La detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, “R1”, señalado como el hombre que ordenó el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, permite reconstruir la cadena criminal que planeó y ejecutó el ataque. Sin embargo, con un jefe de escoltas todavía prófugo y una denuncia contra tres políticos de Morena, el caso aún no está resuelto, advierten familiares de Carlos Manzo.

Casi nueve meses después del asesinato de Carlos Manzo, autoridades federales detuvieron este jueves en Atotonilco el Alto, Jalisco, a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, a quien identifican como el presunto autor intelectual del crimen y principal líder de “Los Rs”, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y fuerzas especiales del Ejército, con información del Centro Nacional de Inteligencia. Durante el operativo, escoltas del presunto líder criminal se enfrentaron con las autoridades y uno de ellos murió.

De acuerdo con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, “Los Rs” operan en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, así como en Jalisco, y están relacionados con homicidios, tráfico de drogas y extorsiones contra productores, comerciantes y empresarios.

Con la captura del “R1”, suman 31 personas detenidas por su presunta participación o vínculo con el homicidio de Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en pleno centro de Uruapan, durante el Festival de las Velas por el Día de Muertos.

La detención permite a las autoridades subir un nuevo escalón en la estructura que habría ordenado, coordinado y ejecutado el ataque. Hasta ahora, Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, había sido presentado como uno de los autores intelectuales. La investigación lo sitúa ahora como el intermediario entre el “R1” y la célula encargada de seguir y asesinar al alcalde.

Pero la captura no significa que el caso esté completamente resuelto.

“La justicia comienza, pero aún no termina”, escribió Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, después de conocer la detención. Aunque reconoció el trabajo de las fuerzas federales, insistió en que se investigue “a políticos que pudieron estar detrás” del homicidio.

El alcalde que pidió ayuda y terminó asesinado

Carlos Manzo había llegado a la presidencia municipal de Uruapan en septiembre de 2024 como candidato independiente, luego de romper con Morena. Desde la alcaldía adoptó una política de confrontación abierta contra los grupos criminales que controlan el narcotráfico, la extorsión y otras economías ilegales en la región.

A diferencia de otros gobiernos municipales, la policía de Manzo encabezó operativos contra el crimen organizado, algunos dirigidos por el propio alcalde y difundidos posteriormente en sus redes sociales. Uno de ellos permitió detener a René Belmonte, “El Rhino”, señalado como jefe de plaza del CJNG en Uruapan.

“Me podrán matar, pero se quedan con un tigre: el pueblo de Uruapan”, había advertido Manzo en una de sus intervenciones públicas, recuperada en el perfil publicado por Animal Político después de su asesinato.

El alcalde denunció en al menos diez ocasiones la falta de apoyo suficiente de los gobiernos estatal y federal. También criticó la política de “abrazos, no balazos” y pidió refuerzos para enfrentar a grupos que, advertía, tenían armas de uso exclusivo del Ejército.

El gobierno federal aseguró después del homicidio que Manzo contaba con protección. Su dispositivo estaba formado por ocho escoltas municipales de su círculo cercano y otros 14 elementos de la Guardia Nacional. A pesar de ello, la noche del 1 de noviembre un joven logró cruzar el cerco de seguridad y dispararle a corta distancia mientras el alcalde recorría el festival junto a su familia.

Cinco días después, la Fiscalía de Michoacán identificó al tirador como Víctor Manuel “N”, un adolescente de 17 años originario de Paracho, quien se había ausentado de su casa una semana antes del ataque.

El joven fue sometido por los escoltas y posteriormente murió de un disparo. Las dudas sobre la forma en que fue abatido y sobre la actuación del círculo de seguridad abrieron una segunda línea de investigación: no solo quién envió al sicario, sino cómo pudo acercarse hasta el alcalde y por qué fue asesinado cuando ya estaba reducido.

Los chats que revelaron la cadena criminal

La primera reconstrucción de la estructura surgió de los teléfonos utilizados por quienes participaron en el ataque.

