Blanca Gámez solicita modificar requisitos para titularidad de la CEDH y exhorta al presidente de México para que atienda violaciones a derechos humanos En el marco del 72 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Blanca Gámez Gutiérrez, diputada presidenta del H. Congreso del Estado, solicitó reformar la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos e hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que respete las leyes y construya políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las y los mexicanos.
La diputada propuso que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tenga competencia para conocer de quejas que involucren no solo a las autoridades sino a personas servidoras públicas; además de que busca modificar la Ley Estatal de los Derechos Humanos para eliminar como requisito para presidir la titularidad del organismo estatal el que se cuente con la nacionalidad mexicana por considerar esta medida discriminatoria.
La presidenta del Congreso externó su preocupación por las reiteradas violaciones que se cometen en materia de migración, en el sistema de justicia, ataques a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos, entre ellas, torturas, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, feminicidios, trata de personas y discriminación, muchos de estos cometidos por servidoras y servidores públicos.
“De enero a septiembre de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó 22 mil 706 expedientes con un total de 449 mil 273 personas agraviadas”, dijo.
Aunado a lo anterior, Gámez recalcó las implicaciones negativas que tendrá la desaparición de 109 fideicomisos, en particular el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se destinaba a implementar medidas para su protección y la de las personas defensoras de derechos humanos, además de la extinción del Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas.
En este sentido, Blanca Gámez dio a conocer que durante el primer año de la administración federal, según cifras del propio gobierno, al menos 23 personas defensoras, 15 periodistas y personal que trabaja en medios de comunicación han sido asesinados, por lo cual aprovechó esta emblemática fecha para reclamar al presidente de México que el respeto por los derechos humanos no sea una prioridad para su gobierno.
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