revisaron 130 guías y 2,308 unidades de madera en rollo, y se realizaron 17 inspecciones en aserraderos.
González Luna hizo un llamado a la población para que tome conciencia y denuncie la tala ilegal. Destacó que esta actividad no solo afecta al medio ambiente, sino que también altera el ciclo hidrológico, afectando la frecuencia de lluvias y la formación de nieve.
Los residentes de las comunidades indígenas en Bocoyna, Guadalupe y Calvo, y Urique han señalado que el daño al bosque ha resultado en la desaparición de aguajes y manantiales, ya que los árboles jóvenes, esenciales para atraer la lluvia, han sido talados.
Además, los incendios forestales, en su mayoría provocados para desalojar a las comunidades indígenas y explotar los recursos maderables, han sido difíciles de controlar debido a la sequedad del suelo, agravada por la falta de lluvias. Eva Pérez, de la comunidad de Bosques de San Elías Repechique en Bocoyna, señaló que algunos incendios han estado incontrolables durante días.
La situación sigue siendo crítica, y las autoridades, junto con la comunidad, deben trabajar de manera conjunta para abordar esta grave problemática que afecta al medio ambiente y a las comunidades locales.