Fernando José “N” y Ramiro “N”, señalados como los dos hombres que acompañaron al tirador, fueron encontrados muertos el 10 de noviembre en la carretera Uruapan-Paracho. Para las autoridades, ambos fueron asesinados con el objetivo de eliminar testigos y entorpecer la investigación.

Sus dispositivos permitieron conocer que el ataque fue coordinado mediante un grupo de mensajería instantánea. Ramiro se encontraba en la zona del Festival de las Velas y compartía videos, ubicaciones e información sobre los movimientos del alcalde.

En el grupo también se giraron instrucciones para que los atacantes dispararan sin importar quién acompañara a Manzo y, después del homicidio, para que borraran mensajes, abandonaran la zona y utilizaran diferentes rutas de escape, como documentó Animal Político en el reportaje sobre el uso de WhatsApp y Telegram por el crimen organizado.

El 18 de noviembre fue detenido en Morelia Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, identificado como uno de los líderes de la célula y responsable de coordinar el ataque. Fue trasladado al penal federal del Altiplano y actualmente enfrenta un proceso penal por el homicidio.

En ese momento, las autoridades lo presentaron como uno de los autores intelectuales. Sin embargo, la investigación ya apuntaba a un mando superior: el “R1”, mencionado en las comunicaciones como el jefe que transmitía instrucciones a través de “El Licenciado”.

La captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala coloca así a “El Licenciado” como el eslabón entre el supuesto hombre que ordenó el crimen y quienes lo ejecutaron.

Las traiciones desde el círculo de Manzo

La investigación también comenzó a avanzar hacia el entorno del alcalde.

El 21 de noviembre fueron detenidos siete de sus ocho escoltas municipales por su probable responsabilidad en homicidio calificado. La Fiscalía de Michoacán detectó inconsistencias en sus declaraciones y concluyó que incumplieron su obligación de proteger al presidente municipal.

El octavo integrante, José Manuel Jiménez Miranda, coronel retirado y jefe del equipo de seguridad, escapó. La Fiscalía ofreció en junio una recompensa de 100 mil pesos por información que permita localizarlo. Hasta ahora continúa prófugo.

Las pesquisas también revelaron que la célula criminal recibía información desde el propio Ayuntamiento.

En enero fueron detenidos Samuel “N”, entonces director de Relaciones Públicas y Protocolo de Uruapan, y Josué Eulogio “N”, “El Viejito”, un taxista señalado como vendedor de drogas y vínculo con el grupo delictivo.

De acuerdo con los datos presentados durante la audiencia, Samuel compartió con “El Viejito” los horarios, movimientos y una fotografía de Manzo durante el Festival de las Velas. Esa información llegó después al grupo de mensajería encabezado por “El Licenciado”.

Según la declaración incorporada al expediente, el funcionario habría entregado la información a cambio de dos dosis de cocaína. El episodio fue reconstruido por Animal Político en el reportaje “Traiciones, drogas y crimen organizado”.

En los meses siguientes fueron detenidos Alejandro Baruc “N”, “El Kaos”; Alan “N”, señalado por ayudar en el traslado de varios participantes; Gerardo Rodríguez, “El Congo”, presunto operador de extorsiones contra productores de aguacate y limón, y otras personas vinculadas con la estructura.

También fueron capturados un exfuncionario de la Fiscalía Regional de Uruapan y un agente de la Guardia Civil acusados de filtrar información sobre investigaciones y órdenes de aprehensión a integrantes del CJNG.

La investigación ha dibujado así una estructura formada por sicarios, reclutadores, transportistas, funcionarios municipales, integrantes de corporaciones de seguridad y mandos criminales. Pero todavía no ha respondido completamente una de las preguntas centrales: cuál fue el móvil del asesinato y si detrás de la orden criminal existieron otros intereses.

La denuncia contra políticos de Morena

Desde las primeras semanas posteriores al crimen, Grecia Quiroz exigió que la investigación no se limitara al tirador ni a la célula vinculada con el CJNG.

La actual alcaldesa de Uruapan señaló públicamente al diputado federal y exgobernador Leonel Godoy, al senador Raúl Morón y al exalcalde de Uruapan Ignacio Campos, todos vinculados con Morena.

“Carlos lo dijo muchas veces en sus transmisiones. Él los señaló específicamente. No es algo nuevo”, declaró Quiroz el 13 de noviembre, como se consignó en el recuento “Un mes sin Carlos Manzo”.

El 17 de febrero de 2026, la viuda de Manzo acudió a la Fiscalía de Michoacán y presentó una denuncia formal contra los tres políticos. Como elementos entregó videos de las transmisiones en las que su esposo los responsabilizaba de cualquier agresión que pudiera sufrir.

La fiscalía analizó los materiales para verificar que no hubieran sido alterados y posteriormente llamó a los políticos a declarar como testigos.

Raúl Morón rechazó cualquier relación con el homicidio. “No tenemos absolutamente nada que ver con ese hecho tan lamentable”, respondió tras la denuncia. Leonel Godoy también negó las acusaciones, sostuvo que su relación con Manzo era únicamente de adversarios políticos y calificó los señalamientos como una estrategia electoral. Ignacio Campos ha negado igualmente cualquier participación.

Hasta ahora no se ha informado públicamente de evidencias judiciales que los relacionen con la célula criminal ni de imputaciones en su contra. Sin embargo, para Grecia Quiroz, la detención del “R1” no debe utilizarse para clausurar esa línea.

La captura esclarece, según la versión oficial, quién habría transmitido la orden dentro de la estructura criminal. Pero todavía falta establecer por qué se dio esa orden, si respondió únicamente a los operativos de Manzo contra el CJNG y si existió algún tipo de participación, protección o interés externo a la célula.

“La gente vive con miedo”

La noche del 5 de noviembre, cuatro días después del asesinato, el centro de Uruapan seguía lleno de flores, sombreros y cartulinas dedicadas a Manzo. En torno a la plaza todavía se escuchaban corridos y claxonazos de transportistas. Pero a solo unas cuadras de distancia, las calles estaban prácticamente vacías, los comercios cerrados y las pocas taquerías abiertas no tenían clientes.

Durante un recorrido de Animal Político, comerciantes, restauranteros y taxistas describieron una ciudad sometida por las extorsiones. Los entrevistados aseguraron que integrantes de los Caballeros Templarios, Los Viagras, Los Blancos de Troya y el CJNG cobraban cuotas por separado.

Un taxista resumió así la situación: “aquí no se vive a gusto ni tranquilo. La gente vive con miedo”.

Entre 2023 y septiembre de 2025 se registraron oficialmente 158 denuncias por extorsión en Uruapan. Pero comerciantes entrevistados para la crónica sobre el cobro de piso advirtieron que la cifra real era mucho mayor porque las víctimas temían denunciar ante una fiscalía en la que no confiaban.

Después del asesinato, el Ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal desplegaron retenes y operativos en la ciudad. Grecia Quiroz asumió la alcaldía rodeada de soldados, vehículos blindados y decenas de elementos de seguridad.

Para muchos habitantes, el apoyo había llegado demasiado tarde.

Durante una de las manifestaciones, una mujer que trabajaba como mesera en el centro de Uruapan dijo que el asesinato había dejado a la población con una pregunta inevitable: si un alcalde con escoltas pudo ser asesinado frente a cientos de personas, ¿qué podía esperar el resto de la ciudadanía?

Nueve meses después, la detención del “R1” representa el avance más importante para esclarecer quién ordenó el ataque. Pero permanecen abiertas la línea política, la búsqueda del jefe de escoltas y las dudas sobre la red de funcionarios que filtró información al crimen organizado.